La exministra de Salud, Carolina Corcho, se ha convertido en un personaje controversial. Su gestión al frente del Ministerio estuvo marcada por la polémica, y su reciente iniciativa de una «red ciudadana solidaria» para acceder a medicamentos y citas médicas no ha hecho más que alimentar las dudas sobre sus intenciones.

Mientras Corcho asegura que su objetivo es ayudar a quienes enfrentan dificultades para acceder a la salud, la Superintendencia de Salud ha salido al paso desmintiendo su iniciativa y recordando que los únicos canales oficiales son los que ellos mismos ofrecen. La entidad ha sido enfática en recalcar que los trámites no requieren intermediarios ni pagos, y que la ciudadanía no debe realizar ningún pago por los servicios ofrecidos.

¿Qué busca Corcho con esta red ciudadana? ¿Es realmente una iniciativa solidaria o un intento de generar una base de apoyo que le permita mantener su influencia política?

La exministra se ha defendido argumentando que la ayuda a pacientes es una práctica común entre defensores de derechos humanos. Sin embargo, la creación de una red paralela a los canales oficiales de la Supersalud genera dudas sobre su transparencia y sobre su verdadera intención.

La Superintendencia ha sido clara: no existe la necesidad de un sistema paralelo. Ellos ya cuentan con mecanismos para atender las necesidades de la ciudadanía.

Esta situación pone de manifiesto una problemática recurrente en la política colombiana: el uso de iniciativas populares como herramienta para generar capital político. En lugar de fortalecer las instituciones existentes, algunos actores prefieren crear redes alternativas, lo que genera confusión y socava la confianza en los canales oficiales.

Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada y exija transparencia a los actores políticos. Es responsabilidad de todos velar por el buen funcionamiento de las instituciones y evitar la proliferación de iniciativas que, en vez de solucionar problemas, los complican aún más.

La “red ciudadana solidaria” de Corcho es un ejemplo claro de esta problemática. Es necesario que la exministra explique con mayor detalle su iniciativa y que se demuestre la viabilidad de un sistema que no depende de los canales oficiales.

La salud es un derecho fundamental, y la ciudadanía merece un sistema transparente y eficiente. No podemos permitir que las ambiciones políticas se interpongan en el camino de la salud de los colombianos.