En medio de la peor escalada violenta que ha sacudido al Valle del Cauca y sus regiones vecinas en lo corrido del año, la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez fue sede de un consejo de seguridad de alto nivel, en el que coincidieron el presidente Gustavo Petro, ministros, gobernadores, alcaldes y la cúpula militar y policial. El saldo de los recientes ataques —más de 70 heridos, dos muertos en Cali, múltiples atentados con explosivos y un sentimiento de zozobra que se adueñó de Jamundí, Cauca y el sur del Valle— obligó al Estado a moverse. La pregunta es si lo acordado será suficiente… y si esta vez se cumplirá.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, coincidieron en una verdad cruda: los tentáculos del crimen organizado no reconocen fronteras políticas ni administrativas. Lo que afecta a Jamundí impacta a Cali. Lo que pasa en Suárez o Timba repercute en todo el suroccidente. No es una percepción. Es una realidad que se mide en vidas perdidas, miedo colectivo y economías estancadas.

Por eso, entre los acuerdos más importantes destaca la creación de un bloque de búsqueda permanente en Cali, similar al que operó en los años más duros contra el narcotráfico. Unidades especializadas en inteligencia, investigación criminal y operaciones urbanas trabajarán junto a la Fiscalía y el Ejército para desmantelar estructuras como las disidencias ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’. Una apuesta ambiciosa, que, de ejecutarse con contundencia y sin titubeos, podría marcar un punto de quiebre.

En paralelo, se anunció el fortalecimiento de 12 corredores antiterroristas, algunos de los cuales ya comenzaron a operar con el arribo de nuevos agentes de Policía y oficiales de alto rango. Estos corredores buscan blindar las rutas clave utilizadas por grupos armados para mover explosivos y armas, y con ello evitar ataques como los que hemos visto en los últimos días.

Pero lo que más llama la atención —y genera un atisbo de esperanza— es el compromiso por parte del Gobierno Nacional de sentarse, por primera vez, a hablar en serio de sustitución de cultivos ilícitos e inversión social en la zona rural de Jamundí. Durante años, esta conversación se postergó o se diluyó en promesas vacías. Esta vez, con voluntad política y recursos de la Nación y del departamento, podría sembrarse una alternativa real a la economía de la coca que alimenta la violencia.

El mensaje de la gobernadora Toro fue claro: “No nos podemos doblegar ante los delincuentes”. Pero también advirtió que el enfoque no puede ser exclusivamente militar. El abandono institucional ha sido uno de los mejores aliados del crimen. Por eso, la presencia del Estado debe traducirse en escuelas, salud, vías, empleo y cultura, no solo en uniformes y operativos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la estrategia ‘Coraza’ se activará de manera contundente en el suroccidente del país, con el objetivo de recuperar el control territorial. Es una medida que llega tarde, pero aún puede tener impacto si se sostiene con resultados visibles y coordinación interinstitucional.

Se pactó, además, una nueva reunión en un mes para evaluar avances. Ese seguimiento es fundamental para evitar que este consejo de seguridad se convierta en otro acto protocolario con declaraciones altisonantes y pocos cambios reales.

Las comunidades de Cali, Jamundí, Suárez, Timba y todo el Valle no necesitan discursos. Necesitan garantías de vida, desarrollo y paz. Esta columna no es un aplauso. Es una alerta: las soluciones ya están sobre la mesa. Lo que falta es cumplirlas, con firmeza y sin dilaciones.