Había una promesa. No una promesa cualquiera: era la promesa fundacional del proyecto político que sacudió al establecimiento colombiano en 2022. Prometían desmantelar el Estado clientelista, desalojar a las maquinarias del reparto burocrático, devolverles a las instituciones públicas su vocación de servicio. El SENA —ese gigante de la formación técnica que toca la vida de millones de colombianos— sería, por supuesto, un emblema del nuevo trato. Cuatro años después, el emblema permanece, pero el nuevo trato es indistinguible del viejo.

El caso de Wilson Arias es quizás el más revelador, porque condensa en una sola trayectoria toda la hipocresía de la transición. Arias construyó su capital político desde SINDESENA, el sindicato de trabajadores de la entidad, agitando con legítima energía la bandera de la independencia obrera frente al poder patronal. La narrativa era impecable: el líder sindical como dique contra la cooptación estatal. Hoy, ese mismo sindicato ha delineado una «hoja de ruta» de apoyo explícito al Pacto Histórico, y Arias —ahora senador, ahora parte del poder que antes denunciaba— observa el espectáculo en silencio o lo bendice con eufemismos de «defensa del proyecto popular».

Habría que preguntarle al senador Arias cuándo, exactamente, la línea entre la autonomía sindical y el brazo electoral del Ejecutivo se volvió tan difusa que ya ni él mismo puede trazarla. La respuesta, desgraciadamente, la conocemos todos: esa línea se borró el día en que el sindicato dejó de ser contrapeso y se convirtió en correa de transmisión. No es un fenómeno nuevo en la política colombiana. Lo nuevo es que lo protagonicen quienes tenían el discurso más encendido contra esa práctica.

Duvalier Sánchez completa el díptico. Representante a la Cámara que llegó denunciando a los clanes tradicionales del Valle —a los Dilian Francisca, a los Tulio Gómez, a toda la constelación de familias que han repartido el departamento como feudo hereditario— hoy avanza hacia el Senado con el viento a favor. Desde los palcos mediáticos, el salto se presenta como el triunfo del nuevo liderazgo digital, del político que conecta con la ciudadanía vía redes sociales. Puede ser. Pero en los pasillos de Cali nadie se deja engañar: el ascenso de Sánchez tiene motores que no aparecen en ningún video de TikTok.

Una maquinaria regional, aceitada con precisión burocrática, ha encontrado en las regionales de las entidades del Estado la moneda de cambio que siempre existió, solo que ahora circula con nuevas efigies. Las prebendas son las mismas: cargos, contratos, movimientos de nómina. El lenguaje que las envuelve es diferente: «fortalecimiento del Estado popular», «recuperación del territorio para el pueblo». Cambia el vocabulario; persiste la lógica del intercambio.

Detrás de los movimientos de nómina y las purgas de personal «no alineado» en el SENA Valle, hay una víctima concreta que el debate político tiende a olvidar: el joven de 19 años en Buenaventura, en Tuluá, en Palmira, que necesita esa formación técnica para no seguirle apostando a la economía informal o, peor, a las economías ilegales que rodean su barrio. Cuando los cupos de contratación —como los que el caso de David Racero sacó a la luz en otras dependencias— se convierten en moneda de lealtad política, el costo no lo paga el senador ni el director regional. Lo paga ese joven. Lo paga el instructor que no recibe su contrato porque no tiene el carné correcto. Lo paga la instructora cuya hoja de vida es impecable pero cuya afinidad política es incorrecta.

Eso no es «profundizar el cambio». Eso es reproducir exactamente el daño que el cambio prometió reparar, con la agravante de hacerlo mientras se invoca la dignidad de los más vulnerables. La instrumentalización del discurso de los oprimidos para sostener prácticas de los opresores no es solo hipocresía política: es una forma de corrupción simbólica que resulta, a la larga, más corrosiva que la corrupción económica, porque destruye la credibilidad de las palabras mismas.

¿Por qué el petrismo en el Valle no ha pagado todavía el costo político de esta contradicción?

La respuesta tiene dos partes.

Primera: la oposición tradicional, manchada hasta el cuello por décadas de las mismas prácticas, carece de autoridad moral para señalar. Segunda, y más preocupante: una parte del electorado que apoyó el cambio ha desarrollado una tolerancia selectiva frente a los vicios de su propio bando, el mismo sesgo que siempre criticó en los seguidores del establecimiento. El «pero los otros eran peores» es el refugio favorito de quienes ya no pueden defender lo propio con argumentos.

Colombia no necesita que el clientelismo cambie de color. Necesita que quienes llegaron prometiendo acabarlo tengan la honestidad de reconocer cuándo están reproduciéndolo. Esa honestidad, hoy por hoy, brilla por su ausencia en los pasillos del SENA Valle, en los despachos de los senadores que lo custodian y en el proyecto político que los ampara.