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Escándalo del “Fruver” acorrala a David Racero: Consejo de Estado definirá si pierde su investidura.
El representante a la Cámara David Racero, una de las figuras más visibles del Pacto Histórico, enfrenta el tramo decisivo del proceso que podría costarle su curul en el Congreso e, incluso, abrirle las puertas de la cárcel.
El Consejo de Estado citó para el próximo 8 de octubre a una audiencia pública de alegatos finales dentro del juicio de pérdida de investidura que se adelanta en su contra por presuntos nombramientos irregulares en el Sena.
La diligencia, que se realizará de forma virtual, estará a cargo de la Sala Diecinueve Especial de Decisión y contará con la presencia de las partes interesadas.
Los señalamientos
Las acusaciones que pesan sobre Racero están relacionadas con supuestas maniobras clientelistas para ubicar a personas de su círculo cercano dentro de la entidad, a través de concursos que habrían sido diseñados de manera engañosa.
El Ministerio Público abrió una indagación disciplinaria por los hechos, mientras que el Consejo de Estado tramita tres procesos de pérdida de investidura en su contra.
Sin embargo, la situación se complicó aún más luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abriera investigación formal por el delito de concusión.
Un esquema de cobros y favores
De acuerdo con las pesquisas, algunos miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero habrían estado obligados a pagar gastos personales del congresista: desde facturas de tarjeta de crédito y compromisos familiares, hasta compras de mercado para su casa.
La hipótesis de la Corte es que el representante se quedaba con parte de los ingresos de sus subordinados. Racero, por su parte, ha intentado justificar estos movimientos como préstamos mutuos entre él y sus asesores, pero los registros bancarios no respaldan esa versión.
El caso del “Fruver”
Uno de los puntos más delicados es la presunta utilización de recursos públicos para mantener un negocio privado: el Fruver ‘La Cosecha del Campo’, ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá.
Testimonios y documentos señalan que John Leonardo García, asistente y conductor de Racero, fue asignado para trabajar en este negocio particular mientras recibía un salario pagado con fondos del Congreso.
García, citado como testigo en el Consejo de Estado, negó bajo juramento que el congresista tuviera relación con el establecimiento. Sin embargo, pruebas documentales —como contratos de arrendamiento, mensajes de WhatsApp y notas de voz— lo contradicen.
En esas comunicaciones, Racero le da instrucciones directas sobre la operación del negocio e incluso le promete un “bono de reconocimiento” con recursos oficiales.
La situación llevó a que García quedara ahora bajo la lupa por falso testimonio y fraude procesal, delitos que contemplan penas de hasta 12 años de cárcel.
¿Qué viene ahora?
La audiencia de alegatos del próximo 8 de octubre marcará el cierre de este proceso en el Consejo de Estado. Allí, tanto la defensa de Racero como los demandantes presentarán sus últimas posturas antes del fallo.
De confirmarse la pérdida de investidura, Racero sufriría lo que en el argot político se denomina la “muerte política”: quedaría inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular.
Pero el panorama podría ser aún más crítico. La investigación penal en la Corte Suprema por concusión y la posible imputación de cargos abren la puerta a que el congresista, que hasta hace poco aspiraba a dar el salto al Senado, termine enfrentando una condena de prisión.
El caso de David Racero es ahora una de las pruebas más sensibles para la justicia, que deberá determinar si detrás de su discurso de renovación política se escondía una práctica recurrente de abusos de poder y aprovechamiento de los recursos públicos.
