Balotaje definitivo: Las tres razones por las que De la Espriella amplía su ventaja
junio 13, 2026
Las comunidades del Eje Cafetero bloquearon vías por una promesa que nunca existió: la traición de Petro a sus propios manifestantes
junio 16, 2026
214.000 millones de pesos que se los tragó la tierra: el escándalo de los aeropuertos prometidos que nunca llegaron
Hay una Colombia que no aparece en los discursos de campaña. Una Colombia sin carreteras, sin hospitales cerca, sin señal de celular. Una Colombia donde el único hilo que conecta a sus habitantes con el resto del país es una pista de aterrizaje. Bahía Solano, Magüí Payán, Cumaribo, La Primavera. Nombres que la mayoría de bogotanos no saben ubicar en el mapa, pero donde viven cerca de 122.000 colombianos para quienes un avión no es un lujo: es la única manera de salir.
A esos colombianos, este gobierno les prometió un milagro. Y les entregó una vergüenza.
La promesa y la realidad: un abismo de 57 puntos porcentuales
El proyecto de modernización de los Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales —los llamados Asaes— nació con una fecha de entrega: mayo de 2025. Con un presupuesto: 363.763 millones de pesos. Y con una promesa presidencial firmada en agosto del año pasado en Bahía Solano, donde Gustavo Petro decidió que el Ejército construiría las obras para que «los contratistas civiles no las dejaran tiradas».
Hoy estamos en junio de 2026. Y esto es lo que hay:
Cumaribo: 18,4% de avance. La Primavera: 15,3%. Bahía Solano: 5,5%. Magüí Payán: 0%. Cero. Ni un ladrillo.
Mientras tanto, la Aerocivil ya desembolsó 214.000 millones de pesos. El 60% del presupuesto total. Gastado. Ejecutado. Entregado. Y no se ve en ninguna pista, en ninguna terminal, en ningún hangar.
La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es devastadoramente simple: ¿dónde está ese dinero?
Enterritorio: el nuevo Fonade con otro nombre
Para entender este desastre hay que conocer a su protagonista principal: Enterritorio, la empresa financiera adscrita al Ministerio de Hacienda que reemplazó al cuestionado Fonade y que, mediante un convenio interadministrativo, recibió la gerencia integral del megaproyecto.
La figura del convenio interadministrativo es vieja conocida en Colombia. Permite contratar a dedo con una entidad estatal, evitando la licitación pública y la selección del mejor proponente. En teoría, garantiza agilidad. En la práctica, frecuentemente garantiza impunidad.
Enterritorio recibió el 50% del valor del contrato —181.000 millones de pesos— el 11 de marzo de 2024. Desde ese día, según las actas del Comité Técnico-operativo del proyecto, comenzó a fallar. En materiales. En logística. En cronogramas. En transparencia.
El 22 de noviembre de 2025, cuando ya se había ejecutado el 55% de los recursos, el ingeniero Andrés Arboleda, secretario de Servicios Aeroportuarios de la Aerocivil, expresó formalmente su preocupación: el avance en obra era de apenas el 3%. Tres por ciento. Con más de la mitad del presupuesto ya gastado.
Eso no es ineficiencia. Eso tiene otro nombre.
El catálogo del desvergüenza: estacas a 38 veces su precio
Los documentos obtenidos por Caracol Radio son una enciclopedia del descaro. Los operadores contratados por Enterritorio pretendían cobrar cifras que desafían cualquier lógica de mercado:
Una estaca de madera: de 1.000 pesos pasó a 38.000. Treinta y ocho veces su valor.
Una canastilla para pavimento: de 107.000 pesos a 900.000. Ocho veces más cara.
Una cortadora de pavimento que vale 7 millones en el mercado: la querían cobrar a 26 millones.
Solo en el aeródromo de Bahía Solano, los sobrecostos detectados ascendieron a 22.000 millones de pesos. Y eso es solo lo que la Aerocivil pudo detectar, porque Enterritorio se negó reiteradamente a entregar la composición detallada de sus costos, argumentando que sus contratistas «no están en la obligación de detallar sus costos».
En un proyecto financiado con dinero público. Con plata de todos los colombianos. La empresa gestora dice que sus contratistas no tienen que explicar en qué gastan los recursos. Y la Aerocivil, en lugar de poner la denuncia, siguió firmando prórrogas.
La cuota de intermediación: el cobro que nadie autorizó
Pero hay algo peor que los sobrecostos. Hay un cobro que descubrieron en junio de 2024 y que, dos años después, sigue sin explicación satisfactoria.
Enterritorio ha estado pagando una cuota de intermediación del 4,9% más IVA a contratistas privados. Un pago que no estaba en el contrato. Que no fue aprobado por el Comité Técnico-operativo. Que no tiene justificación contractual. Y que ya supera los 4.200 millones de pesos.
Cuatro mil doscientos millones de pesos entregados a terceros sin autorización, sin trazabilidad, sin claridad sobre a quién van a parar.
La Aerocivil lo descubrió. Lo reportó internamente. Pidió explicaciones. Y Enterritorio respondió con «justificaciones que han variado con el tiempo, generando inconsistencias en su argumentación», según los propios documentos de la autoridad aeronáutica.
Y aun así, la Aerocivil prorrogó el convenio cuatro veces. La última, en abril, extendiéndolo hasta el 15 de agosto.
La presidenta encargada y los contratistas «maravillosos»
Cuando Caracol Radio confrontó a Esmeralda Molina, presidenta encargada de Enterritorio, con toda esta evidencia, la respuesta fue memorable por sus razones equivocadas.
Molina admitió las demoras pero culpó a la «estructuración» del proyecto. Dijo que si su empresa hubiera manejado todo sin el Ejército, las cosas habrían funcionado mejor. Defendió a los contratistas y los calificó de «maravillosos». Descartó sanciones por incumplimiento.
Y cuando Caracol Radio pidió conocer el valor de los dineros girados a los distintos contratistas y el porcentaje de cumplimiento de cada uno, se negó. Razones de confidencialidad y seguridad, dijo.
Los recursos son públicos. El proyecto es público. La empresa es pública. Pero la información es confidencial.
El Ejército, la Aerocivil y el arte de no rendir cuentas
Enterritorio no es el único responsable, aunque sea el principal. El Ejército recomendó a Enterritorio para este proyecto y ha enviado al menos 15 oficios a la Aerocivil denunciando falencias en materiales, personal y permisos. Lo que no hizo fue paralizar las obras o escalar públicamente el problema.
La Aerocivil, por su parte, detectó irregularidades graves, las documentó con precisión quirúrgica en decenas de actas, y luego no hizo nada. No denunció ante la Fiscalía. No suspendió el convenio. No llamó a la Contraloría. Solo siguió prorrogando.
«Todo se está subsanando mediante los mecanismos de supervisión e interventoría», fue la explicación oficial. Con 214.000 millones gastados y un avance promedio inferior al 10%, eso no se llama subsanar. Se llama encubrir.
Las comunidades que siguen esperando
Mientras los funcionarios se cubren las espaldas con actas y los contratistas cobran cuotas de intermediación sin respaldo contractual, en Bahía Solano la comunidad sigue dependiendo de una pista que lleva años esperando su modernización. En Magüí Payán ni siquiera empezaron.
Estas no son estadísticas. Son personas. Son madres que necesitan llevar a sus hijos enfermos a un hospital de ciudad. Son maestros que llegaron a trabajar y no pueden salir. Son comunidades enteras cuya única salida al mundo es ese aeródromo que el gobierno prometió modernizar y que hoy sigue igual o peor que antes.
Gustavo Petro dijo que el Ejército haría las obras para que los contratistas civiles no las dejaran tiradas. Lo que no dijo es que el Estado terminaría siendo peor contratista que los privados que tanto criticó.
La herencia envenenada
Esmeralda Molina fue enfática: los plazos «seguramente se verán modificados nuevamente». Y remató con una frase que debería avergonzar a cualquier funcionario público: este gobierno no entregará ninguno de los aeródromos prometidos. Si todo sale bien, el primero estaría listo apenas en diciembre de este año.
En otras palabras, quien gane las elecciones el 21 de junio heredará este desastre. Heredará 214.000 millones de pesos gastados sin trazabilidad clara. Heredará cuatro aeródromos con menos del 20% de avance. Heredará comunidades traicionadas. Heredará un convenio interadministrativo viciado de irregularidades que nadie denunció formalmente.
Y heredará la tarea de explicarle a los 122.000 colombianos de la Colombia profunda por qué el Estado, una vez más, les prometió el cielo y les dejó el barro.
