Hay una diferencia fundamental entre una promesa y una mentira. La promesa se hace de buena fe, con la intención de cumplirla, aunque después los hechos la hagan imposible. La mentira se hace sabiendo de antemano que no se va a cumplir, pero calculando que el beneficio político de decirla supera el costo de la verdad.

Lo que ocurrió con los peajes del Eje Cafetero no parece una promesa. Parece lo segundo.

El anuncio que nadie había calculado

El 20 de mayo, en plena efervescencia preelectoral, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte anunciaron con bombos y platillos una propuesta que sonaba a milagro: los peajes de Autopistas del Café pasarían de $17.800 a $700 para los vehículos de categorías I y II. Una reducción del 96%. En un corredor vial que atiende 13 millones de vehículos al año y requiere $150.000 millones para su mantenimiento.

El anuncio llegó después de días de bloqueos de comunidades del Eje Cafetero que exigían tarifas más justas. Y llegó exactamente antes de la primera vuelta presidencial. Esa coincidencia no es inocente.

El senador caldense Guido Echeverri lo dijo sin rodeos: el Gobierno sabía que las medidas eran «jurídicamente discutibles, administrativamente arbitrarias y técnicamente impracticables». Las anunció de todas formas porque calculó que eran electoralmente rentables en una región históricamente conservadora que necesitaba conquistar.

En otras palabras: una promesa fabricada para ganar votos, no para resolver un problema.

El lapsus que lo reveló todo

Las mentiras tienen una debilidad estructural: en algún momento alguien dice la verdad sin querer. En este caso fue Luz María Múnera Medina, consejera presidencial para las Regiones, quien reconoció públicamente que la reducción de tarifas solo podría hacerse efectiva cuando finalice la concesión actual de Autopistas del Café. En febrero de 2027.

Es decir: después de que termine este gobierno. Después de las elecciones del 21 de junio. Después de que quien sea que gane herede el problema.

La declaración fue tan reveladora que la propia Consejería tuvo que salir a ofrecer excusas y aclarar que el Ministerio de Transporte sería el encargado de explicar «el estado del proceso». Traducción: el vocero dijo la verdad y hubo que apagarlo.

Los $21.000 millones que no alcanzan para nada

Ante el escándalo, el Gobierno reaccionó con el argumento de que sí hay recursos: $21.000 millones en el patrimonio autónomo de la ANI para compensar el menor recaudo hasta febrero de 2027.

El representante Octavio Cardona hizo la matemática que el Gobierno prefirió no hacer públicamente: dependiendo del número de beneficiarios, esos recursos podrían agotarse en uno o dos meses. Y además, ese dinero no es libre: son reservas de la concesión destinadas a obras y contingencias específicas como la construcción de puentes, intersecciones y dobles calzadas.

Usar esa plata para subsidiar tarifas es como usar los ahorros para emergencias médicas en pagar una fiesta. Se puede hacer. Pero tiene consecuencias.

Y hay otro detalle que el Gobierno omitió mencionar: el beneficio no sería para todos los conductores del corredor. Sería para un número limitado de personas mediante cupos asignados a municipios específicos. Las comunidades que bloquearon las vías creyendo que iban a pagar $700 en cualquier peaje podrían descubrir que el descuento no aplica para ellas.

La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder

El representante Cardona formuló una pregunta que merece resonar en todo el país: si fuera posible operar una concesión vial con peajes de apenas $700, ¿por qué no se hace lo mismo en todas las carreteras de Colombia donde las tarifas superan los $20.000?

La respuesta es obvia para cualquiera que entienda mínimamente cómo funciona la infraestructura vial: no se puede. Una concesión no es una obra de caridad. Es un contrato en el que un privado invierte durante décadas con la expectativa de recuperar su inversión más una ganancia razonable a través del recaudo de peajes. Reducir las tarifas al 4% del valor original sin una fuente alternativa de financiación no es una política social. Es una quiebra anunciada.

El corredor Manizales-Pereira necesita $150.000 millones anuales solo para mantenimiento. Tiene pendientes inversiones adicionales en dobles calzadas, retornos e infraestructura de acceso. Pretender que puede sostenerse con $700 por vehículo es, en el mejor de los casos, una ignorancia imperdonable. En el peor, una mentira consciente.

Las comunidades merecen soluciones reales

Nada de lo anterior significa que las comunidades del Eje Cafetero estaban equivocadas al protestar. Las tarifas de los peajes en Colombia son un problema real, documentado y legítimo. En muchos corredores viales del país, los usuarios sienten que pagan demasiado por carreteras que no están en las condiciones prometidas. Ese reclamo es válido y merece respuestas serias.

Pero las respuestas serias no se construyen con anuncios electorales que se desmoronan en cuanto alguien hace una cuenta básica. Se construyen con propuestas técnicamente viables como las que planteó el propio Cardona: revisar la continuidad de algunas casetas, hacer reducciones moderadas y sostenibles, o financiar obras futuras con recursos públicos en lugar de cargarlas sobre los usuarios.

Eso requiere trabajo, negociación y voluntad política real. No un trino presidencial y un anuncio de prensa a dos semanas de las elecciones.

El costo de las promesas imposibles

El gobierno Petro termina como empezó: con grandes anuncios que no resisten el análisis. La diferencia es que ya no queda tiempo para corregir el rumbo. El 21 de junio llega, y con él, la rendición de cuentas.

Las comunidades del Eje Cafetero que creyeron en la promesa de los $700 por peaje van a descubrir, tarde o temprano, que esa cifra nunca fue real. Que fue un número puesto sobre una mesa de negociación sin calcular si había dinero detrás. Que la consejera presidencial dijo la verdad sin querer: esto no se puede hacer ahora, y quizás nunca.

Y el próximo gobierno, sea quien sea, heredará un problema doble: las comunidades que exigen el cumplimiento de una promesa imposible, y un corredor vial que necesita inversiones que nadie quiere financiar con las tarifas reales.

Así termina el gobierno del cambio en el Eje Cafetero: con una promesa de $700 que nadie sabe cómo pagar, una consejera que dijo la verdad y tuvo que retractarse, y unas comunidades que siguen esperando soluciones reales en una carretera que el discurso político convirtió en campo de batalla electoral.