En los últimos días, el panorama político colombiano ha sido escenario de un tenso cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que comenzó como una investigación administrativa sobre los gastos de la campaña presidencial de 2022 ha derivado en una narrativa más alarmante: Petro ha denunciado un supuesto «golpe de estado» en marcha. Sin embargo, el CNE ha sido claro: el fuero presidencial no está en juego y su labor se ajusta estrictamente a la Constitución.

Ante esto, surgen dos preguntas clave: ¿existe realmente una amenaza contra la estabilidad democrática o es parte de una estrategia política calculada para posicionarse como víctima de una conspiración?

Por un lado, el CNE tiene la obligación de investigar cualquier irregularidad en las campañas políticas. Esto es parte esencial de una democracia funcional. No hay nada antidemocrático en ello. De hecho, el organismo ha reiterado que la investigación no afecta el fuero del presidente, y cualquier sugerencia contraria, según sus palabras, «desconoce nuestro ordenamiento jurídico».

Sin embargo, Petro ha elevado el tono. Ha insinuado que los magistrados del CNE están orquestando un golpe en su contra e incluso ha lanzado acusaciones graves, sugiriendo que buscan asesinarlo. Esta retórica no es menor. Al recurrir a una narrativa de conspiración, Petro está creando un clima de confrontación que polariza aún más al país.

Los líderes políticos, especialmente en América Latina, han recurrido históricamente a la victimización como herramienta para consolidar su base de apoyo, desviar la atención de problemas internos y deslegitimar críticas. Petro no es el primero en hacerlo, pero su insistencia en hablar de un golpe de estado —cuando lo que enfrenta es una investigación administrativa— resulta preocupante.

¿Es esta retórica del golpe una cortina de humo? Recordemos que la semana pasada se reveló que la campaña de Petro en 2022 violó los topes de gasto. De confirmarse, sería una falta grave. En lugar de afrontar el proceso judicial con pruebas y argumentos, el presidente ha optado por el discurso de la conspiración, lo que tiene serias consecuencias. Al poner en duda la legitimidad de una institución como el CNE, se corre el riesgo de socavar la confianza pública en el sistema democrático.

Además, la estabilidad institucional de Colombia está en juego. La narrativa de Petro no solo tensiona la relación entre el Ejecutivo y los órganos de control, sino que también alimenta un ambiente en el que la ciudadanía podría desconfiar de decisiones judiciales y administrativas. Esto podría debilitar a largo plazo el funcionamiento de la democracia y profundizar la polarización política.

Ahora bien, es cierto que Petro ha sido un líder que desafía a las élites tradicionales y propone un cambio estructural. Este tipo de liderazgo genera resistencias, lo que no descarta que haya sectores interesados en limitar su poder. Sin embargo, equiparar una investigación administrativa con un golpe de estado resulta exagerado y contribuye a escalar las tensiones.

El CNE, por su parte, debe asegurar que la investigación sea transparente e imparcial. Si se confirman irregularidades, las sanciones deberán aplicarse conforme a la ley, sin que ninguna de las partes utilice el caso como arma política.

Para Petro, el desafío es claro: demostrar que respeta el juego democrático, incluyendo las investigaciones de los organismos de control. Si en lugar de ello sigue apostando por la victimización y la polarización, podría estar debilitando la legitimidad de las instituciones, incluida la presidencia.

Convocar a una asamblea popular para detener un «golpe» que no existe no es solo un acto simbólico, es una muestra de que Petro está dispuesto a tensionar al máximo el sistema democrático, poniendo en riesgo la estabilidad institucional.

La democracia colombiana se enfrenta a una prueba crucial, y tanto el presidente como el CNE deberán actuar con responsabilidad y mesura.