Hay decisiones que no requieren explicación técnica para generar sospecha. Basta con mirar los números. En solo 28 días —entre el 1 y el 28 de enero de 2026— el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó más de 85.000 contratos de prestación de servicios por $5,1 billones, justo en la antesala de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. El dato, por sí solo, es demoledor.

No se trata de una contratación ordinaria ni de un comportamiento administrativo habitual. Hablamos de un incremento del 183 % frente al mismo mes del año anterior y de un ritmo cercano a 3.100 contratos diarios, cifras que no solo prenden las alarmas fiscales, sino también las políticas. La pregunta no es si era legal contratar antes de que rigiera la Ley de Garantías —porque lo era—, sino por qué se hizo de forma tan masiva, tan acelerada y tan concentrada en el tiempo.

El contraste con el discurso oficial resulta imposible de ignorar. Mientras el Gobierno insiste en una narrativa de austeridad, crisis fiscal y falta de recursos, las cifras muestran que, para la burocracia, la crisis no existe. O al menos no aplica. En un país al que se le pide apretarse el cinturón, el Estado parece haberlo aflojado justo cuando más debía contenerse.

Más preocupante aún es el contexto. Colombia entra en un año electoral, y la Ley de Garantías no es un capricho normativo: es un dique de contención diseñado precisamente para evitar que los recursos públicos se conviertan en combustible político. Por eso, aunque la contratación no sea ilegal, sí es profundamente inconveniente, y alimenta la percepción de que los contratos de prestación de servicios siguen siendo una de las herramientas más eficaces para construir lealtades, silencios y favores.

Las denuncias no vienen de una sola orilla. A lo largo de la administración Petro, la contratación por servicios habría aumentado en cerca de 7.000 cargos, con un costo acumulado de $19,3 billones en tres años y medio. Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale a casi la mitad de lo que el propio Gobierno pretendía recaudar con su reforma tributaria. Es decir, mientras se pedían más impuestos a los ciudadanos, el gasto por esta vía crecía sin freno.

El silencio oficial agrava el problema. Hasta ahora no hay explicaciones detalladas sobre los criterios, controles ni urgencias que justificaran esta avalancha contractual. Tampoco se ha aclarado cómo se blindaron estos procesos frente a posibles usos indebidos en plena antesala electoral. Cuando no hay respuestas, la sospecha se convierte en ruido político… y el ruido, en desconfianza institucional.

Este episodio no es solo una discusión sobre cifras o trámites administrativos. Es una señal de alerta sobre la coherencia entre el discurso y la práctica, sobre el uso del Estado en tiempos electorales y sobre una vieja costumbre de la política colombiana que ningún gobierno —ni siquiera los que prometieron el cambio— ha logrado erradicar: la contratación como moneda de poder.

Porque al final, más allá de la legalidad, queda una certeza incómoda: cuando los contratos se disparan justo antes de que se cierren las compuertas, la pregunta no es si se podía hacer, sino para qué se hizo.