El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta hoy una de sus mayores contradicciones: una reforma que prometía equidad terminó golpeando con fuerza el bolsillo de miles de colombianos.

El catastro multipropósito, presentado como una herramienta para corregir décadas de injusticia en la tenencia de la tierra, se convirtió en el detonante de protestas, bloqueos y una creciente irritación social. Y aunque el Ejecutivo insiste en que “no engañen al pueblo”, lo cierto es que la realidad en las regiones cuenta otra historia.

El discurso oficial vs la factura real

Petro ha sido enfático en trasladar la responsabilidad a alcaldes y concejos municipales, asegurando que ellos son quienes fijan el impuesto predial.

Formalmente tiene razón.
Políticamente, no tanto.

Porque fue el Gobierno, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el que disparó la base del problema: avalúos que en muchos casos aumentaron de manera abrupta tras décadas sin actualización.

El resultado es evidente: recibos que en algunos municipios se duplicaron —o más— sin que el ciudadano entienda por qué.

Y en política, cuando la gente no entiende… castiga.

Una reforma necesaria… ejecutada sin control político

Nadie discute que actualizar el catastro era necesario. Era una deuda histórica del Estado, incluso contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016.

Pero lo que sí está en discusión es la forma.

El Gobierno lanzó una reforma estructural sin la suficiente pedagogía, sin blindajes efectivos frente a aumentos desproporcionados y, sobre todo, sin medir el impacto político en los territorios.

El resultado: caos, desinformación y una narrativa oficial que hoy suena desconectada de la realidad.

Cuando el paro incomoda… llega la presión

Las protestas en Santander marcaron un punto de quiebre. Los bloqueos dejaron de ser un reclamo local para convertirse en un problema de orden público.

Y ahí cambió el tono del Gobierno.

Las declaraciones de Petro en consejo de ministros no solo evidenciaron incomodidad, sino que abrieron la puerta a un escenario más preocupante: la posibilidad de tomar medidas contra autoridades locales.

Algunos sectores ya interpretan sus palabras como una advertencia sobre eventuales sanciones o incluso destituciones de alcaldes.

Un giro delicado.
Porque pasar de la pedagogía a la presión institucional es, en sí mismo, un reconocimiento de que la estrategia falló.

El Gobierno no puede lavarse las manos

Intentar trasladar toda la responsabilidad a los municipios es, en el mejor de los casos, una verdad a medias.

Sí, los alcaldes cobran.
Pero fue el Gobierno el que redefinió el valor de la tierra.

Y cuando se altera la base del sistema, se altera todo.

El ciudadano no distingue entre IGAC, alcaldía o decreto:
solo sabe que está pagando más.

Y en política, esa percepción es la que manda.

El costo real: credibilidad

Más allá del predial, lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno.

Una reforma que buscaba justicia tributaria hoy es vista por muchos como un golpe económico.
Una política técnica terminó convertida en crisis política.

Y un Gobierno que prometía estar del lado de la gente enfrenta ahora protestas de esa misma gente.

Conclusión: una reforma correcta… políticamente fallida

El catastro multipropósito no es el problema.
El problema fue cómo se implementó.

Sin transición clara.
Sin control del impacto.
Y ahora, con un discurso que intenta repartir culpas.

El resultado está a la vista:
protestas en las calles, tensiones institucionales y un Gobierno que, en lugar de contener la crisis, parece escalarla.

Porque cuando una reforma termina en bloqueos…
y la respuesta es hablar de destituciones,

lo que queda claro es que el problema ya no es técnico.

Es político.