La discusión sobre la reforma agraria en el Valle del Cauca ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un punto crítico de tensión social, territorial y política. Lo que debería ser un proceso de justicia histórica está comenzando a percibirse, por sectores locales, como una política desarticulada que podría generar nuevos conflictos en lugar de resolver los existentes.

Las denuncias de campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento no son menores. Durante años han esperado acceso a la tierra, han ocupado predios, los han trabajado y convertido en espacios productivos, muchos de ellos bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales. Sin embargo, hoy sienten que están siendo relegados.

El reclamo central es claro: mientras comunidades locales siguen sin adjudicación efectiva, predios en territorio vallecaucano estarían siendo entregados a grupos provenientes de otros departamentos, particularmente del Cauca. Esta percepción de desigualdad en la asignación no solo genera inconformidad, sino que abre la puerta a tensiones interétnicas y territoriales innecesarias.

La situación se agrava por la aparente falta de articulación institucional. Desde el nivel departamental se ha señalado que la Agencia Nacional de Tierras estaría avanzando en procesos sin una coordinación efectiva con las instancias locales, como el Comité Departamental de Desarrollo Rural. Esto debilita la legitimidad del proceso y desconoce dinámicas territoriales clave.

La voz de liderazgos políticos como Norma Hurtado ha sido contundente: el Valle ha soportado históricamente el peso del conflicto, el narcotráfico y la violencia, y por tanto, las tierras recuperadas deben priorizar a sus propias comunidades. Su argumento no es menor: no se trata de oponerse a la reforma agraria, sino de exigir que se implemente con criterios de equidad territorial.

Pero el problema no termina en la adjudicación. Existe otra preocupación de fondo: la sostenibilidad. Entregar tierra sin proyectos productivos, acceso a agua, asistencia técnica o infraestructura básica es una fórmula para el fracaso. La reforma agraria no puede limitarse a repartir predios; debe garantizar condiciones reales para que esas tierras produzcan, generen ingresos y fortalezcan la seguridad alimentaria.

A esto se suma un factor que podría agravar aún más la situación: la actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El aumento en los avalúos amenaza con convertirse en una carga insostenible para pequeños propietarios y campesinos, quienes podrían verse obligados a abandonar sus tierras por no poder pagar impuestos. En la práctica, esto se traduce en una forma de desplazamiento indirecto.

Desde el Gobierno Nacional, la defensa es que la reforma agraria tiene un carácter regional y busca saldar deudas históricas con comunidades del suroccidente colombiano. Sin embargo, ese enfoque amplio no puede ignorar las realidades locales ni pasar por encima de quienes han habitado y trabajado estos territorios durante décadas.

El desafío es enorme: lograr una reforma agraria que sea justa, incluyente y sostenible. Pero para ello se requiere algo más que voluntad política en el discurso. Se necesita coordinación institucional real, respeto por los acuerdos territoriales y, sobre todo, un criterio claro de priorización que evite convertir una política de equidad en un nuevo foco de conflicto.

El Valle del Cauca no rechaza la reforma agraria. Lo que exige es algo más básico: no ser excluido de ella en su propio territorio.