Hay un patrón que ya no se puede seguir llamando coincidencia. Cada vez que se levanta una piedra del aparato de seguridad del Estado durante estos años de «paz total», debajo aparece siempre lo mismo: una llamada. Un mensaje informal, no una orden escrita; una insinuación, no una instrucción firmada. Primero fueron los audios de Danilo Rueda prometiéndole al Clan del Golfo el cese de operativos. Después, directores de inteligencia desayunando con un excapo del narcotráfico para pedirle favores políticos. Ahora, el general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, afirma que recibía llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, para frenar procedimientos policiales con el argumento de no afectar el proceso de paz. El libreto se repite con una insistencia que ya debería incomodar a cualquiera, sin importar de qué lado del espectro político esté parado.

Lo que se confirma y lo que se disputa

Hay que ser quirúrgicos aquí, porque no todo pesa igual. Sanabria sostiene que las llamadas de Sarabia eran reiteradas, que intervenía cuando se enteraba de operativos contra personas vinculadas a desórdenes públicos o actividades criminales, y que en varios casos el llamado llegaba incluso después de concluido el procedimiento, como un reproche más que como una orden preventiva. Sarabia, por su parte, reconoce un único episodio —una llamada por una protesta feminista que afectó el sistema de transporte de Bogotá— y niega de manera tajante haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales. Su defensa ya anunció que lo denunciará penalmente.

Seamos claros: la denuncia de Sanabria no está probada más allá de su propio testimonio, y eso importa. Pero la negación de Sarabia tampoco cierra el caso, porque deja sin explicación por qué, en su propia versión, terminó llamando ella —y no el ministro de Defensa, no el director de la Policía como autoridad operativa— para «preguntar» sobre el uso de la fuerza antidisturbios. Ese dato lo confirman ambas partes. No es un detalle menor: es el corazón del problema.

El problema no es la llamada, es la cadena de mando que la hizo posible

Una jefa de gabinete presidencial llamando directamente a la cúpula policial para opinar sobre un operativo no necesita ser una «instrucción» para funcionar como una. En una institución jerárquica como la Policía, la distancia entre una pregunta de Palacio y una orden es, en la práctica, casi inexistente. Nadie que reciba esa llamada la interpreta como curiosidad protocolaria: la interpreta como una señal de hasta dónde puede llegar, y de qué le va a costar si se pasa de la raya.

Y esa señal —repetida en el tiempo, según el relato de Sanabria— conecta con algo que esta misma columna ya documentó: cómo la «paz total» se convirtió en una excusa transversal para justificar la inacción de la fuerza pública, desde manifestantes hasta estructuras criminales como el Clan del Golfo. No son lo mismo, pero el libreto es idéntico: «no es el momento», «hay un proceso en curso», «no sigan con eso». La pregunta de fondo no es si Sarabia llamó por una causa o por veinte. Es por qué ese tipo de llamadas, según el testimonio de un exdirector de Policía, llegaron a sentirse como parte normal del funcionamiento del Gobierno.

Imparcialidad no es silencio

Ser imparcial en este caso no significa fingir que las dos versiones pesan lo mismo en todos sus puntos, ni tampoco significa darle por sentada la razón al general. Significa exigir el mismo rigor a ambos lados. A Sanabria, explicar por qué guardó silencio durante tres años y por qué decidió hablar justo ahora, en medio de un escándalo mayor sobre el Clan del Golfo que pone en evidencia un patrón de injerencia política sobre la fuerza pública. A Sarabia, explicar —más allá del comunicado jurídico— por qué, si su intervención fue «una pregunta y no una instrucción», esa pregunta llegó por su propio teléfono y no por los canales institucionales que existen precisamente para separar la política de la operación policial.

El proceso penal que viene determinará responsabilidades individuales, y ahí sí habrá que aceptar lo que digan las pruebas. Pero el país no necesita esperar un fallo judicial para hacerse la pregunta incómoda que ninguna de las dos versiones logra desmontar: durante estos años, ¿cuántas decisiones sobre el uso de la fuerza pública en Colombia se tomaron no en los despachos donde la institucionalidad dice que deben tomarse, sino en el otro lado de una llamada de Palacio?