Hay una imagen que, por sí sola, ya debería encender todas las alarmas: un contrato por 33.000 millones de pesos programado para adjudicarse un lunes festivo, a la medianoche. No un martes a las diez de la mañana, con funcionarios, prensa y veedores mirando. A medianoche, en un día en que medio país está pensando en el puente festivo y no en el Secop. Que la Procuraduría haya tenido que frenar en seco ese proceso apenas horas antes de su adjudicación no es un detalle administrativo: es la prueba de que, una vez más, alguien estuvo a punto de salirse con la suya por simple cansancio institucional.

Lo que dice el papel, no lo que dicen las versiones

A diferencia de otros escándalos donde todo queda en testimonios cruzados, aquí hay algo más sólido: un oficio firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa que documenta, con nombre propio, las irregularidades. La Fiduprevisora abrió un proceso para arrendar equipos de cómputo y portátiles por 36 meses, pero nunca publicó la metodología financiera ni el análisis de pluralidad de oferentes que sustentan ese gasto. Una veeduría y las mismas empresas que participaron señalaron que los indicadores financieros exigidos no corresponden con los resultados del estudio de mercado. Es decir: pedían cifras que el propio mercado no respaldaba.

Y hay más. El oficio de la Procuraduría detalla una maniobra que cualquiera que haya pasado por un proceso de contratación pública reconocerá de inmediato: se asignaron 40 puntos a la «experiencia específica adicional», el mismo requisito que ya se exigía como condición habilitante para poder participar. En español sencillo: les cobraban dos veces por lo mismo, inflando artificialmente la calificación de quien la entidad quisiera favorecer. La Procuraduría no usa eufemismos para describirlo: habla de una posible «transgresión a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad». Pocas veces un oficio preventivo es tan claro.

El escudo de siempre: «régimen especial»

Frente a estas observaciones, la respuesta de la Fiduprevisora fue la de siempre en estos casos: ampararse en su régimen contractual especial, ese comodín legal que entidades como esta usan para esquivar las reglas más estrictas de la Ley 80 y operar con manuales internos hechos a su propia medida. El manual interno, según el documento de suspensión firmado por la gerente de Adquisiciones, Stefanía Gutiérrez, ni siquiera diferencia con claridad entre lo que es un requisito habilitante y lo que es un factor ponderable. No es un vacío menor: es la grieta exacta por donde se filtran estos contratos.

Cuando El Tiempo buscó respuestas, la propia gerente de Adquisiciones remitió todo al presidente de la entidad, Diego Andrés Salcedo Monsalve, quien aseguró que ya enviaron el análisis de mercado y los estudios previos que, según las observaciones, nunca se habían hecho públicos. La pregunta que se cae de madura es: ¿por qué esos documentos no estaban disponibles desde el principio, como exige la ley, y solo aparecieron después de que la Procuraduría tocó la puerta?

Un patrón, no un accidente

Esto no ocurre en el vacío. La suspensión llega en medio de una salida reciente de la directora jurídica de la entidad y del vicepresidente del Fomag, justo cuando ya se hablaba de otras irregularidades en el manejo de los recursos del magisterio. Fiduprevisora no es nueva en este tipo de titulares: en los últimos años ha estado bajo la lupa de la Procuraduría por contratos del Fomag, por la gestión de recursos de la UNGRD y por procesos de salud para los maestros que terminaron en denuncias públicas. Cada vez la entidad responde igual: lo correctivo llega después de la advertencia, nunca antes.

La defensa de Salcedo —que ya enviaron la documentación y sostienen mesas técnicas con la Procuraduría— puede ser cierta y puede incluso bastar para que el proceso se reanude sin sanciones. Pero conformarse con que «ya se corrigió» es quedarse corto. El verdadero problema no es si esta vez se subsanó a tiempo: es que una entidad que administra recursos públicos por miles de millones de pesos siga necesitando que un procurador delegado llegue a frenarla a horas de la medianoche, en vez de que la transparencia exista desde el primer clic en el Secop.

La pregunta que debería quedar flotando

Que el proceso esté hoy congelado es una buena noticia, pero no debería ser motivo de alivio sino de alarma retrospectiva: ¿cuántos contratos como este sí lograron cruzar la medianoche sin que nadie los frenara? La Fiduprevisora administra plata de los maestros de Colombia, no una caja chica. Mientras sigamos celebrando cada vez que un control preventivo funciona, en lugar de exigir que el control preventivo deje de ser necesario, este tipo de columnas seguirán teniendo material para los próximos años.

Nota: esta columna se basa en la investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el oficio de advertencia de riesgos del procurador delegado Marcio Melgosa y las declaraciones del presidente de la Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo Monsalve. El proceso disciplinario, de existir, está en una etapa preliminar y no implica responsabilidad penal o disciplinaria confirmada de ningún funcionario.