Hay frases que, escuchadas con calma, explican años de política pública mejor que mil informes. «Juguemos a los congelados» es una de ellas. La dijo el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, en una habitación del Urabá antioqueño el 2 de septiembre de 2022, apenas tres semanas después de la posesión de Gustavo Petro. Al otro lado de la mesa estaba alias Jerónimo, comandante del Clan del Golfo. Lo que se acordó esa tarde —ahora revelado en audios inéditos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol— no fue un gesto humanitario aislado, sino el molde sobre el que se construyó, durante años, la relación entre el Estado colombiano y la organización criminal más grande del país.

Lo que se prometió en privado, lo que se dijo en público

El libreto oficial siempre fue cuidadoso. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó ante la opinión pública que los bombardeos solo se suspendían cuando había riesgo de afectar menores. Era una fórmula técnica, defendible, casi protocolaria. Pero la grabación de esa reunión secreta cuenta otra historia: el compromiso no era condicionado, era total. Rueda lo resume sin rodeos cuando le ofrece al Clan del Golfo «dos mensajes»: el cese de los bombardeos y una depuración de la inteligencia policial. No hay mención a menores de edad, ni a excepciones operativas. Hay, eso sí, una negociación de fondo que incluye sacar de las zonas de influencia del grupo a los equipos especiales de inteligencia que lo perseguían.

La cronología no deja mucho espacio para la coincidencia. Dos semanas antes de ese encuentro, el 12 de agosto de 2022, la Fuerza Pública vivió el remezón institucional más grande de su historia reciente: más de 35 generales retirados. Y, según el propio Rueda le cuenta a sus interlocutores, tres coroneles que sobrevivieron a esa primera purga —hombres clave en la persecución al Clan del Golfo, recién nombrados en inteligencia, Dijín y antinarcóticos— fueron sacados apenas una semana después de asumir esos cargos. El comisionado no oculta el motivo ante el grupo armado: eran, en sus palabras, oficiales con la misión de «sabotear todo» el proceso.

Una negociación con resultados medibles

Lo que sucedió después no es interpretación, son cifras. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo pasó de 4.061 a 9.915 integrantes. Su presencia territorial se duplicó: de 145 a 338 municipios. Y durante los primeros dos años de gobierno, ningún bombardeo cayó sobre la estructura, salvo un breve cese formal entre enero y marzo de 2023. El investigador Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, lo describe como el resultado de un cese al fuego prematuro, la eliminación de las operaciones aéreas y el debilitamiento de capacidades de inteligencia construidas durante años. Human Rights Watch, por boca de Juanita Goebertus, llega a una conclusión parecida: la ausencia de una política de seguridad efectiva, combinada con los efectos no deseados de la «paz total», terminó fortaleciendo el control territorial y poblacional de estos grupos.

Es decir: mientras el Gobierno congelaba sus operativos como gesto de buena fe, el Clan del Golfo usó esa tregua no para desarmarse, sino para crecer. La cifra más incómoda de esta historia no es ninguna grabación: es que la organización armada ilegal más grande de Colombia se duplicó bajo la sombrilla de una negociación que, según las pruebas, comenzó cediendo casi todo a cambio de promesas.

El otro frente: inteligencia, esmeralderos y cabildeo

Si la reunión de 2022 muestra cómo se negoció desde la comisión de paz, los audios de agosto de 2025 muestran cómo se negoció también desde la inteligencia del Estado. El entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y su segundo, Ricardo Rey Rosanía, se sentaron a desayunar con un excapo del narcotráfico que resolvió sus problemas con la justicia estadounidense pagando una suma millonaria. No fue una entrevista de inteligencia convencional: le pidieron ayuda para mover contactos políticos a favor de un proyecto de ley que beneficiaría a estructuras criminales, y exploraron con él un canal propio de comunicación con el jefe máximo del Clan del Golfo, al margen de la mesa oficial de negociación.

El exinspector de la DNI, Juan Carlos Restrepo, pone el dedo en la llaga: sentarse a convencer a alguien de «cuestionable situación jurídica» para que ayude con fines distintos a la seguridad nacional revela, en sus palabras, un mal entendimiento de las funciones de un director de inteligencia, y podría incluso configurar prevaricato. La defensa de Lemus —que todo se hizo en el marco de la ley de inteligencia y bajo un requerimiento presidencial sobre economías ilícitas— no logra disolver la pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar un funcionario público en su trato con el crimen organizado antes de que la negociación se convierta en cogestión?

La paradoja de la paz total

Nada de esto significa que negociar con el Clan del Golfo sea, en sí mismo, un error. Colombia ha desmovilizado guerrillas y ha conversado con actores armados antes, y la lógica de reducir la violencia mediante el diálogo tiene una larga tradición y defensores serios. El problema que documentan estos audios no es la existencia de la mesa, sino su arquitectura: gestos unilaterales sin verificación, depuraciones de inteligencia que coincidieron sospechosamente con los intereses del grupo negociado, y funcionarios de alto nivel explorando atajos con personajes del bajo mundo cuando la vía institucional no avanzaba lo suficientemente rápido.

El verdadero examen llega ahora. Tres años después de aquella conversación en Urabá, el comisionado de paz le pidió a la Fiscalía levantar 29 órdenes de captura, incluidas las de los tres máximos jefes del Clan del Golfo con pedido de extradición de Estados Unidos. La fiscal Luz Adriana Camargo se negó y anunció que se pronunciaría este 25 de junio, justo el día programado para concentrar a más de 400 integrantes del grupo en zonas de ubicación temporal. Ese es el punto exacto donde convergen, sin escapatoria, las promesas hechas en privado en 2022 y la pregunta que el país no puede seguir postergando: ¿negociar con el crimen organizado exige ceder la justicia, o se puede construir paz sin renunciar a ella?

Nota: esta columna está basada en la investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y en declaraciones de fuentes citadas en ese reportaje (Gerson Arias, Juanita Goebertus, Juan Carlos Restrepo, entre otros). Las citas textuales se han limitado a fragmentos breves; para el detalle completo de los audios y documentos, se recomienda remitirse al reportaje original.