El reciente anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la firma de un decreto para crear bloques de defensa para la seguridad urbana a partir del próximo 7 de agosto, ha generado un inusual —pero predecible— consenso entre los mandatarios de las principales capitales de Colombia. En un país donde la articulación entre el Palacio de Nariño y los gobiernos locales suele estar plagada de fricciones políticas, la propuesta de una «gran operación de seguridad» parece haber encontrado terreno fértil.

La receptividad de alcaldes como Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Cristian Portilla (Bucaramanga) no es gratuita. Responde a un clamor territorial urgente ante el deterioro del orden público y el avance de la delincuencia común y organizada.

Un frente común contra el crimen

Las reacciones de los mandatarios locales dejan ver las prioridades y las heridas de cada una de sus ciudades:

• Bogotá y la política criminal: Carlos Fernando Galán no solo respaldó la iniciativa para golpear el microtráfico y la extorsión, sino que puso el dedo en la llaga sobre un problema sistémico: la necesidad de redefinir la política criminal para evitar la «puerta giratoria» judicial que deja libres a los delincuentes capturados.

• Medellín y el contraste político: Fico Gutiérrez capitalizó el anuncio para marcar una distancia radical con el gobierno saliente, celebrando el enfoque de autoridad frente a lo que denominó «tarimazos con los criminales». Su premisa fue tajante: “Los únicos que deben sentir miedo son los criminales”.

• El Caribe y el Pacífico reclaman acción: Mientras Alejandro Char recibió la propuesta con «esperanza» para Barranquilla, Alejandro Eder enfatizó la urgencia de coordinación y autoridad en Cali, una ciudad fuertemente golpeada por la presión de grupos armados ilegales de la región. Por su parte, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, no dudó en levantar la mano para pedir que la capital de Bolívar no sea excluida de este bloque defensivo.

El dato: Bucaramanga, bajo el mandato de Cristian Portilla, ya anunció la preparación de un informe detallado con cifras y estrategias para presentarlo antes de la firma del decreto, buscando que el Gobierno Nacional actúe con datos de primera mano.

Del discurso al decreto: los retos pendientes

El respaldo político ya está garantizado, pero el verdadero desafío del gobierno entrante radica en la filigrana técnica y operativa. Hasta el momento, la iniciativa se sostiene sobre las bases de la retórica electoral y las alocuciones en redes sociales.

Para que los bloques de seguridad urbana no se queden en un anuncio rimbombante, la nueva administración deberá responder pronto a tres interrogantes clave:

1. ¿Cuál será el cronograma real de implementación?

2. ¿Con qué recursos financieros y de pie de fuerza se financiará la estrategia?

3. ¿Cómo se coordinarán la Policía, el Ejército y las Fiscalías locales sin vulnerar las autonomías institucionales?

El desmonte de la política de «Paz Total» y el llamado exclusivo al sometimiento a la justicia marcan el inicio de una era de «mano firme» que las regiones parecen estar dispuestas a acompañar. Sin embargo, la efectividad de este nuevo modelo se medirá en las calles, en la reducción de los índices de homicidio y en la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos que, al final del día, son quienes viven el día a día de la seguridad urbana.