La tensión entre el gobierno saliente y el proceso de transición llegó a un punto que hace apenas unas semanas parecía impensable: el propio presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que no reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella y llegó a sostener que el mandatario legítimo del país, según su lectura de los hechos, sería el senador Iván Cepeda. Se trata de la denuncia más extensa y detallada que ha hecho hasta ahora sobre un presunto fraude electoral, y ha desatado una respuesta inmediata de voces políticas que le exigen llevar sus acusaciones a la justicia en lugar de a las redes sociales.

Lo que afirma Petro

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró contar con información que demostraría una alteración de los resultados electorales desde Estados Unidos. Según su versión, un servidor ubicado en Los Ángeles, California, presuntamente vinculado a los hermanos Bautista —dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, con quienes ha tenido enfrentamientos previos por temas electorales y de fabricación de pasaportes—, habría sido usado para aplicar algoritmos que modificaron sustancialmente la votación a favor de De la Espriella.

El presidente detalló varias líneas de su denuncia:

• Voto en el exterior: sostiene que en las mesas fuera del país, De la Espriella habría obtenido 177.000 votos más que Cepeda, y que los jurados de esas mesas serían colombianos sin residencia legal en Estados Unidos o España, lo que —según su interpretación— sería irregular.
• Suplantación de votantes: afirma que algunas personas habrían votado hasta siete veces utilizando la identidad de ciudadanos que habitualmente no participan en elecciones.
• Patrones regionales: señala anomalías similares en Antioquia, Medellín, el norte de Santander y zonas del norte de Bogotá, y menciona que su propio hijo habría sido suplantado en el voto.
• Actores internacionales: vincula a la firma israelí de inteligencia privada Black Cube con la presunta alteración de los algoritmos, y menciona a otra compañía de lobby que, según él, trabajó en mejorar la imagen de De la Espriella y en influir sobre la postura de Donald Trump frente al proceso electoral colombiano. Petro afirmó además haber sostenido una llamada con Trump en la que este desconocía el trasfondo de acusaciones contra el hoy presidente electo, incluyendo presuntos vínculos con el narcotráfico.

Con base en este conjunto de señalamientos, Petro concluyó que el país habría sufrido «el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española» y llamó a las que denominó «mayorías nacionales» a movilizarse el 20 de julio en las plazas públicas del país.

Un punto que la nota debe dejar claro

Hasta el momento, estas denuncias han sido planteadas por Petro exclusivamente a través de mensajes en redes sociales. No se ha conocido que el mandatario haya presentado ante el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial competente evidencia formal que respalde las acusaciones de manipulación algorítmica, participación de agencias de inteligencia extranjeras o suplantación masiva de votantes. Es una distinción relevante: una cosa es una denuncia pública y otra, muy distinta, es una prueba presentada y evaluada dentro de un proceso judicial. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, ya proclamó oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo.

Las respuestas: dos voces de la oposición piden pruebas, no trinos

La reacción no se hizo esperar desde sectores que han sido críticos del gobierno Petro. La senadora María Fernanda Cabal fue frontal al señalar que el presidente lleva días «calumniando e injuriando sin aportar una sola prueba ante juez alguno», pese a tener a su disposición el mecanismo de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Cabal recordó, además, un dato relevante para contextualizar el reclamo: el propio Iván Cepeda —a quien Petro señala como el presidente legítimo— aceptó el resultado electoral, radicó por escrito ante el CNE su aceptación de la curul de senador en la oposición, y el Pacto Histórico desistió de sus reclamaciones formales sobre el proceso.

La excandidata presidencial Paloma Valencia también cuestionó al mandatario, acusándolo de buscar sabotear al nuevo gobierno en lugar de asumir lo que ella describió como la responsabilidad de aceptar y hacer valer los resultados electorales. Valencia le recordó que ese mismo sistema electoral que hoy cuestiona fue el que lo eligió a él en 2022, por un margen igualmente estrecho.

Lo que está en juego

Este episodio no puede leerse de forma aislada. Se produce apenas días después de que trascendiera la demanda de nulidad electoral impulsada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez —que Petro respaldó en un mensaje previo— y en medio de un empalme ya marcado por tensiones sobre contratos, vigencias futuras y nombramientos de última hora del gobierno saliente.

Lo que cambia con esta declaración es el nivel de la disputa: ya no se trata solo de una demanda judicial en curso con fecha de radicación conocida, sino de una posición presidencial explícita de no reconocimiento de la elección de su sucesor, acompañada de un llamado a la movilización ciudadana. Es una diferencia importante entre cuestionar un proceso por las vías institucionales disponibles —como lo hizo la demanda del exmagistrado Pérez ante el Consejo de Estado— y desconocer públicamente, desde la Presidencia, el resultado certificado por la autoridad electoral competente.

A 32 días de la posesión presidencial, el país queda a la espera de dos cosas: si estas denuncias se traducen en algún momento en pruebas presentadas formalmente ante la justicia, y qué impacto tiene sobre la gobernabilidad del país un discurso de no reconocimiento sostenido desde la propia Presidencia de la República.

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