El organismo de control auditó los recursos que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) comprometió en 2025 para adquirir predios en procesos de extinción de dominio. De 537 predios pagados en su totalidad, solo tres cuentan hoy con registro a nombre de la Nación, mientras que 300 ya fueron entregados a comunidades campesinas dentro de la reforma agraria.

Una auditoría de la Contraloría General de la República, dirigida por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, encontró que en 2025 la Agencia Nacional de Tierras, a cargo de Juan Felipe Harman, pagó $979.003.376.000 —casi un billón de pesos— a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 537 predios en procesos de extinción de dominio, sin que se hubiera culminado el proceso de tradición y formalización registral de esos inmuebles.

Se trata de tierras que pertenecieron a narcotraficantes o que fueron obtenidas mediante actividades ilícitas, y cuya compra hace parte de la estrategia del Gobierno para destinarlas a la reforma agraria.

El hallazgo central: pago total, sin registro

Según el informe, con corte al 22 de junio de 2026, de los 537 predios pagados en su totalidad, solo tres cuentan con registro de instrumentos públicos a favor de la Nación e ingresaron formalmente al inventario del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Son los predios Santa Bárbara, El Porvenir o La Honda, y San Ignacio y El Atropello, avaluados en $20.996 millones.

Es decir, solo el 0,56% de los predios pagados tiene hoy consolidada su titularidad jurídica. Para la Contraloría, esto representa un hallazgo administrativo, porque al no estar formalizada la titularidad, los 300 predios que la ANT confirmó haber entregado a comunidades campesinas quedarían expuestos, según el organismo, a riesgos de medidas cautelares, reclamaciones de terceros y afectaciones a la seguridad jurídica del patrimonio público.

El ente de control fue enfático en que la ANT modificó las condiciones originales del convenio con la SAE: aunque inicialmente existían cláusulas que condicionaban los pagos al cumplimiento de hitos registrales, estas habrían sido flexibilizadas durante la ejecución del contrato, permitiendo que se pagara la totalidad de los recursos antes de que se completara la transferencia jurídica de los predios.

¿Está en riesgo el billón de pesos?

La Contraloría precisó que esto no significa necesariamente que la totalidad del billón de pesos pagado esté en riesgo, ya que los recursos permanecen en poder de la SAE. Lo que advierte el organismo es la posibilidad de que, a futuro, se presenten complicaciones jurídicas relacionadas con el disfrute de esos predios, dado que —según el Código Civil— la sola promesa de compraventa no transfiere el dominio de un inmueble; ese acto solo se perfecciona con la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

El informe también advierte sobre una eventual figura de inoponibilidad: si un tercero de buena fe registra un derecho sobre alguno de estos predios antes que la ANT, el Estado perdería la prelación legal, dejando sin efecto el pago ya realizado.

La discusión pública que motivó la auditoría

Este hallazgo llega después de una fuerte discusión pública sobre la reforma agraria. En una entrevista reciente en 6AM W de Caracol Radio, la primera ministra de Agricultura del gobierno Petro, Cecilia López, cuestionó a la actual ministra, Martha Carvajalino, señalando que de las 450.000 hectáreas que el Gobierno reporta como entregadas dentro de la reforma agraria, solo 87.600 contarían con escritura pública registrada. La auditoría de la Contraloría, según reportó la revista Cambio, respaldaría en buena parte ese cuestionamiento.

La respuesta de la ANT

La Agencia Nacional de Tierras le explicó a la Contraloría que lo que se suscribió con los 537 predios fueron promesas de compraventa, y que la etapa de escrituración y registro se completará una vez finalicen los procesos de saneamiento predial y avalúo. Según la entidad, en 2025 el proceso se encontraba todavía en la fase de consolidación de esos insumos técnicos, y espera completar la formalización durante el primer semestre de 2026.

La ANT le dijo además a Cambio que espera tener escriturado el 60% de los predios adquiridos antes de que termine el actual Gobierno, y sostuvo que, si llegara a existir alguna medida judicial posterior a la firma de las promesas de compraventa, sería la SAE la que respondería con los recursos ya reservados para atender ese tipo de reclamaciones. La entidad también argumentó que hubo riesgos de seguridad para los funcionarios que debían visitar los predios, dado su origen ilícito, lo que habría retrasado el trámite de formalización.

Frente a esa respuesta, la Contraloría insistió en que la ANT estaría confundiendo conceptos: una cosa es la habilitación legal para adquirir bienes en proceso de extinción de dominio mediante la figura de enajenación temprana, y otra distinta es que esa habilitación exima a la entidad de gestionar con diligencia el riesgo fiscal, jurídico y registral de ejecutar recursos públicos sin haber consolidado la propiedad de los bienes adquiridos.

Lo que dice Juan Felipe Harman, director de la ANT

Consultado por Cambio sobre los hallazgos, Harman sostuvo que el convenio con la SAE tiene plena estabilidad jurídica y que la transferencia predio a predio avanza de forma sustancial, aunque reconoció que el proceso se ralentizó por las restricciones de la Ley de Garantías, que impidió firmar escrituras durante buena parte del último año.

El director de la ANT explicó que cada predio requiere primero una diligencia de aprehensión policial, seguida de trámites técnicos, topográficos y agronómicos, un proceso que —según dijo— toma entre 6 y 7 meses por finca. Harman afirmó que ya existe avalúo sobre más del 70% de los bienes del convenio y que espera transferir formalmente al menos el 60% de los predios a nombre de la ANT antes de que termine el actual Gobierno.

Sobre el riesgo señalado por la Contraloría, Harman fue enfático en que, de tratarse de un riesgo real sobre los recursos, el hallazgo habría sido calificado como fiscal y no administrativo. Explicó que si en el futuro la justicia ordenara devolver alguno de los predios a un antiguo propietario, lo que tendría que devolverse es el valor pagado por el bien —respaldado por el billón de pesos que ya destinó el Estado—, y no el predio físico que ya está en manos de las comunidades campesinas.

Harman también respondió a los cuestionamientos de Cecilia López, asegurando que la cifra de 87.600 hectáreas que ella menciona corresponde únicamente al universo específico de predios adquiridos a través de la SAE, y que el total de tierra formalmente transferida a nombre de la ANT dentro de la reforma agraria supera las 550.000 hectáreas.

El balance de la reforma agraria, según la ANT

De acuerdo con Harman, el Gobierno Petro cierra su gestión con alrededor de 750.000 hectáreas gestionadas, más de 450.000 hectáreas entregadas a comunidades, y 2,3 millones de hectáreas formalizadas en total. De los 537 predios del convenio con la SAE, según el funcionario, ya se habrían entregado más de 300 a organizaciones campesinas, mientras cerca de 100 predios permanecen pendientes de la diligencia de aprehensión policial necesaria para su entrega.

Lo que sigue

La Contraloría también reportó que, durante el proceso de auditoría, la ANT entregó información incompleta, desorganizada e inconsistente, y no cumplió los plazos establecidos para atender los requerimientos del ente de control. Con el hallazgo administrativo ya formalizado, la entidad deberá presentar un plan de mejoramiento, mientras el reto de completar la formalización jurídica de los predios —y garantizar la seguridad legal de las comunidades que ya los ocupan— quedará, en gran medida, en manos del gobierno que asuma el poder el próximo 7 de agosto.