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La Superintendencia de Notariado y Registro frenó la diligencia de entrega de varios despachos notariales nombrados en los últimos días del cuatrienio anterior, entre ellos el de la abogada Paola Palmariny, cercana a un exdirectivo de Colpensiones.
La Superintendencia de Notariado y Registro tomó las primeras medidas frente a las quejas por la asignación de despachos notariales que hizo el Gobierno Petro a última hora, antes de que expirara el cuatrienio. Fuentes de la entidad confirmaron que ya se suspendió la práctica de la visita especial de entrega de la notaría 78 de Bogotá, uno de los nombramientos más cuestionados.
Nueve nombramientos de última hora
La Unidad Investigativa de El Tiempo ya había revelado en julio más de una veintena de designaciones notariales que incluyeron a personas cercanas a la exprimera dama Verónica Alcocer y a varios ministros de la administración saliente. A esa lista se sumaron nueve nombramientos adicionales realizados apenas dos días antes de que terminara el gobierno anterior, entre ellos el de Paola Palmariny, exvicepresidenta comercial de Colpensiones y cercana al exjefe de esa entidad, quien fue asignada a la notaría 78 de la capital.
La decisión que frenó la entrega
La suspensión quedó consignada en una decisión firmada por Germán Humberto Medellín Mora, director de Vigilancia y Control Notarial encargado, quien argumentó que la medida obedece a la verificación de aspectos administrativos que inciden en la debida ejecución de la comisión encargada para esa visita. Según explicaron fuentes de la Superintendencia, esa diligencia es uno de los tres requisitos indispensables para que cualquier notario pueda asumir formalmente su cargo, y la suspensión no se limitó a la notaría 78: también habría cobijado a otros despachos que están bajo revisión.
La medida se da en momentos en que el nuevo superintendente de Notariado, Joaquín José Méndez Llach, adelanta la revisión de las designaciones hechas por el Gobierno saliente en sus últimos días, tal como había anticipado este diario.
Otros nombramientos bajo la lupa
Entre los beneficiados con estos nombramientos de última hora también figura el exsenador de la Alianza Verde y cercano al petrismo, Inti Raúl Asprilla, asignado a la notaría segunda de Soacha. Otro caso es el de Íngrid Paola Ortiz, nombrada en la notaría 74 de Bogotá, esposa de Camilo Andrés Pardo, persona cercana al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y quien alcanzó a ejercer apenas 24 horas como secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) bajo el nuevo Gobierno. La lista de nombramientos cuestionados se extiende a notarías en San Victorino (Bogotá), Bucaramanga, Cartagena, Rionegro, Palmira y Nobsa.
El episodio en la notaría 78
El caso de la notaría 78 tiene un componente adicional que ha generado controversia. Según relataron funcionarios presentes en el despacho el pasado 18 de agosto, Palmariny se presentó ese día junto a dos escoltas y dos abogadas para que se realizara la diligencia de entrega. Documentos entregados por esas fuentes indican que, para ese momento, Luz Mary Hoyos, de 70 años y a cargo del despacho hasta entonces, se encontraba hospitalizada desde la madrugada por un fuerte dolor en la región lumbar.
Fuentes con conocimiento del proceso señalan que, ante la suspensión de la diligencia, Hoyos continuaría ejerciendo como notaria, dado que la entrega formal era uno de los requisitos pendientes para que Palmariny asumiera oficialmente el cargo.
La versión de Palmariny
La designación de Palmariny ha estado rodeada de cuestionamientos que ella misma ha rechazado, al punto de anunciar acciones legales por injuria y calumnia. En una entrevista previa con El Tiempo, la abogada explicó que su nombramiento siguió el procedimiento regular: postuló su hoja de vida, se evaluaron los requisitos y fue seleccionada, en un proceso que —según dijo— se replicó con más de 30 notarios nombrados en las mismas condiciones.
Sobre la situación de Hoyos, Palmariny sostuvo que no se vulneró ningún derecho fundamental, ya que la salida de la anterior notaria había sido notificada desde marzo de este año, por haber cumplido la edad de retiro forzoso.
Este diario intentó consultar nuevamente a Palmariny sobre la suspensión de la diligencia de entrega, pero al cierre de esta nota no había respondido.





