Durante décadas, las mariposas amarillas fueron el poema visual de Colombia ante el mundo. Nacidas de la genialidad de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, estos insectos revoloteaban en el imaginario colectivo como sinónimo de realismo mágico y esperanza. El propio Gustavo Petro quiso inmortalizar ese misticismo al incluirlas en su retrato presidencial oficial. Sin embargo, la realidad de nuestra política posee una ironía implacable: en este país, hasta la magia tiene un precio, y el de estas mariposas se mide en miles de millones de pesos.  

Hoy, el torrente de noticias ya no asocia el color amarillo con la poesía caribeña, sino con el viejo y conocido color de la chequera estatal. Las revelaciones periodísticas de la Revista Cambio y la Unidad Investigativa de El Tiempo han renombrado el símbolo. La denominada red de las «Mariposas Amarillas» —un círculo de jóvenes influyentes de Palacio— expone un presunto y vergonzoso entramado de tráfico de influencias donde el acceso preferencial al poder central se tradujo en adjudicaciones a dedo. 

Ante la magnitud de estas revelaciones, resulta imposible exculpar a la cabeza del Estado. La responsabilidad política recae directamente sobre el presidente Gustavo Petro por su flagrante falta de control, vigilancia y la complacencia con la que permitió que un círculo íntimo y advenedizo colonizara entidades clave. No se trata de un simple «saboteo aislado»; fue la falta de rigor presidencial la que le entregó las llaves del erario a figuras como Juliana Guerrero —salpicada por un megacontrato de $14.500 millones— o Gabriela Muñoz, señalada por la exdirectora del Dapre de manejar los hilos y la burocracia familiar en la Aeronáutica Civil con contratos que saltaron de $400 millones a $12.000 millones.

Frente al escándalo, las implicadas han salido a los medios a estructurar su defensa. A través de declaraciones públicas recogidas por Infobae, la familia de María Masip («La Coco») defendió que los $533 millones obtenidos por su hermano y su prima responden estrictamente a su idoneidad y profesionalismo, negando cualquier tipo de intermediación.

Por su parte, tras el reciente retiro de sus millonarios esquemas de seguridad de la UNP, Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero insistieron en que las acusaciones son parte de una persecución y que sus medidas de protección se debían a amenazas reales y vigentes denunciadas formalmente ante la Fiscalía.

Sin embargo, el blindaje institucional del que gozaron —incluido el silencio y la inacción de los altos mandos de Palacio mientras la influencer Elizabeth Ortiz acumulaba 13 contratos por $795 millones— demuestra que el Gobierno prefirió proteger a sus fichas leales antes que aplicar la transparencia prometida. La metamorfosis del símbolo es trágica. Las mariposas ya no anuncian el realismo mágico de Macondo; anuncian investigaciones penales en un Gobierno que descarriló sus propias banderas por la absoluta falta de supervisión de su propio mandatario.