Hay decisiones judiciales que, cuando finalmente se ejecutan, obligan a mirar hacia atrás y preguntarse por qué tardaron tanto en concretarse. Ese es el caso de Geovany Andrés Rojas, alias «Araña», máximo cabecilla militar de los Comandos de Frontera, extraditado el pasado viernes 25 de septiembre a Estados Unidos, más de un año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia aprobara su entrega y de que su ejecución quedara congelada mientras avanzaban las negociaciones de paz del gobierno de Gustavo Petro con esa estructura armada.

Un cabecilla, dos gobiernos y una extradición aplazada

Rojas fue capturado en febrero de 2025 en virtud de una circular roja de Interpol por delitos de narcoterrorismo. Pese a que la extradición hacia la Corte Federal del Distrito Sur de California ya había sido aprobada judicialmente, el gobierno de Petro decidió suspender su ejecución material, argumentando que Rojas participaba como negociador dentro de los acercamientos entre el Ejecutivo y los Comandos de Frontera, en el marco de la política de «paz total». Esa suspensión se mantuvo vigente hasta que, ya bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien firmó la orden correspondiente el pasado 26 de agosto, la extradición finalmente se concretó. El procedimiento se realizó desde el Comando Aéreo de Combate número 3, en Malambo, Atlántico, con la presencia del propio presidente en la entrega del detenido a las autoridades estadounidenses.

La defensa de Otty Patiño: «en ningún momento se negó»

Tras conocerse la extradición, Otty Patiño, quien se desempeñó como alto comisionado para la Paz durante el gobierno anterior y lideró los acercamientos con los Comandos de Frontera, salió a defender públicamente la decisión que él mismo impulsó en su momento. En entrevista con Blu Radio, fue enfático en una distinción que considera clave: el gobierno Petro nunca negó la extradición solicitada por la justicia estadounidense, simplemente suspendió temporalmente su ejecución mientras se mantenían activos los canales de diálogo con la estructura armada.

Según explicó Patiño, esa suspensión buscaba garantizar la movilidad segura de los negociadores del grupo mientras avanzaban los ciclos de conversación, en un esquema similar al que se ha usado en otros procesos de paz del país. Como respaldo a esa decisión, el excomisionado enumeró lo que describió como muestras reales de voluntad hacia la civilidad por parte de la organización: la erradicación de cultivos de coca, la destrucción de varias toneladas de explosivos, y el traslado de integrantes de la estructura hacia una zona de ubicación temporal, donde —según sus palabras— algunos llegaron «desarmados y sin uniforme».

Un reconocimiento incómodo: sabían que había delitos de por medio

Uno de los apartes más reveladores de la entrevista fue el reconocimiento explícito que hizo Patiño sobre el conocimiento que tenía el gobierno acerca de los antecedentes criminales de sus interlocutores. «Éramos conscientes de que muchos de los señores con los cuales estábamos interlocutando habían incurrido en delitos como narcotráfico», afirmó. Para el excomisionado, sin embargo, eso no invalidaba el propósito de las negociaciones, que —según su explicación— buscaban que los integrantes de estas estructuras armadas transitaran de la ilegalidad a la vida civil por mecanismos establecidos legalmente. Fue igualmente claro en aclarar que la suspensión de la extradición jamás significó una exención de responsabilidad penal para Rojas: «Ya le tocaba era al aparato judicial pensar qué podía hacerse con esas personas», sostuvo.

Lo que Rojas enfrenta ahora, a ambos lados de la frontera

Con la extradición ya materializada, Rojas deberá responder ante la justicia estadounidense por cargos de conspiración para distribuir cocaína y narcoterrorismo. Pero su historial judicial no se agota en Estados Unidos: la Fiscalía colombiana le atribuye participación en 16 homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024, incluyendo asesinatos de líderes sociales y de firmantes del Acuerdo de Paz, además de vincularlo con actividades de narcotráfico, reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado. Esas investigaciones en Colombia continuarán su curso de manera independiente al proceso que ahora enfrenta en territorio estadounidense.

Una pregunta que trasciende el caso individual

Más allá de si la suspensión original de la extradición estuvo o no jurídicamente justificada —un debate que probablemente seguirá dividiendo opiniones—, el caso de alias «Araña» ilustra una tensión estructural de cualquier proceso de paz que involucre a actores armados con procesos judiciales activos, tanto nacionales como internacionales: la disyuntiva entre priorizar la ventana de negociación que puede llevar al desarme de una estructura completa, o priorizar el cumplimiento inmediato de las obligaciones judiciales frente a delitos graves ya documentados.

Lo que sí queda claro, con el desenlace final de este caso, es que la suspensión de una extradición aprobada judicialmente no equivale a su cancelación definitiva: tarde o temprano, como ocurrió aquí, la obligación judicial reaparece, y es entonces cuando corresponde a las nuevas administraciones —y a la propia justicia, tanto colombiana como estadounidense— decidir qué hacer con quienes, mientras se sentaban a negociar la paz, seguían siendo, según las propias autoridades, responsables de crímenes que las víctimas de Caquetá y de otras regiones del país todavía esperan ver esclarecidos.