Hay frases hechas para el titular y hay decretos hechos para la realidad. El problema empieza cuando no coinciden. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, resumió en una línea publicitaria el borrador con el que el gobierno de Abelardo De La Espriella quiere reescribir las reglas de la protesta social: «Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye». Suena impecable. Pero una democracia no se gobierna con eslóganes, sino con artículos; y son los 24 artículos de ese borrador —no la frase— los que merecen ser leídos con lupa.

Empecemos por reconocer lo que el proyecto hace bien, porque la honestidad intelectual obliga. El decreto conserva dos límites que no son menores: mantiene la prohibición del arma de fuego para el uniformado que atiende la protesta y excluye a las Fuerzas Militares de esa tarea. Fija, además, deberes exigentes para el Estado y no solo para quien marcha: corredores solidarios para ambulancias y bomberos, acompañamiento policial a cuatro metros de distancia, y la obligación de publicar un balance de heridos y daños en 72 horas. Y acoge jurisprudencia incómoda para cualquier gobierno de mano dura: reconoce, citando la Sentencia C-281 de 2017 de la Corte Constitucional, que un bloqueo no le quita por sí solo el carácter pacífico a una protesta y que solo puede disolverse cuando la perturbación es grave e inminente. El ministro Lara, hijo de un ministro de Justicia asesinado por el narcotráfico, no es un improvisado en estas lides, y el texto lo refleja.

Pero el corazón del cambio está en un artículo nuevo —el 2A— y ahí es donde conviene no dejarse hipnotizar por el eslogan. Hasta hoy, el Decreto 003 de 2021 obligaba a las autoridades a agotar el diálogo antes de intervenir. El borrador invierte esa lógica: si desde el inicio hay armas, explosivos, retenciones o agresiones, la Policía podrá actuar de inmediato, saltándose los tres primeros niveles del protocolo, mientras los gestores de convivencia siguen hablando con el resto. En el papel, suena razonable: nadie serio defiende el derecho a incendiar una estación de Transmilenio o a impedir el paso de una ambulancia. El propio Lara trazó la raya con sensatez: «El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí».

El riesgo, como casi siempre, no está en la norma escrita sino en la mano que la aplica. ¿Quién decide, en el calor de una marcha de miles de personas, que «desde el inicio» hubo violencia que habilita intervenir sin diálogo? ¿Basta un encapuchado entre diez mil manifestantes pacíficos para activar el 2A? El borrador intenta blindarse: exige que el Puesto de Mando Unificado deje constancia nivel por nivel, avise al Ministerio Público y documente hasta nueve factores antes de tocar un bloqueo. Son candados valiosos. Pero los candados sirven según quién tenga la llave, y la historia reciente del país —el estallido de 2021, los muertos del ESMAD— enseña que la distancia entre el protocolo y la calle suele medirse en vidas.

Hay, además, un dato que el gobierno repite como justificación y que merece una lectura menos complaciente: la conflictividad social habría pasado de 1.427 eventos en 2022 a 4.039 en 2025. La cifra, atribuida al Ejecutivo, puede leerse de dos maneras. Una, la oficial: el país se desbordó y hay que poner orden. Otra, incómoda: más protesta no es sinónimo de más violencia, sino muchas veces de más descontento que no encuentra otro cauce. Reglamentar la forma de reprimir sin preguntarse por qué la gente sale a la calle es tratar la fiebre e ignorar la infección.

Tampoco puede pasarse por alto el contexto político en el que nace este borrador. Llega de la mano de un presidente que ha hecho de la «mano firme» su sello —el mismo que esta semana anunció un «Bloque de Búsqueda contra la corrupción» y que habló de «terrorismo y vandalismo urbano» en los campus—. En ese clima, un decreto que amplía la discrecionalidad de la fuerza pública no es un detalle técnico: es una declaración de modelo. Y conviene recordar que las garantías para protestar no se diseñan pensando en los gobiernos que nos agradan, sino en los que podrían venir después.

Queda una pregunta de fondo que ningún artículo responde del todo: ¿este decreto equilibra derechos, como promete Lara, o apenas reacomoda el fiel de la balanza hacia la autoridad? La respuesta no está en el texto, sino en lo que ocurra cuando el borrador cierre su etapa de comentarios —abierta hasta el 4 de octubre— y se convierta en norma viva. El gobierno hizo bien en someterlo a consulta ciudadana; ahora le toca demostrar que esa consulta no fue un trámite decorativo. Porque entre «ni un derecho menos» y «ni un espacio más» cabe, exactamente, todo el pulso de una democracia: el que decide si la calle sigue siendo un derecho o vuelve a ser un permiso.