La reciente y áspera confrontación entre Carlos Suárez —estratega político y presidente de la junta directiva de Ecopetrol— y Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, ha sacado a la luz un debate indispensable para la salud de nuestra democracia: ¿con qué autoridad moral fiscaliza un medio de comunicación cuando su propia directora y su núcleo familiar están atados a millonarios intereses comerciales con la misma empresa del Estado que hoy se pretende vigilar?

Lejos de ser un simple intercambio de opiniones, el pulso desnudó una contradicción insostenible que favorece de manera contundente la postura de Suárez frente a los ataques sistemáticos del portal.

La estrategia de la «vigilancia sesgada»

Como bien lo señaló Carlos Suárez en su duro pronunciamiento, la cobertura de La Silla Vacía distaba mucho de ser una fiscalización periodística neutral y objetiva. Las cifras expuestas por el estratega revelan una campaña de desgaste milimétricamente diseñada: decenas de publicaciones, un despliegue cross-platform coordinado entre X, TikTok e Instagram, y el uso machacón de etiquetas prefabricadas (“amigo”, “estratega”, “conflicto de interés”) destinadas a construir un personaje nocivo en la mente de los ciudadanos.

Suárez expuso con claridad el mecanismo: se fabrica una narrativa desde un supuesto pedestal de independencia, se amplifica con la ayuda de otros medios y activistas afines, y cuando esta produce efectos políticos, el medio se refugia en la solemnidad del periodismo para lavarse las manos. Ante este acoso digital sistemático, la postura de Suárez fue no solo legítima, sino de absoluta transparencia institucional al declararse impedido de inmediato en cualquier decisión de la junta directiva de Ecopetrol que vincule a la familia León.

Los nexos reales: cuando el predicador tiene rabo de paja

Pero el punto más demoledor de la controversia —y el que le da la razón a Suárez— radica en el doble rasero de la familia León. Durante años, mientras La Silla Vacía pontificaba sobre la moralidad pública y los conflictos de interés ajenos, el emporio empresarial familiar (León Dub) mantenía una relación comercial sumamente lucrativa con la joya de la corona estatal: Ecopetrol.

Estamos hablando de transacciones billonarias o cercanas a los 65.000 millones de pesos asociadas a la compra de polietileno a través de empresas como Química Comercial Andina. Aunque desde el portal se ha intentado matizar el escándalo argumentando que dichas operaciones ocurrieron entre 2018 y 2021 y que la familia vendió su participación en ese último año, el hecho es innegable: la familia de la directora que hoy juzga y sentencia los nombramientos de la petrolera ha vivido y prosperado a la sombra de los millonarios contratos y compras con la misma empresa estatal.

Conclusión: el fin de la careta

La confrontación deja una lección meridiana. Es inaceptable que un actor político disimulado bajo el rótulo de «medio independiente» utilice plataformas masivas para demoler la honra y la gestión de un funcionario del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, ocultando al mismo tiempo que su propio sustento y su inmensa riqueza provienen de los mismos negocios con el Estado que ahora fiscalizan con vara de medir tan exigente como hipócrita.

Carlos Suárez hizo bien en quitarle la careta a Juanita León. En política y en periodismo, quien pretende actuar como juez implacable ante los demás, al menos debería tener la decencia de limpiar su propia casa de los nexos y privilegios que tanto critica.