Hay cifras que explican un país entero. Esta es una: 57.943.480 pesos. Es lo que, según reveló la revista SEMANA, pagó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Valle del Cauca —durante el gobierno de Gustavo Petro— por el arriendo mensual de una casa de 400 metros cuadrados en el municipio de Sevilla. Casi dos millones de pesos por día. Por un inmueble que, según la propia denuncia, nunca se ocupó.

Para dimensionar el despropósito, SEMANA hizo la comparación que ya recorre las redes: ese canon mensual equivale —y hasta supera— los 40 millones que, según la inmobiliaria, se piden por el penthouse de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, en el exclusivo Museo Chicó, norte de Bogotá. Es decir: el Estado pagó, por una casa vacía en un pueblo cafetero a dos horas y media de Cali, lo mismo que cuesta vivir en uno de los apartamentos más lujosos de la capital. Y conviene subrayar que Sevilla no es precisamente una zona donde el costo de vida justifique semejante tarifa.

El contrato tiene nombre, fecha y firmas. Es el arrendamiento N.º 76014062025, suscrito el 29 de diciembre de 2025 entre Joaquín Andrés Reyes Trujillo, entonces director regional encargado del ICBF en el Valle, y Fernando Calvo Arias, representante legal de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla. Valor inicial: 409 millones de pesos por siete meses. La finalidad era noble en el papel —trasladar a 28 empleados, 11 de planta y 17 contratistas, a una sede adecuada—. El problema es que, según la actual directora, la adecuación nunca terminó y nadie se mudó. «Pagamos por nada en la anterior administración», le dijo María Carolina Restrepo a SEMANA.

Y aquí viene el detalle que convierte un mal negocio en un presunto escándalo. El 1 de agosto de 2026, apenas seis días antes de que terminara el gobierno Petro, el ICBF del Valle no solo mantuvo el contrato: lo prorrogó hasta el 31 de octubre y le adicionó otros 173 millones de pesos. En plena cuenta regresiva de una administración, con el inmueble sin estrenar, alguien decidió que lo prioritario era alargar y engordar el arriendo de una casa fantasma. Esa decisión, tomada a seis días del empalme, es la que más preguntas debería responder.

La pregunta de fondo la plantea la propia investigación y la repito porque es demoledora: con más de 400 millones de pesos, ¿no habría sido más sensato adecuar las instalaciones que el ICBF ya tiene en Sevilla —que, según las fotografías conocidas por SEMANA, hasta cuentan con una plancha de concreto lista para un tercer piso— o incluso comprar una sede propia? Cuando existe un bien del Estado desaprovechado al lado y aun así se arrienda a precio de penthouse un inmueble que no se usa, la explicación de la «necesidad inmediata del servicio» que invoca la minuta del contrato se cae por su propio peso.

Hay que ser escrupulosos, y esta columna lo será. Lo que existe hoy es una denuncia de la actual directora del ICBF, María Carolina Restrepo, respaldada por un reportaje de SEMANA, y el anuncio de que el caso se llevará a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. No hay —todavía— imputaciones, ni fallos, ni responsables declarados por un juez. Los funcionarios que firmaron el contrato tienen derecho a explicar la lógica de la operación y a que se presuma su inocencia. Es perfectamente posible que haya una justificación técnica que hoy no vemos. Pero también es cierto que los sobrecostos no se refutan con comunicados, sino con documentos; y que la carga de explicar por qué se pagó un penthouse por una casa vacía recae sobre quienes la arrendaron, no sobre quien lo destapa.

No se me escapa el componente político del asunto. Que sea la nueva administración —en el gobierno de Abelardo De La Espriella— la que denuncia a la anterior obliga a mirar con lupa tanto el hallazgo como su oportunidad: los relevos de poder siempre traen auditorías que, convenientemente, encuentran lo que la administración saliente escondió. Eso no invalida la denuncia; la obliga a sostenerse con pruebas y no con titulares. Que la plata hablada sea del ICBF —la entidad que debería proteger a los niños más vulnerables del país— vuelve el caso especialmente indignante, pero también especialmente delicado: aquí no se puede fallar ni por exceso de celo acusador ni por complacencia.

Que los organismos de control hagan su trabajo. Que se sepa quién decidió arrendar, quién prorrogó a seis días del empalme, quién recibió los pagos y por qué una casa de 400 metros en Sevilla costó lo mismo que un penthouse en el Chicó. Mientras tanto, quede flotando la imagen que resume este país: una casa vacía, con la plancha del vecino lista para un tercer piso al lado, cobrando cada mañana casi dos millones de pesos por no servir para nada.