Mañana Colombia marcha. Y como siempre que marcha, antes de que salga el primer bombo ya empezó la otra pelea, la de ver quién se queda con el significado de la jornada. Esa pelea importa tanto como la del asfalto, porque el país que se acuesta el 14 de octubre no será el que amaneció: será el que cada bando logre contar.

Pongámoslo claro desde el principio, porque el ruido suele enturbiarlo. Marchar es un derecho. No un permiso que concede el gobierno de turno, no una gracia que se agradece: un derecho que está en la Constitución y que ningún funcionario, por incómodo que le resulte, puede borrar con un decreto. Quien proteste mañana de manera pacífica tiene detrás todo el peso de la ley. Esa es, guste o no, la base del asunto, y conviene decirlo sin la boca pequeña.

Ahora bien, aquí es donde el gobierno de Abelardo de la Espriella ha trazado una raya que a mí me parece sensata, y la raya es esta: una cosa es marchar y otra, muy distinta, es paralizar. Una cosa es la pancarta y otra la piedra. Una cosa es el ciudadano que camina con su cartel y otra el grupo que convierte una avenida en trinchera, que usa los carriles de TransMilenio como barricada o que decide que su causa justifica dejar a media ciudad sin poder llegar al hospital, al trabajo o al colegio. Garantizar lo primero y no tolerar lo segundo no es autoritarismo. Es, apenas, sentido común.

Porque hay una víctima de la que casi nadie habla en estos debates: el tercero. El que no marcha ni reprime, el que solo quería cruzar la ciudad. La señora que madrugó para una cita médica y se quedó varada seis horas. El tendero cuyo día de ventas se evaporó. El estudiante que perdió el examen. A ese ciudadano anónimo lo invocan todos y no lo defiende casi nadie. El bloqueo no es un derecho; es el secuestro del derecho ajeno a moverse. Y confundir ambas cosas, deliberadamente, ha sido durante años el truco más cómodo de quienes necesitan la foto del caos para existir.

De la Espriella parece haberlo entendido, y por eso el mensaje oficial separa al que protesta del que desestabiliza. Es una distinción fina pero decisiva, porque le quita munición al relato fácil del «gobierno represor». Si mañana hay garantías para quien marcha en paz —y el dispositivo anunciado apunta a eso—, la responsabilidad de cualquier desmán quedará donde debe quedar: en quien lo cometa, no en quien lo administra.

Y es aquí donde la jornada se vuelve, además, un termómetro político que nadie debería fingir que no ve. La oposición sale a la calle, sí, pero sale dividida. Petro confirmó su presencia en Bogotá y Fecode llamó a los maestros, pero la CGT, una central nada menor, anunció que no participa. Eso dice algo. La izquierda que durante años presumió de llenar plazas enfrenta mañana una prueba incómoda: medir si todavía mueve a la gente o si solo mueve a los suyos. Marchar contra un gobierno recién estrenado, con la maquinaria sindical fracturada, es un pulso de verdad, no un ensayo.

No me malinterpreten. Ojalá marchen todos los que quieran, y ojalá marchen tranquilos. Una democracia que no soporta una manifestación es una democracia enferma. Pero una democracia que confunde el derecho a protestar con el derecho a imponerse por la fuerza también lo está, solo que del otro lado. El equilibrio no está en elegir entre orden y libertad, como si fueran enemigos: está en entender que no hay libertad duradera sin un orden que la proteja, y que no hay orden legítimo que valga si aplasta la voz del que disiente.

Mañana, entonces, hay dos conteos. Uno es el de las cabezas en las plazas, y ese lo harán los analistas con sus cálculos de siempre. El otro es más silencioso y más importante: el de quién respeta las reglas del juego. Si la izquierda marcha sin bloquear, gana una batalla moral que llevaba tiempo perdiendo. Si el Gobierno garantiza sin reprimir, gana la legitimidad que todo mandato nuevo necesita. Y si ambos cumplen su palabra —que no habrá violencia por un lado ni abuso por el otro—, el que gana, por una vez, es el país.

Lo demás lo dirá el pavimento. Pero la vara ya quedó puesta, y es la correcta: en Colombia se puede gritar todo lo que se quiera. Lo que no se puede es tapar la boca del vecino con el mismo gesto.