Hay frases que, una vez dichas, ya no admiten regreso. «Se necesita un golpe de opinión muy grande, que sea significativo para que esto cambie.» No lo dijo un estratega de campaña en una oficina cerrada. Según la grabación que reveló Semana, lo dijo Víctor de Currea-Lugo, exasesor del gobierno de Gustavo Petro, en un mensaje dirigido a Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares más sanguinarios que ha conocido este país. Y lo dijo a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, cuando Abelardo De La Espriella marcaba adelante en las encuestas.

Démonos un segundo para dimensionar lo que eso significa. Un hombre cercano al poder buscando a un exjefe de las AUC no para que repare a sus víctimas, no para que señale las fosas comunes que todavía esperan, sino para producir —en sus propias palabras— un «golpe de opinión» capaz de mover una elección. La verdad como mercancía electoral. El horror del paramilitarismo convertido en munición de campaña. Eso es, en su versión más cruda, lo que empieza a asomar detrás del llamado «Pacto de Valledupar».

De Currea-Lugo se defiende, y hay que decirlo con todas las letras: sostiene que para entonces ya no era funcionario, que renunció en abril, que su gestión fue «exclusivamente personal, como periodista independiente», que nunca ofreció dinero ni pidió mentir. Tiene derecho a esa defensa y a la presunción de inocencia, como la tienen Petro, Angie Rodríguez y el propio Mancuso. Pero la ciudadanía también tiene derecho a hacer una pregunta incómoda: ¿desde cuándo un «periodista independiente» le confiesa a su entrevistado que lo busca para dar un «golpe» que «cambie» el rumbo de una elección y le pide que «eche una mano, no a la izquierda, sino al país»? Esa no es la gramática del periodismo. Es la gramática de la operación política.

Y aquí está el nudo que ninguna cortina de humo logra tapar: ¿quién dio la orden? Angie Rodríguez dice que fue Petro. Petro responde que «nunca le dio orden de hablar con paramilitares» y que, si ella pidió algo, «fue decisión suya». Mancuso no se la atribuye directamente al expresidente, pero remata con una frase lapidaria: «Eso lo deberán responder ella, su asesor y el expresidente ante la justicia.» Tres versiones, un mismo escenario, y un país obligado a mirar cómo los protagonistas se devuelven la papa caliente mientras la verdad se escurre entre tecnicismos.

Quienes defienden al expresidente insisten en que, hasta ahora, no hay una orden suya probada. Es cierto, y la honestidad intelectual obliga a reconocerlo: una cosa es un audio de De Currea-Lugo buscando a Mancuso, y otra muy distinta una instrucción documentada desde la Casa de Nariño. La Fiscalía ya abrió noticia criminal y compulsó copias a la Comisión de Acusaciones; la Procuraduría investiga a Rodríguez y a Benedetti. Que la justicia haga su trabajo, con pruebas y no con titulares. En eso, curiosamente, coincido con Petro: que esto se resuelva ante los jueces.

Pero no confundamos la prudencia judicial con la ingenuidad política. Porque mientras los abogados discuten quién firmó qué, lo que el país ya vio no se puede desver. Vio a un hombre del poder cortejando a un exparamilitar para fabricar un «golpe de opinión». Vio reuniones en Valledupar —cuna del paramilitarismo, vaya símbolo— donde, según varios de los asistentes, salieron a relucir tres nombres de la derecha. Vio a una exfuncionaria rompiendo en llanto y diciendo que tiene miedo de que la asesinen. Y vio que, cuando los exjefes de las AUC se negaron a prestarse al libreto, la respuesta no fue agradecer su negativa, sino, según Rodríguez, un grito y una amenaza.

Durante años nos dijeron que la izquierda colombiana era la reserva moral frente a la parapolítica. Que ellos eran los que denunciaban, no los que negociaban con los verdugos. Valledupar pone esa narrativa a prueba. Y si algo enseña este episodio es que la cercanía con el paramilitarismo no tiene color político: corrompe a quien la toca, sin importar de qué orilla venga.

Falta mucho por saber. Faltan los audios completos, el documento firmado, las declaraciones bajo juramento, el fallo que ponga a cada quien en su lugar. Pero una cosa ya quedó clara con ese audio: en Colombia hubo quien pensó que la memoria de las víctimas podía alquilarse por un «golpe de opinión». Y eso, haya o no haya condena, ya es una vergüenza nacional.

Que la justicia diga quién dio la orden. El país, al menos, ya sabe lo que se dijo.