Hay un dato que ninguna de las partes discute: en octubre de 2025, en un hotel de Valledupar, once exjefes de las extintas AUC se sentaron en la misma mesa con altos funcionarios del gobierno Petro. Mancuso, ‘Jorge 40’, ‘Macaco’ y compañía, reunidos durante tres días con la cúpula del Dapre y del Ministerio del Interior. Eso no es rumor ni filtración: hay un documento firmado que lo prueba. Todo lo demás —el para qué de esa cita— es, por ahora, una guerra de versiones. Y conviene no confundir las dos cosas.

Empecemos por lo sólido, porque es mucho. El martes, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exministro Armando Benedetti y la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. La delegada Patricia Carrillo lo escribió sin eufemismos: ambos «habrían conocido y participado de un presunto plan para que, en medio de la campaña presidencial, exjefes paramilitares acusaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras de tener relación con grupos paramilitares». El Ministerio de Justicia, por su lado, ya le pidió a la Fiscalía investigar penalmente. Que dos ramas del Estado se muevan el mismo día no es un detalle menor: significa que el caso dejó de ser trinos para volverse expediente.

Ahora el matiz que algunos querrán saltarse: abrir investigación no es condenar. No hay pliego de cargos, no hay fallo, y Benedetti, Rodríguez y el propio Petro conservan la presunción de inocencia. Quien lea una apertura disciplinaria como si fuera una sentencia hace exactamente lo que critica del adversario: convierte una sospecha en veredicto.

Lo que sostiene la acusación son dos voces de peso. Angie Rodríguez —que pasó de organizadora a principal denunciante y ya busca colaborar con la justicia— afirma que Petro le dio la orden de que los ‘exparas’ hablaran contra esos tres dirigentes, que al negarse «me gritó por teléfono» y que, en su lectura, «preparó un montaje contra Abelardo De La Espriella». Y Salvatore Mancuso, desde un video en X, respaldó la versión: dice que les pidieron «acusar a tres hombres para ganar una elección» y que «ninguno de nosotros aceptó». Dos relatos que coinciden. Pero coincidir no es probar, y hay que decirlo con todas las letras: Mancuso es un testigo con intereses propios ante la JEP y Justicia y Paz. Su palabra pesa, sí, pero debe contrastarse, no canonizarse.

Del otro lado está la defensa de Petro, y tiene su propia lógica. El expresidente no negó la reunión; la reivindicó. Sostiene que la mesa se creó por la Resolución 327 de septiembre de 2025, con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría como invitados permanentes, y pidió que se conozcan las actas. Para rematar, publicó el documento firmado: la «Declaración de Valledupar», que habla de cerrar el proceso de Ralito, devolver bienes a las víctimas y completar la verdad sobre los financiadores. Su mensaje es claro: lo que hubo fue política de paz, no una emboscada electoral, y exige «una sola prueba» de que dio la orden.

Y aquí está el nudo del asunto, el que ningún bando resuelve a gritos. El mismo hecho —una reunión con exjefes paramilitares— admite dos lecturas radicalmente opuestas. Para unos fue el cierre legítimo de un proceso de paz pendiente desde hace veinte años. Para otros, el disfraz institucional de una operación para ensuciar a la derecha en vísperas de elecciones. El documento firmado sirve a las dos narrativas: prueba que hubo un propósito oficial, pero no descarta que, por debajo de la mesa, se hubiera pedido algo más. Los papeles dicen lo que dicen; no siempre dicen lo que pasó.

Por eso la pregunta decisiva no es a quién creerle hoy, sino qué puede verificarse mañana. ¿Existen las actas que Petro invita a revisar? ¿Qué registran? ¿Hay correos, chats o testigos que respalden la orden que describe Rodríguez? ¿Por qué un año preelectoral, y no antes ni después? La presencia sorpresiva del entonces gerente de RTVC, Hollman Morris —que dice que solo buscaba una entrevista con ‘Jorge 40’—, y los señalamientos sobre un presunto «libreto» de transmisión en vivo son cabos que la investigación tendrá que atar o cortar.

Mientras tanto, lo responsable es incómodo: ni comprar entera la tesis del «complot» ni tragarse sin más la del «proceso de paz impoluto». Lo que sabemos es grave y está documentado; lo que falta es, justamente, lo que convierte una sospecha en delito. Que el país exija esa claridad no es tomar partido. Es lo mínimo cuando en la misma foto aparecen el poder y el paramilitarismo.