En medio del debate sobre las políticas de paz en Colombia, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación y cuestionamiento sobre la reciente decisión del Gobierno de designar a 18 exjefes paramilitares de las AUC como ‘gestores de paz’.

Marín, en una declaración pública, expresó su desconfianza en esta medida y planteó serias dudas sobre la efectividad de estos exlíderes paramilitares en el proceso de paz, cuestionando sus acciones pasadas y su capacidad para contribuir de manera genuina al cese de la violencia en el país.

“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho?” cuestionó la funcionaria. Además, hizo referencia al historial de estos excombatientes, señalando que muchos de ellos han sido responsables de crímenes graves durante la violencia del conflicto armado, lo que incluye violaciones de derechos humanos y actos terroristas. “¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido?”, se preguntó la Defensora.

Marín también expresó su preocupación por el mensaje que esta decisión podría enviar a quienes actualmente están involucrados en actividades delictivas. “¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, enfatizó.

La decisión del Gobierno de incorporar a exjefes paramilitares como gestores de paz se inscribe en un esfuerzo por avanzar en la implementación de políticas que busquen la reconciliación y el restablecimiento de la paz en el país, sin embargo, sigue generando controversia y dividendo opiniones en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre las víctimas del conflicto armado.

Este es un tema complejo que sigue siendo analizado por expertos en derechos humanos, organizaciones sociales y autoridades, que temen que la medida pueda generar más desconfianza entre las víctimas y en la sociedad colombiana en general, afectando el proceso de paz que ha sido una de las principales prioridades del gobierno.