En las montañas rurales de Jamundí, Valle del Cauca, la vida de los campesinos está marcada por el miedo y la extorsión. Bajo el mando de alias Iván Mordisco, la estructura armada Jaime Martínez de las disidencias de las Farc adelanta la construcción de una carretera que unirá los corregimientos de San Antonio y Villacolombia. Una obra que, lejos de ser una inversión social, se financia con dinero arrancado a la comunidad bajo amenaza de muerte.

Cada habitante debe entregar 500.000 pesos en efectivo como “cuota de obra” y 80.000 pesos adicionales por cada niño matriculado en la escuela, lo que para muchas familias representa más de 700.000 pesos en pocos días. “Quien no paga, aparece muerto. Así de simple”, relata un poblador que pide no ser identificado.

El asesinato de Ruhal Martínez, vicepresidente del corregimiento Villacolombia, el pasado 6 de agosto, se convirtió en un brutal recordatorio de esa regla. Ruhal fue sacado de su casa por hombres armados y ejecutado en la vereda El Descanso. Según habitantes, su muerte fue un mensaje de las disidencias: “colaboras o mueres”.

Control absoluto y “carnets de vida”

En la zona, los campesinos deben portar un carnet de movilidad expedido por la Jaime Martínez, documento que funciona como salvoconducto para vivir o transitar en el territorio. Para obtenerlo, entregan su cédula al grupo armado y esperan días hasta recibir el plástico.

La colaboración no es solo económica. Los testimonios recogidos apuntan a que los disidentes también obligan a los pobladores a participar en bloqueos y protestas contra la fuerza pública. “Nos dicen que hay que gritar, bloquear al ejército, sacar a los soldados. Nos usan como escudos humanos”, denuncia otro habitante.

La semana pasada, unos 150 soldados fueron rodeados por civiles –en su mayoría presionados– y obligados a abandonar la zona, en una acción coordinada por las disidencias.

Autoridades alertan, comunidad huye

El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que se ha identificado el trazado ilegal de la vía y anunció una operación conjunta con la Fiscalía para detener la obra.
Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro denunció que en otras zonas rurales del Valle se han reportado extorsiones de hasta 5 millones de pesos, exigiendo una intervención urgente del Gobierno Nacional.

Mientras tanto, algunas familias venden sus tierras a precios irrisorios o las abandonan para escapar del control armado. Otras, resignadas, permanecen atrapadas entre la amenaza de perder la vida y la necesidad de proteger lo poco que tienen.

“Aquí no hay Estado. El que manda es la disidencia. Y, si uno no obedece, lo matan”, concluye un campesino, con la mirada fija en la carretera que nunca pidió, pero que ahora financia con su miedo y su trabajo.