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Ministro Bonilla y su círculo más cercano, salpicados por escándalo de corrupción legislativa
En una extensa y contundente decisión de 799 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que existen serios indicios de una presunta negociación criminal desde el alto Gobierno para comprar los votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público durante 2023. El objetivo: obtener aprobación para los cupos de endeudamiento solicitados por el Ejecutivo.
Según el alto tribunal, desde el Ministerio de Hacienda —liderado por el ministro Ricardo Bonilla— y con la participación activa del viceministro Diego Guevara y de la funcionaria María Alejandra Benavides, se habrían adelantado acercamientos, reuniones informales y compromisos secretos con congresistas como Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
Una estrategia sistemática
La investigación judicial reveló que la aparente estrategia para lograr los votos favorables comenzó el 26 de septiembre de 2023, con un plan que incluía desayunos, reuniones informales, promesas de gestión de proyectos a través de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), y una cuidadosa exclusión de funcionarios técnicos como el director de Crédito Público, José Roberto Acosta.
Una pieza clave en esta operación habría sido María Alejandra Benavides, quien en múltiples conversaciones con su antecesora Andrea Ramírez, y otros actores como el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, reconoce que se trataba de un trabajo “oculto” y que los compromisos con los congresistas no eran conocidos por las áreas técnicas del Ministerio.
El papel del ministro Bonilla
A pesar de haber declarado públicamente que no mantenía contacto directo con los parlamentarios, la Corte documentó reuniones del ministro Bonilla con varios de los sindicados —entre ellos Wadith Manzur y Liliana Bitar—, así como autorizaciones escritas para que sus funcionarios negociaran con ellos, incluso cuando se encontraba fuera del país, como ocurrió el 5 de diciembre de 2023 desde Dubái.
En uno de los chats más comprometedoras, Benavides le consulta a Bonilla si ella y el viceministro podían comunicar a los congresistas que sus proyectos en la UNGRD saldrían al año siguiente, a lo que el ministro responde: “Sí, adelanta eso”.
Aprobaciones condicionadas y presiones políticas
La Corte también encontró que las decisiones dentro de la Comisión Interparlamentaria habrían estado condicionadas a la materialización de proyectos específicos en municipios como Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, por un monto cercano a los 92.000 millones de pesos. Las pruebas incluyen chats donde Manzur le advierte a Benavides que si no había avances, no sesionarían más ese año.
De hecho, el último proyecto fue aprobado solo después de una reunión urgente entre Bonilla y Olmedo López, entonces director de la UNGRD. Posteriormente, los congresistas votaron favorablemente en bloque, cumpliendo el presunto pacto con el Gobierno.
El «cónclave» ministerial y las reuniones secretas
Uno de los eventos más llamativos documentados por la Corte fue una reunión el 27 de noviembre de 2023, convocada como “reunión de emergencia” por el DAPRE. A ella asistieron varios ministros del gabinete, incluidos Guillermo Alfonso Jaramillo, Gloria Inés Ramírez y Mauricio Lizcano, y según los testigos, se retiraron los celulares y se mantuvo el encuentro en total reserva.
La Sala considera que dicha reunión tuvo el objetivo de blindar políticamente la operación y repartir responsabilidades frente a los congresistas. El testimonio de Olmedo López, presente en esa reunión, fue considerado creíble por la Corte.
Posibles consecuencias penales y políticas
Aunque aún no se ha formulado acusación formal, los hallazgos permiten prever un eventual juicio penal contra varios congresistas y altos funcionarios del Gobierno, por los presuntos delitos de cohecho, concierto para delinquir, y tráfico de influencias.
La Sala hizo además una comparación directa con el caso histórico de la “Yidispolítica”, sugiriendo que este nuevo escándalo tiene similares implicaciones para el bien jurídico de la administración pública.
Otros elementos llamativos
El representante Jhon Fredy Núñez, aunque no está siendo investigado, figura en varios chats reclamando a Benavides por no incluirlo en las gestiones con otros congresistas.
El congresista Juan Diego Muñoz, tras su renuncia, habría transferido sus “compromisos” al representante Wilmer Castellanos, un viejo conocido de la Corte.
La Corte también analiza el rol del senador Gustavo Moreno, quien habría solicitado su participación en los beneficios negociados, según conversaciones encontradas.
Conclusión
Este escándalo, que hoy sacude al Gobierno Nacional, plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si llama a juicio a los implicados. Pero desde ya, el caso representa uno de los episodios más graves de presunta corrupción política en la historia reciente de Colombia.
