Cada cambio de gobierno trae consigo una auditoría de lo recibido, y casi siempre la discusión se queda atrapada entre quienes ven persecución política y quienes ven corrupción heredada. Por eso conviene mirar los datos con la frialdad que merecen. La Cancillería acaba de entregar los primeros resultados de la revisión de su contratación, y lo que muestran no es, todavía, una sentencia, pero sí un patrón que cualquier ciudadano tiene derecho a que se explique.

Qué revisaron y qué encontraron

Desde el 7 de agosto, la entidad ha examinado 811 contratos por cerca de $92.846 millones, en cumplimiento de la orden que el presidente Abelardo de la Espriella dio el 29 de agosto de realizar auditorías forenses en las entidades del Estado. Los hallazgos preliminares son:

• Contratos repetidos. 551 de los 811 contratos revisados tienen actividades repetidas o muy similares, y 367 tienen objetos contractuales idénticos pese a haberse firmado por valores distintos. En algunos casos, la diferencia de precio entre contratos con el mismo objeto llega a ser de hasta cuatro veces.
• Casos atípicos. Uno de los contratos tiene un valor de $2.839 millones y un plazo de ejecución de solo dos días. Otro figura por $0, pero con plazo hasta 2028.
• El día antes de la Ley de Garantías. 227 contratos se firmaron el 30 de enero de 2026, por un valor conjunto de $21.137 millones, que equivale al 28,1 % de toda la contratación del año. Ese día fue, precisamente, la víspera de la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías.
• Concentración en el tiempo. El 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales, y 101 contratos se firmaron en fines de semana.
• Sin competencia. El 99,6 % de los contratos revisados se adjudicó por contratación directa, sin procesos competitivos de selección.

Los 19 contratos que van a la Contraloría

De todo el universo revisado, la Cancillería destacó 19 contratos con observaciones, por aproximadamente $100.164 millones, y los remitió a la Contraloría para que determine si hay mérito para una actuación de control fiscal. La entidad hizo una precisión que hay que subrayar: esa cifra corresponde al valor de los contratos observados, no a un detrimento patrimonial probado, y los hallazgos están en etapa preliminar. Los responsables de esos contratos tienen derecho a defenderse.

Esa salvedad no es retórica. Una concentración de firmas antes de una restricción legal, o una alta proporción de contratación directa, son señales de alerta, no pruebas de delito. La contratación directa es una modalidad legal, y firmar contratos antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías es una práctica conocida en casi todos los fines de gobierno. Lo que la hace sospechosa es la combinación de factores: valores dispersos para objetos idénticos, plazos que no cuadran con el monto y un volumen concentrado en pocos días. Eso es lo que una auditoría debe aclarar.

Una nota de rigor sobre las cifras

Vale advertir algo que se desprende de los propios números divulgados: los 19 contratos observados suman $100.164 millones, una cifra superior al total de los 811 contratos revisados ($92.846 millones). Es probable que se trate de diferencias de metodología, como contratos con adiciones o vigencias distintas, pero obliga a esperar el informe completo antes de sacar conclusiones definitivas. En un tema tan sensible, la precisión importa tanto como la denuncia.

No es un caso aislado

La revisión de la Cancillería se suma a un proceso más amplio. En el Ministerio de Igualdad, cuya liquidación estuvo acompañada de una auditoría integral, el Gobierno reportó el examen de más de 60 contratos por cerca de $469.000 millones, anunció 13 denuncias por presuntas irregularidades y dijo que busca recuperar cerca de $200.000 millones. Por su parte, la Contraloría anunció que examinará tres contratos suscritos por el Gobierno saliente con la Cancillería, el Dapre e Inravisión, por cerca de $16.627 millones, ante posibles sobrecostos, duplicidades y pagos sin soporte.

Lo que viene

La Cancillería informó que seguirá verificando la documentación y que los casos debidamente sustentados irán a la Procuraduría, la Contraloría y, cuando corresponda, la Fiscalía. Ese es el camino correcto: que los hallazgos se conviertan en expedientes, y los expedientes en decisiones de los organismos de control y los jueces.

Hay una responsabilidad compartida en este momento. Al Gobierno actual le corresponde que las auditorías se traduzcan en resultados verificables y no en titulares que se desinflan, y que no se use el hallazgo preliminar como condena anticipada. A los responsables de la administración anterior les corresponde explicar, con documentos, por qué se firmaron contratos idénticos con precios tan distintos y por qué más de la mitad de la contratación del año se concentró en el tramo previo a las restricciones electorales. Mientras esas explicaciones no lleguen, la pregunta seguirá abierta, y el país tiene derecho a una respuesta.