Hay una forma de mentir sin decir una sola palabra falsa, y el Gobierno Petro la perfeccionó con las cifras de hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) salió a decir que «Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas», y técnicamente no mintió: los años de autosuficiencia, en efecto, no cayeron de forma dramática. El problema es lo que esa frase, leída sola, esconde. Porque la estabilidad no vino de que el país tenga más petróleo o más gas guardado bajo tierra. Vino de que Colombia está produciendo menos. Es la diferencia entre administrar bien una despensa llena y estirar una despensa que se vacía, comiendo menos cada día. El Gobierno escogió contarnos la segunda historia con el lenguaje de la primera.

El truco aritmético de los «7,4 años»

Las cifras de la propia ANH lo confirman. La vida útil de las reservas probadas de petróleo pasó de 7,2 años en 2024 a 7,4 años en 2025. Leído rápido, suena a buena noticia. Leído con calma, es una trampa estadística: la extracción cayó 3,9 % el año pasado, a 272 millones de barriles. Es decir, no es que tengamos más petróleo, es que estamos sacando menos. Los cálculos del gremio Campetrol lo dejan en blanco y negro: si Colombia hubiera mantenido el ritmo de producción de 2024, la autosuficiencia real habría caído a 7,1 años, no subido a 7,4. El Gobierno se vistió con un número que en realidad es la consecuencia de producir menos, no de tener más.

Con el gas, el ejercicio es todavía más descarado. La autosuficiencia «se estancó» en 5,9 años, el nivel más bajo desde 2009, porque la producción se desplomó 17,4 % en un solo año. Si se hubiera sostenido el ritmo de 2024, el gas alcanzaría para apenas 4,9 años. Es decir, la cifra que el Gobierno presentó como estabilidad esconde, en realidad, un año entero de caída libre disfrazado por el freno en el consumo de las propias reservas.

El número que de verdad debería preocuparnos

Si hay un dato que resume el tamaño del problema, es este: las nuevas reservas de petróleo ligadas estrictamente a descubrimientos exploratorios fueron de apenas cuatro millones de barriles en 2025. Comparado con el promedio histórico de 85 millones de barriles que el país lograba entre 2012 y 2018, estamos hablando de una caída del 95,3 %. No es una desaceleración. Es casi una desaparición de la actividad exploratoria que sostiene el futuro energético del país.

Y por cada 100 barriles de petróleo que Colombia consumió, solo logró reponer 94. En gas, el panorama es directamente alarmante: el índice de reposición de reservas se fue a terreno negativo, -20 %, frente al 12 % positivo que se había logrado en 2024. Las reservas de gas natural, en términos absolutos, se han reducido cerca del 70 % en los últimos 13 años. Eso no se arregla con un comunicado de prensa optimista.

Las causas tienen nombre propio

El relato oficial prefiere hablar de «transición energética» y de «estabilidad», pero los expertos del sector señalan con nombre propio el origen de la crisis. La reforma tributaria de 2022 elevó la participación del Estado en las utilidades del sector hidrocarburífero a niveles superiores al 80 %, golpeando la rentabilidad y espantando la inversión. El resultado se ve en el terreno: de perforar entre 110 y 130 pozos exploratorios al año entre 2010 y 2014, el país pasó a apenas 45 en 2025. No ha habido una sola ronda de asignación de nuevos bloques de exploración desde 2021.

A eso se suman los obstáculos que el propio modelo de gobierno alimentó: trámites ambientales eternos, consultas previas sin agilidad institucional, bloqueos territoriales y un deterioro generalizado del clima de seguridad e inversión. El resultado: contratos suspendidos, multinacionales reduciendo o cerrando operaciones, y un mercado cada vez más concentrado en una sola empresa —Ecopetrol concentra el 82 % de la producción y el 88 % de las reservas del país—, lo que deja a Colombia con una dependencia energética peligrosamente poco diversificada.

Lo que viene: la herencia que recibe el nuevo Gobierno

Este no es un debate técnico para especialistas. Es la diferencia entre que Colombia siga importando cada vez más gas para abastecer su propio consumo, o que recupere la soberanía energética que supo tener. Los gremios del sector ya pusieron sobre la mesa la hoja de ruta: reactivar con urgencia la exploración, aumentar el recobro en los pozos existentes, acelerar los proyectos costa afuera —donde se concentra el 74,5 % de los recursos contingentes de gas— y avanzar en yacimientos no convencionales, incluido el fracking, una discusión que el Gobierno saliente prefirió enterrar por dogma ideológico antes que por evidencia técnica.

El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella recibe, entonces, no solo el reto político de la transición de mando, sino una herencia energética que exige decisiones rápidas: agilizar trámites ambientales sin sacrificar los estándares, dar garantías de seguridad jurídica y física para que vuelva la inversión, y abrir nuevas rondas de exploración que llevan cinco años congeladas. Mientras el discurso oficial insistía en que todo estaba «estable», el país seguía gastando más reservas de las que lograba reponer. Las cifras de la ANH, leídas con atención, no cuentan una historia de estabilidad. Cuentan la historia de una crisis que se administró con buen marketing y mala gestión.

Otras miradas

No todos los analistas coinciden en que la solución pase exclusivamente por flexibilizar trámites o reabrir el debate del fracking. Sectores ambientalistas y algunas organizaciones territoriales han señalado, durante los últimos años, que los conflictos sociales en torno a proyectos extractivos no son un simple obstáculo burocrático, sino el reflejo de tensiones legítimas sobre el uso del territorio, el agua y la consulta previa a comunidades étnicas, derechos que tienen respaldo constitucional. Bajo esa lectura, agilizar procesos sin fortalecer al mismo tiempo la institucionalidad ambiental y social podría profundizar los conflictos en lugar de resolverlos, incluso si en el corto plazo mejora las cifras de producción.

También hay quienes atribuyen parte de la caída en la inversión a factores externos al manejo del Gobierno saliente, como la caída del 14,2 % en el precio internacional del Brent durante 2025, que de por sí reduce los incentivos globales para la exploración, independientemente de la política tributaria interna de cada país.