Iván Cepeda perdió la elección presidencial por menos de un punto, lo reconoció públicamente el 24 de junio, y apenas seis días después firma un comunicado de doce numerales en el que, en la práctica, anuncia que no acatará la posesión de Abelardo de la Espriella si este no cumple una lista de exigencias redactadas unilateralmente por el propio Cepeda. Aceptar la derrota en un discurso y desconocerla en la letra pequeña de un documento posterior no es coherencia democrática: es ganar tiempo para construir, desde ya, el relato de una oposición que se presenta como víctima antes incluso de que el nuevo gobierno se haya posesionado.

Condicionar la democracia con un libreto propio

El comunicado es elocuente en su estructura: doce puntos que mezclan dudas legítimas sobre la doble nacionalidad de un presidente electo con acusaciones de mucho mayor calado —vínculos con narcotraficantes, posible colaboración con agencias de inteligencia extranjeras, financiación ilícita— que hasta el momento no han sido confirmadas por ninguna autoridad judicial, ni colombiana ni estadounidense. Cepeda las presenta como hechos consumados y, sobre esa base, construye una condición final: si De la Espriella no cumple lo que él exige antes del 7 de agosto, su posesión sería «ilegal e ilegítima» y él, como líder de la oposición, llamará a millones de colombianos a desconocer la autoridad del nuevo gobierno.

Ese salto es el verdadero problema. Una cosa es exigir transparencia sobre la nacionalidad de un mandatario electo —un debate jurídico legítimo que merece resolverse por las vías institucionales, no por comunicado de prensa— y otra muy distinta es erigirse en juez único de la legitimidad de una posesión presidencial y, de paso, invitar a la ciudadanía a la desobediencia civil si el árbitro no falla a su favor. La democracia colombiana tiene jueces, tiene Consejo de Estado, tiene Corte Constitucional. No tiene, hasta donde se sabe, una cláusula que le permita al candidato derrotado fijar unilateralmente las condiciones bajo las cuales acepta o no un resultado electoral que él mismo ya reconoció.

El patrón que se repite

Esta no es una salida improvisada. Desde la noche misma de la segunda vuelta, sectores del oficialismo saliente vienen ensayando distintas variaciones del mismo guion: cuestionar el sistema electoral, denunciar injerencia extranjera, anticipar la resistencia en las calles. Petro lo hizo con sus trinos antes de finalmente reconocer el triunfo de De la Espriella. Una dirigente de la Juco lo llevó al extremo de anunciar que la tarea de su organización sería «hacer invivible» el país durante el nuevo gobierno. Y ahora Cepeda, con un lenguaje más institucional pero con el mismo fondo, plantea una amenaza de desconocimiento si no se cumplen sus condiciones.

El patrón importa porque revela una estrategia, no un exabrupto aislado: perdida la batalla en las urnas, una parte de la izquierda colombiana parece decidida a trasladar el conflicto del terreno electoral al terreno de la calle y la deslegitimación permanente, antes incluso de que el nuevo gobierno tenga oportunidad de gobernar.

Lo que está en juego

Colombia necesita, después de una de las elecciones más reñidas de su historia reciente, una oposición fuerte, vigilante y capaz de fiscalizar al nuevo gobierno con argumentos. Eso es sano para la democracia. Lo que no es sano es que esa oposición se construya sobre la amenaza de no reconocer resultados que ya fueron aceptados, ni sobre acusaciones graves presentadas sin el debido proceso que ellas mismas exigirían. Si Cepeda tiene pruebas de delitos cometidos por De la Espriella, el camino es la denuncia formal ante la justicia, no el comunicado político con fecha límite. Confundir ambas cosas no fortalece la institucionalidad que el propio Cepeda dice defender: la debilita.

Otras miradas

No toda crítica al comunicado de Cepeda es unánime. Sectores cercanos al Pacto Histórico sostienen que las dudas sobre la doble ciudadanía de un presidente electo sí tienen sustento constitucional y comparativo —varios países exigen renunciar a otras nacionalidades para ejercer la primera magistratura—, y que exigir claridad antes de la posesión no equivale a desconocer el resultado electoral, sino a pedir que se cumplan los requisitos legales para ejercer el cargo. Bajo esa lectura, el comunicado sería una herramienta de presión política legítima, no una amenaza antidemocrática.

También hay quienes recuerdan que la carta atribuida a congresistas demócratas estadounidenses, si se confirma su autenticidad, plantearía interrogantes que merecerían respuesta pública por parte del propio De la Espriella, independientemente de la forma en que Cepeda decidió utilizarla políticamente.