Hay cifras que uno lee y sigue de largo, y hay cifras que deberían detenernos en seco. La proyección de The Economist Intelligence Unit para 2026 pertenece a la segunda categoría: Colombia tendría un déficit fiscal de 6,6% del PIB, el tercero más alto entre 43 economías analizadas, solo por detrás de Brasil (7,3%) y Polonia (7%). Para ponerlo en perspectiva, superaríamos a Estados Unidos, China, Francia y Arabia Saudita en desequilibrio fiscal. No es una compañía de la que debamos sentirnos orgullosos.

Un déficit que ya superó la meta oficial

El dato no es un capricho estadístico. La cifra proyectada está 1,3 puntos porcentuales por encima de lo que el propio Ministerio de Hacienda se propuso en su más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es decir, ni siquiera estamos cumpliendo nuestras propias metas, unas metas que ya de por sí eran generosas.

Y no se trata de un pronóstico exagerado. Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, ha sido claro: el país reúne las dos condiciones que hacen probable —casi inevitable— un déficit de esta magnitud. Por un lado, el recaudo tributario no alcanza para financiar el funcionamiento básico del Estado. Por otro, el costo de la deuda pública es tan alto que Colombia podría estar destinando entre 4% y 5% del PIB únicamente al pago de intereses. A eso hay que sumarle algo que Zuleta no dejó pasar: en los últimos años no ha existido un esfuerzo real por contener el gasto público.

¿Por qué debería importarle a un ciudadano de a pie?

Aquí está la parte que muchas veces se pierde en el debate técnico. El déficit fiscal no es un problema abstracto de economistas y funcionarios; es un problema que, tarde o temprano, termina en el bolsillo de cada colombiano.

El mecanismo es relativamente sencillo de entender. Cuando el Gobierno necesita financiar un hueco fiscal cada vez más grande, los mercados exigen tasas de interés más altas para prestarle dinero. Ese encarecimiento no se queda en los bonos soberanos: se traslada al crédito de empresas y hogares. Sectores intensivos en financiamiento, como la construcción, sienten el golpe primero, con menos proyectos y menos empleo. El resultado, a mediano plazo, es menor acumulación de capital y una economía que crece más despacio.

Carlos Sepúlveda, director del Centro de Competitividad Regional de la Universidad del Rosario, lo resume de una manera que debería quedar grabada: el déficit no se siente hoy, se siente después, en la inflación, en el costo del crédito o en el recorte del gasto social cuando ya no hay más margen. A eso se suma la presión sobre el peso colombiano y la amenaza constante de una nueva reforma tributaria para tapar el hueco.

La tasa de interés que paga Colombia ya es una señal de alarma

Otro dato del informe confirma que el mercado ya está cobrando factura: la tasa proyectada para los bonos soberanos colombianos a 10 años es de 11,8%. Es una cifra alta si se compara con economías como Suiza (0,4%), pero también preocupante frente a países de la región y de perfil de riesgo similar. Solo Turquía, Egipto, Rusia, Brasil y Pakistán pagan más caro que nosotros por financiarse. Esa tasa no es un número aislado: es el reflejo de cuánto riesgo le atribuyen los inversionistas a nuestra sostenibilidad fiscal.

¿Todo déficit es igual de grave?

No necesariamente, y aquí vale la pena introducir un matiz importante que suele quedar por fuera del debate público. Zuleta insiste en que lo verdaderamente determinante no es el déficit en sí, sino la relación entre deuda y crecimiento económico. Una economía que crece al 3% puede sostener sin mayor drama déficits menores a ese porcentaje, porque lo que realmente importa es la trayectoria de la deuda sobre el PIB. El problema surge cuando los ingresos del Estado crecen más lento que la deuda: ahí es cuando la carga se vuelve insostenible.

El punto es que Colombia no solo tiene un déficit alto en términos absolutos, sino que lo tiene en un contexto de crecimiento económico moderado y sin señales claras de que ese crecimiento vaya a acelerarse lo suficiente como para compensar el ritmo de endeudamiento.

¿Qué podría hacer el país?

No todo son malas noticias si se actúa a tiempo. Raúl Ávila, profesor de Economía de la Universidad Nacional y la Universidad Sergio Arboleda, propone algo que suena razonable: una política de choque enfocada en reactivar sectores generadores de divisas, ingresos y recaudo tributario, como el turismo, la industria y el agro. Es una salida que no depende exclusivamente de recortar gasto o subir impuestos —las dos medidas más recesivas y menos populares—, sino de hacer crecer la base sobre la cual se sostiene la deuda.

Pero esa salida exige algo que hasta ahora ha faltado: decisión política y consistencia en el tiempo. No basta con anunciar reactivaciones sectoriales si, al mismo tiempo, se sigue postergando cualquier ajuste estructural al gasto público.

El ajuste que nadie quiere hacer, pero que tarde o temprano llegará

La advertencia de fondo de Zuleta es contundente: no es posible sostener indefinidamente un déficit fiscal elevado junto con una deuda creciente, porque en algún momento los mercados dejan de financiar esa deuda. Y cuando eso ocurre, el ajuste fiscal que sigue suele ser fuerte, abrupto y doloroso, ya sea vía recorte de gasto o incremento de impuestos.

La pregunta que deberíamos estarnos haciendo como país no es si ese ajuste llegará, sino si preferimos hacerlo de manera gradual y planeada, o esperar a que nos lo impongan las condiciones del mercado. La segunda opción, la historia económica de la región lo ha demostrado una y otra vez, siempre sale más cara.

Colombia todavía tiene margen para corregir el rumbo. La pregunta es si hay voluntad política para asumir el costo de corto plazo que implica evitar uno mucho mayor en el futuro.