Lo que empezó como un anuncio presidencial en redes sociales terminó convertido, en cuestión de horas, en un round jurídico y político que expone las fisuras de uno de los procesos de negociación más complejos que ha tenido el Gobierno Petro: el diálogo con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como ‘clan del Golfo’.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta en X, dos decisiones de peso: la firma de un decreto que levanta la suspensión de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del EGC, y la captura de otro de sus jefes, alias El Zarco. Hasta ahí, se trata de información sobre operaciones de seguridad del Estado. El punto de quiebre llegó cuando, en ese mismo trino, el Presidente afirmó que en la negociación con esa organización «no hubo sinceridad» y que la Fiscalía no habría respaldado el proceso por presión de Estados Unidos.

Esa frase, breve y publicada en una red social, fue la que encendió la respuesta del otro lado de la mesa.

La respuesta: una carta formal, no un comunicado cualquiera

El penalista Ricardo Giraldo, apoderado del Estado Mayor Conjunto del EGC, respondió con un documento que no busca defender a la organización armada —de hecho, él mismo aclara que no habla en su nombre ni como vocero político—, sino dejar constancia formal de lo que considera una serie de incumplimientos del Estado a lo largo del proceso.

Es un matiz importante: Giraldo no está haciendo política ni está reivindicando al ‘clan del Golfo’. Está actuando, según su propio comunicado, en su rol de apoderado, documentando una cronología para «efectos legales» y para la defensa de su actuación profesional dentro de un mecanismo de negociación que él mismo ayudó a verificar.

La cronología de los reclamos

La carta reconstruye el proceso desde sus orígenes: las primeras reuniones formales de paz exploratoria en febrero de 2023, los gestos de buena voluntad del EGC y la autorización oficial de las conversaciones el 8 de julio de 2024. A partir de ahí, Giraldo enumera varios momentos que, según él, marcaron rupturas en la confianza:

El giro tras la reunión con Trump. Después del encuentro entre Petro y Donald Trump en febrero de 2026, el cabecilla del ‘clan del Golfo’ fue declarado objetivo de alto valor por ambos gobiernos. Para Giraldo, esto resulta contradictorio con la suspensión de la orden de captura que el propio Gobierno colombiano había decretado en 2025.

Reuniones fallidas en marzo. Los encuentros previstos entre el 3 y el 4 de marzo de 2026 no se pudieron realizar, según el abogado, por incumplimientos en el protocolo de seguridad y la presencia inesperada de la Fuerza Pública en la zona.

Un nuevo trino, la misma dinámica. El 8 de marzo, día de las consultas interpartidistas, Petro volvió a pronunciarse en X, esta vez afirmando que el EGC había roto su propio acuerdo y debía ser objeto de desmantelamiento armado y judicial. Giraldo sostiene que esa declaración se hizo sin que existiera un canal institucional previo con la delegación del Gobierno en la mesa de negociación, lo que —según él— violó el protocolo firmado entre las partes.

El fondo del reclamo: la forma importa tanto como el mensaje

Más allá de los hechos puntuales, el reclamo central de Giraldo tiene que ver con el canal que ha usado el Presidente para comunicar decisiones de tanta trascendencia. Su argumento es que un proceso de negociación con un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación no debería anunciarse ni descalificarse a través de una red social, sino por los canales institucionales que las propias partes acordaron.

Esa es, quizás, la crítica más dura de toda la carta: decir públicamente que «sinceridad no hubo» no solo cuestiona al EGC, sino a todos los que han participado en la construcción, verificación y acreditación formal de esas conversaciones, incluyendo a la delegación del propio Gobierno y a los países garantes del proceso.

Un contexto que no es casual

Esta respuesta no ocurre en el vacío. Llega justo cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pidió que se investigara un audio revelado por Caracol Televisión en el que se escucharía a Danilo Rueda, primer comisionado de paz de este Gobierno, hablando de supuestos acuerdos de no agresión con el EGC e incluso de una purga de oficiales de inteligencia que se oponían a los diálogos.

Ese es el telón de fondo sobre el que aterriza la carta de Giraldo: un proceso de paz ya bajo sospecha, con señalamientos cruzados sobre su transparencia, y ahora con un reclamo formal de una de las partes sobre el manejo comunicacional del propio Presidente.

¿Qué pide el abogado?

Giraldo cierra su comunicado con un emplazamiento directo: que el Presidente someta sus declaraciones al escrutinio documental del mecanismo tripartito que existe precisamente para verificar este tipo de procesos. Es, en el fondo, una invitación a que la discusión se dé con pruebas y actas, y no con trinos.

Lo que está en juego

Independientemente de qué versión resulte más cercana a la realidad, esta carta deja en evidencia un problema de fondo en la manera como se está gestionando la comunicación de un proceso de paz de esta complejidad. Cuando las decisiones sobre extradiciones, capturas y evaluaciones sobre el cumplimiento de un grupo armado se anuncian primero en redes sociales y después —o nunca— se explican por canales institucionales, se abre la puerta a que cualquiera de las partes pueda cuestionar la seriedad y la transparencia del proceso.

La pregunta que queda flotando no es solo si el ‘clan del Golfo’ incumplió o no sus compromisos. Es también si el propio Estado está honrando el rigor institucional que un proceso de esta naturaleza exige, o si está dejando que decisiones de política de seguridad y justicia transicional se diriman a punta de trinos.