Hay denuncias que impactan por lo que revelan, y hay denuncias que impactan por el escenario en el que dicen haber ocurrido: una mesa con once de los principales excomandantes del paramilitarismo colombiano, en plena campaña presidencial, supuestamente convocados por el propio Gobierno para hablar de paz —y, según quien organizó el encuentro, en realidad citados para hablar de política.

Esa es la denuncia que Angie Rodríguez, hasta hace pocos días directora del Fondo Adaptación y antes directora del Dapre, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que reveló en entrevista con Semana: un presunto plan, nacido en la Presidencia, para que exjefes paramilitares señalaran públicamente al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en medio de la contienda electoral de este año.

El evento que parecía normal

Todo comenzó, según el relato de Rodríguez, como una tarea dentro de la llamada Paz Total del gobierno Petro: organizar en Valledupar un evento de cierre del histórico Pacto de Ralito, el acuerdo de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia firmado dos décadas atrás. La iniciativa, conocida públicamente como Diálogo Social Paz Total, se presentó como un espacio de reconciliación.

Rodríguez cuenta que se tomó la tarea con seriedad: organizó personalmente el primer encuentro, en noviembre, con once de los antiguos comandantes paramilitares —solo faltaron alias Don Berna y el fallecido Carlos Castaño—. Estuvieron, entre otros, Salvatore Mancuso, alias Macaco, alias Jorge 40 y alias el Alemán. Ella actuó como secretaria técnica del encuentro, que se extendió de martes a viernes, aunque —según su versión— el ministro del Interior, Armando Benedetti, solo llegó el último día.

La instrucción que cambió todo

Fue en ese punto, según Rodríguez, cuando recibió una orden que transformó la naturaleza del evento: que los exjefes paramilitares hablaran, específicamente, de tres personas —Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras—. La tarea, en otras palabras, ya no era cerrar un capítulo histórico del conflicto armado, sino conseguir que testimonios de excomandantes paramilitares salpicaran a figuras de oposición justo antes de las elecciones.

Rodríguez describe haber sido consciente de la gravedad de lo que se le pedía. Buscó respaldo institucional llamando al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y al gestor de paz Holman Morris, aunque asegura que ambos evitaron comprometerse directamente con la tarea.

Tensión, temor y un reencuentro inesperado

El relato de Rodríguez describe un ambiente de alta tensión durante los días del encuentro: temor a un posible envenenamiento de alguno de los exjefes paramilitares durante las comidas, y preocupación por la cercanía de estructuras del ELN en la zona.

Uno de los episodios que más la marcó, según contó, fue el reencuentro entre alias Jorge 40 y Salvatore Mancuso, quienes llevaban más de dos décadas sin verse y a quienes describe como enemigos declarados. Rodríguez decidió propiciar un encuentro previo entre ambos antes de que arrancaran formalmente los diálogos, por temor a que la tensión entre ellos escalara en público. Según su relato, el reencuentro terminó en un abrazo y en lágrimas, sin que ella llegara a conocer el contenido de esa conversación privada.

«El Gobierno no nos va a utilizar»

El punto de quiebre llegó, según Rodríguez, cuando trasladó directamente a los exjefes paramilitares la instrucción que había recibido: que hablaran sobre De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras. La reacción, de acuerdo con su testimonio, fue de rechazo inmediato: al menos dos de los asistentes expresaron su molestia, argumentando que no permitirían que el Gobierno los utilizara, y uno se retiró de la mesa.

Según Rodríguez, los excomandantes sí manifestaron disposición a colaborar con la verdad en otros términos: ir a los territorios, pedirles perdón a las víctimas y hasta entregar información sobre fosas comunes. Lo que rechazaron, de acuerdo con su versión, fue prestarse para señalar públicamente a figuras políticas en plena campaña.

La reacción en Bogotá

Lo que Rodríguez esperaba fuera recibido como un logro —haber destrabado el diálogo con los exjefes paramilitares sin que la situación se saliera de control— tuvo, según su relato, el efecto contrario. Al reportar lo ocurrido, la respuesta que dice haber recibido desde Bogotá fue de contrariedad, e incluso le habrían cuestionado si se estaba «aliando» con los paramilitares al no lograr que hablaran contra los tres señalados. Rodríguez asegura que se le ordenó regresar de inmediato a la capital.

Según su testimonio, el objetivo real detrás del encuentro no era la reconciliación, sino conseguir que los exjefes paramilitares ofrecieran ruedas de prensa o hicieran una gira pública señalando directamente a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras como responsables o financiadores de hechos violentos —un testimonio que, en su lectura, buscaba incidir en el resultado electoral—. Ni los exparamilitares ni ella, sostiene, accedieron a ese plan.

Un antecedente que ya existía en el debate público

El plan que describe Rodríguez no surge en un terreno enteramente nuevo. Es comparable, en su lógica, a la estrategia que en su momento impulsaron el entonces candidato presidencial Iván Cepeda y la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, quienes buscaron testimonios de exparamilitares en cárceles de Colombia y Estados Unidos con el fin de incriminar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago en investigaciones judiciales previas.

También existe un antecedente público directo: el 1 de octubre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno se había reunido con 16 gestores de paz designados por el presidente Petro, quienes se habrían comprometido a revelar una verdad que, en palabras del ministro, «asombraría a Colombia» y a la clase política que, según él, fue cómplice de masacres y hoy cuenta con varios de sus actores como candidatos. La declaración, en su momento, se interpretó como parte del proceso de la Paz Total; hoy, a la luz de la denuncia de Rodríguez, adquiere una lectura distinta.

Un capítulo más de una salida turbulenta del Gobierno

La denuncia sobre el plan de Valledupar llega en medio de un choque más amplio entre Rodríguez y el presidente Petro. Tras señalar presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Adaptación y en la gestión de la exfuncionaria Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil, el propio Petro pidió declararla insubsistente, e hizo pública una incapacidad médica de Rodríguez por razones psiquiátricas como parte de su argumento. Rodríguez respondió calificando esas declaraciones de estigmatizantes y anunció una denuncia formal contra el mandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara, alegando además que Petro llegó a vincularla con estructuras de narcotráfico en una conversación privada.

Es en ese contexto —de ruptura abierta con el Gobierno y acercamiento posterior al equipo de empalme del presidente electo— que Rodríguez entregó su testimonio sobre el episodio de Valledupar, actualmente en manos de un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación.

Lo que sigue

El propio Abelardo de la Espriella pidió garantizar la protección de la vida de Angie Rodríguez, y distintos sectores políticos han reclamado que sus denuncias sean escuchadas formalmente por la Fiscalía. Se trata, en cualquier caso, de un testimonio unilateral que aún no ha sido corroborado por una decisión judicial: corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos que acrediten la existencia del plan que describe Rodríguez, y si hubo, en efecto, una instrucción desde la Presidencia para utilizar el proceso de diálogo con exjefes paramilitares con fines electorales.