Hay una pregunta que los profesores de este país merecen hacerse en voz alta, sin eufemismos: ¿dónde están los sindicatos?

Porque mientras el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se desangra, quienes dicen representar a los docentes parecen más ocupados en cuidar un proyecto político que en cuidar a sus afiliados. Y los números, que no militan en ningún partido, cuentan una historia difícil de maquillar.

El Ministerio de Hacienda reconoce un faltante de $2,7 billones y un patrimonio negativo cercano a los $3,2 billones. La Procuraduría prendió las alarmas por un hueco de $1,84 billones solo para pagar la atención médica de los maestros en lo que queda del año. La Contraloría detectó 61 hallazgos de presuntas irregularidades y declaró de «impacto nacional» la investigación por presuntos desembolsos de $4,4 billones a proveedores, hechos —según el ente de control— sin los soportes reglamentarios, en las últimas cinco semanas del gobierno de Gustavo Petro. En Medellín se radican cerca de 20 tutelas diarias porque a un docente le cancelan la cita, le niegan el examen o no hay el medicamento. Esa es la «dignidad» que les tocó.

Conviene recordar de dónde salió este incendio. En mayo de 2024, bajo la administración Petro y su entonces ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, se eliminaron los diez operadores regionales que atendían a los maestros y se centralizó todo en la Fiduprevisora. La promesa era eliminar intermediarios. El resultado, según la Contraloría, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Educación, fue una entidad sin capacidad técnica para auditar, pagar y coordinar esa red: contratos sin soportes, gasto médico duplicado y cuentas por pagar que superan los $2,4 billones. Para tapar el forado asistencial, la junta del fondo habría empezado a mover más de $2 billones que estaban destinados a pensiones y cesantías. Es decir: le quitaron a la jubilación del maestro para pagar la enfermedad del maestro. Un robo a Pedro para pagarle a Pedro.

Sería injusto fingir que todo nació en 2024. El FOMAG ya arrastraba vicios de administraciones anteriores: monopolios regionales en la contratación, demandas acumuladas por pagos tardíos y hallazgos fiscales que vienen desde 2019. Nadie con memoria puede decir que el fondo era un dechado de virtud antes de Petro. Pero una cosa es heredar una casa con goteras y otra, muy distinta, tumbarle el techo en plena tormenta. El cambio de modelo no corrigió el problema histórico: lo multiplicó.

Y aquí volvemos a la pregunta incómoda. Cuando una EPS privada negaba un servicio, los sindicatos convocaban marchas, ruedas de prensa y pliegos. Hoy, con un modelo estatal que falla el doble —la atención de un maestro le cuesta al Estado unos $7 millones al año, frente a los $2 millones de un ciudadano del sistema general— el silencio de Fecode y compañía es ensordecedor. ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde los paros por las 20 tutelas diarias? ¿Dónde el comunicado exigiendo que aparezcan los soportes de esos $4,4 billones?

La respuesta, me temo, es políticamente inconveniente. Buena parte del sindicalismo magisterial amarró su suerte al petrismo, y reconocer el desastre del FOMAG sería reconocer el fracaso del gobierno al que le hicieron campaña. Entonces callan. Y al callar, dejan de ser sindicato para convertirse en caja de resonancia. El afiliado deja de ser su mandante y pasa a ser su rehén.

Que quede claro: criticar el silencio sindical no es atacar al maestro. Es exigir que quienes cobran cuotas en nombre del maestro trabajen para el maestro y no para un proyecto de poder. Un sindicato que no protesta cuando le roban las cesantías a sus afiliados no es neutral: es cómplice por omisión.

El contrato de administración fiduciaria vence el 31 de octubre de 2026 y el Gobierno está obligado a reestructurar el modelo a contrarreloj para evitar la parálisis total. Ese rediseño debe hacerse con los docentes en el centro y con auditoría forense de por medio —como la que pidió el Ministerio de Educación— para rastrear cada peso. Pero también debe hacerse con sindicatos que vuelvan a su oficio: vigilar, denunciar, exigir. Sin importar quién gobierne.

Porque la salud de 800.000 maestros no puede seguir siendo moneda de cambio. Y el día que un líder sindical tenga que explicarle a un profesor por qué calló mientras le vaciaban el fondo, no le va a servir la excusa de que «era el gobierno amigo».