Cuando Dilian Francisca Toro dice «siempre lo dijimos», no exagera. Durante años, el bloque de gobernadores insistió en que el valor de la Unidad de Pago por Capitación —el dinero que el Estado gira por cada paciente afiliado— era insuficiente para sostener el sistema de salud. Esa advertencia, repetida en cada debate sobre la reforma, fue en gran medida ignorada. Hoy, con los estados financieros definitivos de Nueva EPS sobre la mesa, la gobernadora del Valle del Cauca tiene en sus manos la prueba contable de lo que anticipaba.

El origen técnico de una crisis regional

El desbalance no es un misterio contable: en 2024, Nueva EPS recibió $22,2 billones en ingresos ordinarios, pero el costo real de atender a sus afiliados ascendió a $26,4 billones. La diferencia dejó una pérdida neta de $4,8 billones. Lo relevante es que los gastos de administración interna de la entidad se mantuvieron controlados en apenas 2,5 % de los ingresos, lo que descarta que el hueco financiero se deba a un mal manejo operativo. El problema, según el propio reporte, está en la base del sistema: la UPC que gira el Estado por cada paciente no alcanza a cubrir ni los tratamientos actuales ni las deudas heredadas de años anteriores.

Ese diagnóstico técnico es exactamente el que Toro y otros gobernadores venían señalando desde hace tiempo, y es la razón por la que su reacción no se limita a una crítica política genérica, sino que apunta a una variable específica: el valor de la UPC.

Lo que está en juego en el Valle del Cauca

Para la gobernadora, esto no es una discusión abstracta sobre cifras nacionales. En el Valle del Cauca, más de 1,1 millones de personas dependen exclusivamente de Nueva EPS, y la falta de claridad sobre la deuda de la entidad con la red hospitalaria y de clínicas del departamento genera una incertidumbre directa sobre la atención de los pacientes.

Toro fue más allá de la cifra macro y describió el impacto operativo de la crisis: hospitales y clínicas desfinanciadas, tratamientos interrumpidos para pacientes con enfermedades crónicas y huérfanas, y un talento humano en salud que sigue trabajando pese a los atrasos en los pagos. Su llamado incluyó de manera explícita a los grupos más vulnerables —madres, niños y adultos mayores— que enfrentan barreras administrativas para acceder a servicios básicos como la entrega oportuna de medicamentos.

Una exigencia concreta, no solo una queja

Lo que distingue el pronunciamiento de Toro de otras reacciones políticas al informe de Nueva EPS es que no se queda en el señalamiento. Su reclamo se traduce en una exigencia puntual hacia el Gobierno Nacional: una revisión técnica inmediata del valor de la UPC. El argumento de fondo es que, sin un ajuste real en los recursos que se giran por paciente, la red hospitalaria de las regiones no podrá sostener sus servicios de alta complejidad durante el segundo semestre del año.

Ese planteamiento no es exclusivo de la gobernadora vallecaucana. Se suma al de otros mandatarios seccionales del país que vienen insistiendo en lo mismo: el problema no se resuelve solo con intervenciones administrativas o con la radicación de estados financieros atrasados, sino con un ajuste estructural en la forma como se financia la atención en salud.

Lo que viene: entre la transparencia exigida y la sostenibilidad regional

El mensaje final de Toro resume la tensión de fondo: los vallecaucanos —y, por extensión, los usuarios de EPS intervenidas en todo el país— merecen transparencia, responsabilidad y un sistema que garantice atención digna y oportuna. Pero esa exigencia choca con una realidad financiera que, según el propio reporte de Nueva EPS, no se origina en un manejo corporativo irregular, sino en una ecuación de financiamiento que no cuadra.

La pregunta que queda abierta, y que probablemente marcará el debate del segundo semestre, es si el ajuste a la UPC que reclaman los gobernadores llegará a tiempo para evitar que la crisis financiera de Nueva EPS se traduzca en una crisis de atención real para millones de pacientes en las regiones.

Columna de opinión basada en el pronunciamiento de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y en los estados financieros definitivos de Nueva EPS correspondientes a 2023 y 2024.