El vocero de las estructuras criminales de Medellín, recluido en la cárcel de Itagüí, cuestionó la gestión de la Mesa de Paz Urbana y advirtió al nuevo gobierno que la seguridad en las comunas no se resuelve con megacárceles.

Freyner Ramírez, alias «Carlos Pesebre», integrante de la organización criminal «los Pesebreros» y vocero de la Mesa de Paz Urbana de Medellín, abrió un nuevo capítulo sobre el llamado «Tarimazo» de La Alpujarra, el evento realizado el 21 de junio de 2025 en el que participaron el presidente Gustavo Petro, integrantes del Gobierno Nacional —entre ellos la senadora Isabel Zuleta— y 23 voceros de grupos ilegales de Medellín. En una entrevista concedida desde prisión a la Unidad Investigativa de Caracol Radio y al programa 6AM W, el vocero habló por primera vez de manera pública sobre lo ocurrido ese día y sobre cómo se ha conducido el proceso desde entonces.

Un evento que se desvió de su propósito

Según el relato de Ramírez, a los miembros de la Mesa de Paz les habían anticipado que el «Tarimazo» sería un espacio para mostrarle a la ciudadanía los avances del proceso de conversación y presentar programas sociales y de seguridad derivados de esas mesas de trabajo. Entre esas iniciativas se contaban un programa piloto contra la extorsión, una estrategia denominada «Barrios Sin Tusi» y un proyecto articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Sin embargo, el vocero sostuvo que ese propósito se perdió en el momento: según su versión, nadie prestó atención porque el evento se convirtió en un asunto político, con discusiones sobre la reelección y temas ajenos a ellos. Ese giro, según Ramírez, terminó opacando por completo la agenda social y de seguridad que se pretendía visibilizar ese día.

Críticas a la conducción del proceso sociojurídico

El vocero también cuestionó la metodología y la conducción del proceso sociojurídico, coordinado inicialmente por la senadora Isabel Zuleta. Explicó que, desde que ella asumió esa coordinación, el trabajo se concentró en construir protocolos y una agenda metodológica que, según su versión, nunca llegó a hacerse pública ante la ciudadanía.

Vale la pena precisar que, en torno al caso del «Tarimazo», el Consejo de Estado absolvió en abril de 2026 a la senadora Isabel Zuleta de las acusaciones de pérdida de investidura que se le habían formulado, al determinar que no existió tráfico de influencias ni abuso de poder de su parte en el manejo del proceso.

Señalamientos contra los comisionados

Ramírez dirigió parte de sus críticas hacia los comisionados de paz vinculados al proceso. Cuestionó la gestión de Danilo Rueda por la falta de avances políticos concretos, y fue especialmente duro con Otty Patiño, de quien dijo que, después de una primera reunión con las estructuras criminales, no volvió a presentarse en el espacio de diálogo durante ocho meses.

Para el vocero, ese distanciamiento institucional contribuyó a que el proceso perdiera continuidad y credibilidad ante los propios actores armados que participaban en las conversaciones. De hecho, aseguró que la acumulación de esos errores en la conducción del proceso fue lo que lo llevó a apartarse temporalmente del espacio de diálogo de paz en febrero pasado, una decisión que ahora contextualiza como parte de su malestar con la forma en que se manejó todo el proceso desde el «Tarimazo».

Entre Nación y Alcaldía: una disputa política

Uno de los señalamientos más fuertes de Ramírez apunta a la instrumentalización política del proceso. Lamentó que las conversaciones de paz urbana en Medellín terminaran convertidas en un punto de fricción entre el Gobierno Nacional, encabezado por Gustavo Petro, y la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, en lugar de mantenerse como un espacio técnico orientado a reducir la violencia en la ciudad.

El balance que defiende: vidas salvadas

Pese a las críticas, «Carlos Pesebre» defendió que el proceso ha dejado un resultado positivo innegable: el desescalamiento del conflicto entre combos y bandas del Valle de Aburrá, que en su concepto se ha traducido en vidas humanas salvadas en la ciudad. Ese balance, dijo, debería pesar más que los tropiezos institucionales señalados durante la entrevista.

Mensaje al nuevo gobierno: no a las megacárceles

De cara al cambio de gobierno, el vocero envió un mensaje directo a la nueva administración. Aseguró que las estructuras criminales del Valle de Aburrá mantienen la disposición de aportar información y conocimiento para avanzar en el desmantelamiento de la criminalidad organizada en la región.

Al mismo tiempo, se refirió a las propuestas de seguridad de corte radical que han circulado en el debate público, comparables a las políticas de mano dura aplicadas por Nayib Bukele en El Salvador. Ramírez advirtió que ese tipo de salidas —centradas en la construcción de megacárceles— no resuelven el problema de fondo en las comunas de Medellín. Según su lectura, la solución real pasa por generar oportunidades de vida y empleo para los más de 10.000 jóvenes que hoy integran las redes informales vinculadas a estas estructuras.

Con información de Caracol Radio (Unidad Investigativa) y 6AM W.