Después de casi tres años de opacidad contable, Nueva EPS —la aseguradora más grande de Colombia, con más de 11,5 millones de afiliados— finalmente puso sobre la mesa sus números. Y no son buenos. Pero al menos, por primera vez en cinco intervenciones, existen.

Antes de entrar en las cifras, vale la pena aclarar algo que suele confundirse en la discusión pública: el origen del hueco financiero y la responsabilidad por no haberlo resuelto son dos cosas distintas, y corresponden a etapas diferentes.

Dos períodos, dos responsabilidades

2019–2023: la junta directiva anterior. Según investigaciones periodísticas y judiciales, entre 2019 y 2023 la administración de Nueva EPS —encabezada por el entonces presidente José F. Cardona— dejó de procesar cerca de 14 millones de facturas de servicios de salud, lo que permitió proyectar una solvencia que no era real y evitar así una intervención de la Superintendencia de Salud. La Fiscalía imputó a Cardona por peculado, fraude procesal y omisión de control en salud, y también investiga a la junta directiva de esos años por la aprobación reiterada de esos estados financieros. Enrique Vargas Lleras, quien fue varias veces presidente de esa junta, salió de ella en noviembre de 2023 —antes de que comenzara la intervención— y ha rechazado públicamente cualquier ocultamiento durante su permanencia, señalando que la información financiera de su gestión se ajustó a la normativa vigente y contó con el aval de firmas auditoras internacionales.

2024–2026: la intervención estatal. La Supersalud tomó el control de Nueva EPS en 2024, ya bajo el Gobierno Petro, precisamente para atender esos hallazgos. Sin embargo, el problema no se resolvió: al inicio de la intervención se había detectado un rezago de $5,7 billones en facturas sin procesar, pero para diciembre de 2025 ese acumulado ya ascendía a $14,9 billones, equivalentes a más de 14,2 millones de facturas pendientes. Es decir, bajo control estatal directo el rezago casi se triplicó, y solo hasta julio de 2026 —con Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor desde abril— la entidad logró certificar y radicar oficialmente sus estados financieros de 2023 y 2024.

En resumen: el ocultamiento se originó antes de la intervención; el hecho de que dos años después el problema siguiera sin resolverse —y creciera— es responsabilidad del período interventor.

Un hito forzado por la justicia, no espontáneo

Conviene decirlo con claridad: la entidad no radicó sus estados financieros de 2023 y 2024 por voluntad propia. Lo hizo porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se lo ordenó, dentro de un proceso que exigía poner al día la información de propósito general correspondiente a esas dos vigencias, más la de 2025. La providencia judicial fue tajante: los procesos internos de saneamiento, conciliación o depuración contable no eran excusa válida para seguir aplazando una obligación legal vigente.

A eso se sumó la presión de la Superintendencia Nacional de Salud, que venía señalando incumplimientos reiterados en la certificación, el dictamen, la aprobación y el reporte de las cifras, además de exigir soportes que permitieran validar lo reportado.

En otras palabras: Nueva EPS no llegó a este punto por convicción de transparencia, sino porque ya no tenía margen legal para seguir sin hacerlo.

Los números que estaban ocultos

Las cifras radicadas ante la Supersalud, la Contraloría y el Ministerio de Salud confirman la magnitud de la crisis:

• Ingresos 2024: $22,2 billones
• Costo de la prestación de servicios de salud: $26,4 billones
• Gastos administrativos: $0,5 billones (2,5 % de los ingresos)
• Pérdida del ejercicio 2024: cerca de $4,8 billones (una cifra que, según distintos reportes, también se ha situado en $6,1 billones al incluir otros componentes del resultado)
• Activos: $10,6 billones
• Pasivos: $22,5 billones
• Patrimonio: negativo, entre $10,6 y $11,9 billones según la fuente

La propia administración de la EPS ha insistido en que el resultado negativo no se explica por gastos administrativos —que representan apenas 2,5 % de los ingresos— sino por el desbalance estructural entre lo que recibe el sistema y lo que cuesta realmente atender a la población, además del reconocimiento contable de obligaciones acumuladas de años anteriores.

Un dato que ilustra la profundidad del problema: la intervención tuvo que revisar un rezago histórico de cerca de 10 millones de facturas por servicios de salud prestados desde 2008. Ese ejercicio de depuración fue justamente lo que disparó los pasivos reconocidos.

¿A quién se le debe?

De los $21,9 billones en obligaciones con la red prestadora, la entidad asegura que, al descontar cerca de $8,7 billones correspondientes a giros de ADRES, abonos y partidas pendientes de conciliación, la deuda real con hospitales y clínicas rondaría los $13,2 billones. Es una cifra que, según la propia EPS, podría seguir bajando conforme avancen los procesos de glosas, descuentos y conciliación previstos en la Circular 030 de 2013 de la Supersalud.

Este matiz importa: no es lo mismo hablar de $22 billones en deudas totales que de $13,2 billones en obligaciones netas con prestadores. La diferencia no es cosmética, pero tampoco cambia el diagnóstico de fondo —una entidad con patrimonio negativo y una brecha estructural entre ingresos y costos de atención.

La lectura política: ¿deuda pública o deuda privada?

El expresidente Gustavo Petro, a pocos días de dejar la Casa de Nariño, aprovechó la publicación de las cifras para plantear una tesis: cerca de la mitad de la deuda de Nueva EPS —unos 11 billones de pesos— correspondería al Estado, mientras que la otra mitad sería de privados. Su propuesta fue que el Ministerio de Hacienda reconociera esa porción como deuda pública nacional y la asumiera como proyecto estratégico, priorizando el pago a hospitales públicos y a la fuerza de trabajo en salud.

El mandatario saliente también responsabilizó a la junta directiva previa, encabezada por Enrique Vargas Lleras, por el origen de buena parte del hueco financiero. Aquí conviene ser precisos: el señalamiento tiene respaldo en hallazgos de la Fiscalía sobre el procesamiento irregular de facturas entre 2019 y 2023, antes de que existiera intervención estatal. Vargas Lleras, por su parte, ha rechazado los señalamientos y sostiene que su gestión se ajustó a la normativa y contó con el aval de auditores externos; incluso logró que el Consejo de Estado ordenara una rectificación a Petro por haberlo responsabilizado directamente, orden que el entonces presidente acató.

Lo que la narrativa oficial tiende a omitir es que el propio proceso de intervención, ya bajo control del Gobierno, no logró contener el problema: el rezago de facturas pasó de $5,7 billones al inicio de la intervención a $14,9 billones para diciembre de 2025. Culpar únicamente a la administración anterior por el tamaño actual del hueco deja por fuera dos años de gestión estatal directa en los que la cifra, lejos de reducirse, se multiplicó casi por tres.

En síntesis: hay evidencia de que el ocultamiento se gestó antes de 2024, pero también hay dos años de intervención estatal en los que el problema no solo no se resolvió, sino que empeoró. Ambas cosas son ciertas y no se anulan entre sí.

¿Qué sigue?

El agente interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, quien asumió el cargo el 10 de abril de 2026, ya fijó la hoja de ruta:

1. Estados financieros de 2025: listos en 15 días.
2. Información del primer semestre de 2026: disponible a finales de julio.
3. Continuación del proceso de saneamiento y conciliación de cuentas con prestadores, conforme a la normativa vigente.

Ospina ha planteado, en su cuenta de X, que si la reorganización empresarial avanza como está prevista, Nueva EPS podría demostrar su viabilidad y evitar la liquidación. Es una expectativa razonable dado el tamaño y la importancia de la entidad para el sistema de aseguramiento en salud del país, pero conviene no confundirla con una decisión ya tomada: ninguna autoridad ha anunciado una determinación institucional sobre el futuro de la aseguradora.

Lo que realmente hay que vigilar

La radicación de los estados de 2023 y 2024 es un avance real, pero no es el final de la historia. Lo que viene ahora es más importante que lo que ya se entregó:

• La calidad y consistencia de la información presentada, no solo su existencia.
• La suficiencia de los soportes que respaldan cada cifra.
• El cumplimiento de los plazos anunciados para 2025 y el primer semestre de 2026.
• El avance real de la conciliación con la red prestadora, que determinará si la deuda de $13,2 billones sube, baja o se mantiene.

Para la Supersalud, la Contraloría y el Ministerio de Salud, el verdadero trabajo apenas comienza: validar si estos números resisten el escrutinio técnico. Para los prestadores de servicios de salud y demás actores del sistema, la pregunta sigue siendo la misma de siempre: ¿cuándo y cómo se les va a pagar?

Nueva EPS salió de la oscuridad contable. Pero la historia completa no es solo la del ocultamiento anterior a 2024: es también la de una intervención estatal que, con el rezago casi triplicado en dos años, tampoco puede reclamar un manejo ejemplar del problema que heredó. Ahora falta ver si lo que hay a la luz es sostenible, y si quienes lo gestionaron —antes y después de 2024— responden por su parte correspondiente.

Columna de opinión basada en información pública sobre el proceso de intervención de Nueva EPS y la radicación de sus estados financieros de 2023 y 2024.