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¡Saqueo operativo y caos! El nefasto balance de cómo el Gobierno destruyó la atención en las EPS intervenidas
Lo que el Gobierno Nacional vendió con bombos y platillos como una «salvación administrativa» para arrebatarle el negocio a los privados y dignificar la atención de millones de colombianos, hoy se revela como un acelerador del caos y una fábrica de desatención. Los datos oficiales de la propia Superintendencia Nacional de Salud, con corte al primer trimestre de 2026, son inapelables: las quejas, los reclamos y la profunda insatisfacción de los usuarios no solo no se frenaron, sino que se han disparado a niveles récord bajo la administración del Estado.
No estamos ante una simple crisis de transición; estamos ante el colapso operativo de un modelo ideológico que prefirió tomar el control burocrático antes que entender la realidad financiera y técnica del sector. Detrás de este desastre humanitario y administrativo hay decisiones políticas con nombres y apellidos: las gestiones de Ulahy Beltrán y Luis Carlos Leal, los dos alfiles que convirtieron a la Supersalud en un brazo de ocupación institucional.
La era Leal: Captura institucional, burocracia y cifras de espanto
Bajo la dirección de Luis Carlos Leal, la Supersalud desató una agresiva oleada de intervenciones en el régimen contributivo. La promesa de «proteger el dinero de la salud» se tradujo en una parálisis de las redes de servicios y en un abandonment sistemático del paciente, evidenciado en un deterioro acelerado y sin precedentes:
SOS (Servicio Occidental de Salud): Intervenida con soberbia el 10 de abril de 2024. Tras un levísimo y efímero espejismo de contención donde la tasa cayó a 93,39, la realidad sepultó la retórica oficial. Para 2025 la tasa de quejas subió a 134,60 y en el primer trimestre de 2026 se catapultó a un histórico y vergonzoso 247,66 reclamos por cada 10.000 afiliados. El Estado duplicó la marca de una EPS que ya venía golpeada, convirtiéndola en la más invivible del país para los usuarios medianos y grandes.
Famisanar: Intervenida en septiembre de 2024 bajo el mismo libreto. Lejos de enderezar el rumbo, la toma estatal aceleró el desplome: la tasa de reclamos pasó de 89,75 a 136,23 en 2025, y tocó las 171,16 quejas en 2026. Es hoy la segunda tasa de insatisfacción más alta de todo el régimen contributivo.
Nueva EPS (La Joya de la Corona): Aquí el fin ideológico quedó en evidencia. Intervenida en abril de 2024, el Gobierno impuso como interventor provisional a Aldo Cadena, exsecretario de Salud de Bogotá y ficha de absoluta confianza del proyecto político gubernamental. ¿El resultado? El mayor monumento al caos absoluto: casi 120.000 quejas concentradas en solo tres meses de 2026. En el régimen contributivo, la tasa de reclamos (138,92) es hoy más del doble de la que registraba antes de que el Estado metiera sus manos. Destruyeron la estabilidad operativa de la aseguradora más grande del país.
Capresoca: La pequeña EPS de Casanare tampoco se salvó del experimento. Intervenida en octubre de 2024, vio escalar su tasa en el régimen subsidiado hasta un penoso máximo histórico de 93,50 en 2026.
El patrón de Ulahy Beltrán: El falso alivio del «torniquete temporal»
Las primeras cartas de esta estrategia se jugaron en el régimen subsidiado bajo la batuta de Ulahy Beltrán. Sus intervenciones demostraron un patrón perverso: un alivio cosmético inicial que terminó en un descontrol absoluto a largo plazo.
Emssanar: Intervenida el 1 de junio de 2023. Celebraron una reducción inicial de casi 10 puntos en 2024 (bajando a 52,03), usándola como bandera de propaganda. Pero la administración pública provisional demostró ser incapaz de sostener la operación: en 2025 la tasa volvió a subir y en 2026 estalló en 75,09, su peor registro histórico.
Asmet Salud: Intervenida en mayo de 2023, calcó el mismo destino. Tras un breve respiro contenedor, en 2026 la tasa se disparó a 70,87, borrando cualquier avance y superando con creces los niveles del año en que el Estado la expropió administrativamente.
El contrapunto de la dignidad judicial: Sanitas, Coosalud y Savia Salud
El argumento oficialista de que «todo el sistema está mal y por eso las intervenidas empeoran» se cae a pedazos cuando se revisa el contrapunto de las EPS que lograron zafarse del control estatal gracias a fallos de los tribunales. Sanitas (devuelta en septiembre de 2025), Coosalud y Savia Salud (devueltas en abril de 2026) son el vivo reflejo de las secuelas que deja la impericia pública.
En Savia Salud, el pico máximo de quejas de toda su historia operativa (138,22) se alcanzó precisamente en el primer trimestre de 2026, coincidiendo con el momento exacto en que la justicia ordenó restituirla a sus legítimos dueños. El paso del Estado por estas entidades funcionó como un ácido corrosivo: rompió los contratos con las clínicas, sembró la incertidumbre en los laboratorios y desarticuló los canales de atención. Devolverlas en ese estado de postración es la prueba reina de que la administración transitoria no llegó a sanear, sino a marchitar.
Conclusión: Un experimento ideológico pagado con vidas
El panorama nacional da escalofríos: el sistema completo pasó de 351.000 quejas en el primer trimestre de 2024 a casi 550.000 en el mismo periodo de 2026. Pero el dato verdaderamente condenatorio es que las EPS intervenidas empeoran a un ritmo marcadamente más rápido y violento que las no intervenidas.
Esto tumba la narrativa gubernamental. El colapso de las intervenidas no es un simple reflejo de la crisis estructural del sector; es el resultado directo de la ineficiencia, la falta de preparación técnica y la asfixia financiera provocada por los propios interventores.
La intervención estatal, tal como la ejecutaron Beltrán y Leal, no fue un mecanismo de salvación médica ni financiera; fue una estrategia de toma burocrática que prefirió el control político sobre la eficiencia médica. Al romper la confianza con los prestadores y jugar a la administración pública sin chequera ni conocimiento, el Estado terminó por profundizar el drama humano en las salas de espera. Hoy, las cifras récord de la Supersalud no son números: son millones de colombianos suplicando por una cita, un medicamento o una cirugía, atrapados en el peor trimestre de la historia de la salud en Colombia.
