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En política, el que aspira a gobernar no escoge las preguntas. Las responde.
Pero en Colombia parece abrirse paso una idea peligrosa: la de un candidato que pretende definir el terreno, los temas, los moderadores y hasta los límites del cuestionamiento público. Esa es, en esencia, la propuesta que ha puesto sobre la mesa Iván Cepeda.
No es un detalle menor. Es un síntoma.
Cuando un aspirante presidencial plantea que no responderá por los escándalos del gobierno que representa, no está defendiendo el debate: está intentando controlarlo. Y eso, en cualquier democracia seria, es una señal de alerta.
Porque no se trata de “show mediático” ni de “estridencias”. Se trata de rendición de cuentas. Se trata de asumir que quien hace parte de un proyecto político —y busca continuarlo— debe responder por sus resultados, sus errores y sus crisis.
Pretender lo contrario es construir un debate a la medida: sin incomodidades, sin contradicciones, sin costo político.
Un debate sin riesgo… no es debate.
La democracia no funciona con cuestionarios filtrados ni con escenarios diseñados para evitar preguntas incómodas. Funciona con confrontación real, con argumentos sometidos a escrutinio y con líderes dispuestos a dar la cara, incluso cuando las respuestas no les favorecen.
Aquí no está en discusión solo una candidatura. Está en juego el estándar democrático.
Porque si hoy se acepta que un candidato decida de qué se habla y de qué no, mañana cualquier aspirante podrá hacer lo mismo. Y entonces los debates dejarán de ser espacios de control ciudadano para convertirse en vitrinas cuidadosamente editadas.
En un país marcado por la polarización, lo último que se necesita es menos debate. Lo que se necesita es más verdad, más contraste y más transparencia.
La política no es un escenario cómodo. Nunca lo ha sido.
Y quien aspire a gobernar, tiene que entenderlo.





