Lo que está ocurriendo en Jamundí dejó de ser una alerta temprana. Es, en palabras de la propia gobernadora Dilian Francisca Toro, un “punto de no retorno”.

Y no es una frase lanzada al aire.

Son cifras. Son hechos. Es un diagnóstico que incomoda.

En un solo mes, 28 ataques de grupos armados contra la Fuerza Pública en la zona rural. De esos, 18 han sido repelidos. Pero la pregunta de fondo no es cuántos se logran contener, sino por qué siguen ocurriendo con esa frecuencia.

La respuesta empieza a dibujar un panorama preocupante: control territorial de disidencias, uso de drones con explosivos, secuestros, desapariciones y expansión de economías ilegales.

Jamundí ya no es solo Jamundí. Es un corredor estratégico que impacta directamente a Cali, Dagua y Buenaventura.

📊 Un diagnóstico que no admite matices

La gobernadora no se quedó en generalidades. En rueda de prensa expuso una radiografía clara:

• Tres casos recientes de secuestro que involucraron a cinco personas
• Cuatro personas desaparecidas bajo investigación
• Siete predios invadidos, incluidos terrenos productivos
• Afectaciones ambientales y a fuentes de agua como Huachinte y Río Claro

A esto se suma un dato aún más delicado: la Fuerza Pública está en desventaja tecnológica frente a los grupos armados, que hoy utilizan drones para atacar.

No es un problema de percepción. Es un problema de capacidad.

⚠️ El límite de la respuesta actual

Hay un punto en el que reconocer esfuerzos no es suficiente.

La propia mandataria fue clara: Policía, Ejército y Fuerza Aérea han hecho presencia, pero no cuentan con las capacidades necesarias para controlar el territorio.

Y ahí está el corazón del problema.

Porque cuando el Estado no logra ejercer control efectivo, otros lo hacen.

Disidencias, bandas criminales y estructuras ilegales no solo ocupan espacios: los administran, los explotan y los convierten en zonas de influencia.

🧭 Entre la reacción y la estrategia

El llamado que hace el Valle del Cauca no es menor: una intervención integral, no solo militar, sino también social y económica.

Se habla incluso de medidas polémicas como la aspersión para frenar cultivos ilícitos, mientras se plantea, al mismo tiempo, la sustitución con proyectos productivos.

Es decir, una combinación de fuerza y desarrollo.

Pero la pregunta inevitable es:
¿por qué estas decisiones llegan cuando el territorio ya está en disputa abierta?

💣 El riesgo de normalizar la crisis

Hay algo aún más peligroso que la violencia: acostumbrarse a ella.

Cuando 28 ataques en un mes se convierten en una cifra más, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural.

Jamundí hoy es un síntoma.
De una política de seguridad que no logra anticiparse.
De un Estado que llega, pero no alcanza.
De un conflicto que se transforma más rápido que la capacidad institucional para enfrentarlo.

📢 Una advertencia que no puede ignorarse

“Jamundí no aguanta más solo”, dijo la gobernadora.

No es una consigna. Es una advertencia.

Porque lo que está en juego no es solo el orden público de un municipio, sino la estabilidad de toda una región.

Y cuando una crisis llega al punto de no retorno, lo que sigue no es el debate político.

Es la urgencia.