El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sufrido un nuevo revés judicial. Este jueves, la jueza encargada del caso anunció que la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del proceso tras admitir una recusación presentada por la defensa del exmandatario. El abogado penalista Jaime Granados, quien lidera el equipo de Uribe, argumentó que la jueza había actuado de forma parcial en contra de su cliente, lo que motivó una acción de tutela que, en segunda instancia, fue aceptada por el alto tribunal.

El expresidente enfrenta cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal, derivados de una investigación que se remonta a 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó la causa contra Cepeda y, en su lugar, abrió un proceso contra Uribe, bajo sospecha de que su defensa habría ofrecido beneficios a testigos para que cambiaran sus declaraciones.

Una batalla judicial que no cesa

Desde el inicio del caso, el equipo legal de Uribe ha interpuesto múltiples recursos para frenar el juicio. La más reciente acción legal argumentaba que la jueza debió haber suspendido la audiencia inicial tras recibir la recusación, en lugar de continuar con el proceso. Al no hacerlo, según la defensa, impidió que otro juez evaluara los señalamientos en su contra.

El caso ha pasado por distintas instancias, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, institución que, bajo la dirección de Francisco Barbosa, intentó en tres ocasiones precluir la investigación, sin éxito. Con el cambio de administración en la Fiscalía y la llegada de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general, la postura de la entidad cambió drásticamente. En mayo, la Fiscalía acusó formalmente a Uribe, lo que derivó en su llamado a juicio, convirtiéndose así en el primer expresidente colombiano en sentarse en el banquillo de los acusados en décadas.

Siete años de audiencias y un futuro incierto

El juicio, que arrancó en febrero de este año tras años de dilaciones, se ha caracterizado por constantes recursos jurídicos y debates procesales. La suspensión de la audiencia ordenada por la Corte Suprema agrega un nuevo capítulo a este extenso proceso, que ya suma siete años de audiencias, tres fiscales generales y una serie de recursos interpuestos por la defensa de Uribe.

Por ahora, el futuro del juicio queda en manos de la Corte Suprema, que deberá determinar si la jueza es apartada del caso o si el proceso puede continuar con normalidad. Mientras tanto, la controversia en torno al expresidente sigue generando reacciones divididas en el país, en medio de un escenario político polarizado.