Hay expedientes que no solo acusan a un hombre: iluminan toda una época. La nueva acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, es uno de esos documentos. Treinta páginas que, según lo revelado por EL TIEMPO, pretenden demostrar que detrás del discurso bolivariano operó, durante años, una estructura donde el narcotráfico, el poder estatal y la guerra colombiana se tocaban sin pudor.

El pasaje que debería helarnos la sangre a los colombianos está en las páginas siete y ocho. Allí, la Fiscalía estadounidense sostiene que, poco después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores se habrían reunido con tres nombres que marcaron a fuego el conflicto: Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, y Seuxis Hernández, alias ‘Jesús Santrich’. ¿El motivo? Nada menos que saldar una deuda. Una deuda, según los fiscales, nacida de la presunta sociedad en el negocio de la cocaína.

Y aquí viene lo que convierte el expediente en una herida abierta: el mecanismo de pago. Según la acusación, Maduro habría «acordado vender explosivos de las reservas militares venezolanas» a las Farc, consciente —dice el documento— de que ese material aumentaría la capacidad de la guerrilla para atacar a Colombia. Léalo despacio: un jefe de Estado habría entregado explosivos de un ejército nacional para pagarle una deuda de droga a una guerrilla que, en ese mismo momento, ponía bombas en nuestro territorio.

Porque esa es la fecha que no podemos pasar por alto: 2013. El año en que las Farc estaban sentadas en La Habana negociando la paz con el Estado colombiano. Mientras una mano firmaba borradores de acuerdo, la otra —si la acusación resulta cierta— habría estado comprando dinamita al otro lado de la frontera. Esa duplicidad, de confirmarse, no solo mancharía a quienes negociaron: le daría la razón a quienes durante años advirtieron que la mesa de paz convivió con la guerra.

El expediente no se queda en 2013. Describe cómo, hacia 2015, Maduro habría facilitado la venta de minas fabricadas en Cuba; cómo, hacia 2017, un funcionario identificado como ‘CC-3’ habría ordenado a la DGCIM transportar armas a cambio de cocaína de las Farc y el Eln, usando camiones de combustible para moverlas hasta un puerto. Es el retrato de un Estado puesto al servicio del delito: instituciones, uniformes y logística oficial convertidos en engranajes de una empresa criminal.

Ahora bien, aquí toca poner el freno de mano que todo periodismo serio exige. Una acusación no es una condena. El documento de Nueva York es la versión de los fiscales, no una verdad judicial probada. No establece el monto de la deuda, ni dónde fue la reunión, ni cuántos explosivos se movieron, ni en qué atentados terminaron. Son, por ahora, señalamientos presuntos que deberán probarse ante un juez, con derecho de defensa para los acusados. Quien celebre el expediente como sentencia comete el mismo atropello que dice combatir.

Pero que sea presunto no significa que sea irrelevante. Al contrario. Si la justicia estadounidense logra probar aunque sea una parte de lo que afirma, Colombia tendrá que hacerse preguntas incómodas. ¿Qué sabían nuestras propias autoridades de esos cruces de frontera en pleno proceso de paz? ¿Cuánta de la violencia que sufrimos entre 2013 y 2015 se alimentó de arsenales venezolanos pagados con cocaína? ¿Y qué significa, para la legitimidad de lo pactado, que algunos de los firmantes de la paz aparezcan hoy mencionados en un expediente de narcoterrorismo —como ya ocurrió en 2020 con Márquez y Santrich en acusaciones previas del mismo proceso?

No se trata de reescribir la historia a conveniencia ni de usar un documento judicial extranjero como ariete político. Se trata de algo más elemental: la verdad. Las víctimas del conflicto —las de las bombas, las de las minas que todavía mutilan campesinos— tienen derecho a saber de dónde salió el material que las destrozó. Si ese rastro conduce a Caracas, el país debe tener el coraje de seguirlo hasta el final, caiga quien caiga, sin importar de qué lado del espectro político se encuentre.

La captura de Maduro y Flores abrió una puerta que durante años pareció sellada. Lo que entre por ella no será cómodo para nadie: ni para el chavismo que lo negará todo, ni para quienes vendieron la paz como un relato impoluto. Pero Colombia ya aprendió, a sangre y fuego, que las verdades a medias terminan costando más caras que las completas.

Que el proceso avance. Que se prueben los hechos. Y que, por una vez, el país se atreva a mirar de frente el lugar donde el narcotráfico, la guerrilla y el poder se dieron la mano.