La democracia colombiana vuelve a medirse en los territorios bajo las reglas de juego que imponen los fusiles. Lo que está ocurriendo en Meta y Guaviare no es solo un eco del pasado; es una radiografía alarmante de cómo las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, han perfeccionado los mecanismos de control social y electoral. El ciudadano rural hoy no vota en libertad; vota carnetizado.

La denuncia hecha pública por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y las Fuerzas Militares, revela una estrategia tan arcaica como efectiva: la imposición de un carné ilegal. Por un valor que oscila entre los $150.000 y $200.000, los campesinos no están comprando un documento; están pagando por el derecho a permanecer en sus propias tierras. La lógica criminal es implacable: quien no porta el carné es declarado enemigo, se expone a multas impagables o se enfrenta al destierro.

El verdadero peligro radica en que este censo criminal no es solo un negocio de extorsión económica; es, fundamentalmente, un mecanismo de constreñimiento electoral.

La sombra sobre las presidenciales

La recolección forzada de datos y la carnetización masiva coinciden sospechosamente con la antesala de los comicios presidenciales. A través de panfletos y advertencias verbales, las estructuras ilegales ya están notificando a las comunidades bajo qué directrices criminales deben marcar el tarjetón.

En medio de este ambiente enrarecido, la filtración de un polémico audio atribuido a las disidencias que menciona la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encendió las alarmas de la política nacional. Si bien Cepeda rechazó de manera tajante cualquier vínculo con las estructuras armadas y exigió celeridad a la justicia para esclarecer el origen de la grabación, el hecho político ya está consumado. Desde la oposición y sectores independientes, la lectura es uniforme: el deterioro de la seguridad rural es el síntoma inequívoco de que la estrategia de la «Paz Total» terminó fortaleciendo el control territorial de los violentos en lugar de desmantelarlo.

La respuesta del Estado: ¿Suficiente?

Frente a la gravedad de los hechos, las Fuerzas Militares han activado el Plan Democracia e intensificado los operativos en la región, recurriendo incluso a bombardeos en las zonas de mayor influencia guerrillera. Sin embargo, la intervención militar es solo una respuesta de contención.

Garantizar la pureza del voto en las urnas del Meta y Guaviare requiere algo más que blindar los puestos de votación el día de las elecciones: requiere desmontar el régimen de terror cotidiano que opera los 365 días del año. Si el Estado no logra arrebatarle a los grupos armados el control de la cotidianidad campesina, las próximas elecciones no reflejarán la voluntad popular, sino la agenda de quienes manejan el negocio de la violencia. El carné de las disidencias es un desafío directo a la soberanía institucional; permitir que prospere es aceptar que el derecho al voto en Colombia vuelve a tener el precio del miedo.