La capacidad del narcotráfico y la corrupción en Colombia para mutar, camuflarse y parasitar las instituciones parece no tener límites. Pero lo que revela la reciente investigación judicial sobre el traslado de capos de alta peligrosidad a resguardos indígenas ya no es una simple astucia jurídica; es una bofetada descarada al Estado de derecho y una profanación de la autonomía ancestral consagrada en la Constitución de 1991.

El caso de Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, cabecilla de una de las bandas más sanguinarias del Valle del Cauca, es el retrato hablado de esta infamia. Condenado a 41 años de prisión por homicidio, extorsión y uso de menores, Dimax logró salir de la cárcel de Villahermosa tras mutar, de la noche a la mañana y por obra del «milagro» burocrático, en un comunero indígena del pueblo Nasa. Nueve años de reclusión ordinaria bastaron para que, de repente, brotara en él un arraigo cultural que los investigadores judiciales no logran rastrear en su árbol genealógico, pero que el Ministerio del Interior y un juzgado de Palmira validaron sin parpadear.

La farsa de la transhumancia étnica

La burla se vuelve grotesca al observar el expediente de sus traslados. En menos de dos años, alias Dimax pasó de ser un indígena Nasa en el Valle del Cauca (resguardo Kwe’sx Yu Kiwe), a un indígena Awá en Nariño (resguardo Gran Rosario), para luego regresar al pueblo Nasa en el Cauca (resguardo Munchique Los Tigres).

Para cualquiera que entienda mínimamente el espíritu de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), esta transhumancia étnica es un absurdo jurídico y antropológico. La constitución protege el derecho de los nativos a cumplir penas en sus territorios para salvaguardar su cosmovisión, usos y costumbres. ¿Qué cosmovisión se protege en un criminal que cambia de identidad cultural según le sople el viento de la conveniencia judicial? Ninguna. Lo que hay aquí es un mercado negro de certificados de pertenencia étnica.

El dato: Las diferencias entre comunidades son profundas. El pueblo Nasa basa su justicia en la armonización espiritual y exige permanencia real. El pueblo Awá tiene dinámicas organizativas y culturales completamente diferentes. La equivalencia automática entre ellos no existe; es una fachada.

Un entramado que salpica al Estado y a la política

Este fenómeno no es un hecho aislado ni exclusivo de alias Dimax. Los nombres de Wilfer Contreras, José Aníbar Granda o Vladimir Rincón (vinculado a Los Espartanos) demuestran que las cárceles de máxima seguridad se están vaciando por la puerta de atrás gracias a esta gabela. Peor aún, las alarmas de la Fiscalía ya apuntan a alcaldes y políticos del suroccidente del país, Antioquia y Huila, implicados en corrupción, que están haciendo fila en los cabildos para comprar su «pasaporte de impunidad» ante eventuales condenas.

El peligro de deslegitimar lo ancestral

La gravedad de esta red de corrupción radica en el daño colateral que le causa a los propios pueblos originarios. Al dejarse instrumentalizar —o al tener manzanas podridas dentro de sus cabildos dispuestas a firmar falsos avales a cambio de fajos de billetes—, se pone en riesgo la legitimidad histórica de la Jurisdicción Especial Indígena. Una conquista constitucional diseñada para proteger a comunidades vulnerables está siendo utilizada como el escondite perfecto para que los narcos sigan delinquiendo sin Dios ni ley, fuera del control del INPEC.

Si el Ministerio del Interior, la Fiscalía y los jueces de la República siguen validando traslados sin estudios antropológicos serios, el mensaje para el país será devastador: en Colombia, la justicia no solo es para los de ruana; también se compra con un certificado de falso arraigo indígena. Es hora de frenar esta farsa antes de que la impunidad total se termine de vestir con mantas ancestrales.