La Sociedad de Activos Especiales (SAE) vuelve a estar en el ojo del huracán, un lugar que parece conocer muy bien. Esta vez el ruido no proviene de los portones oxidados de una finca expropiada a las mafias, sino de los despachos donde se firman contratos multimillonarios. El epicentro del debate es un convenio de casi $17.000 millones de pesos con la plataforma Activos por Colombia, una alianza que la entidad defiende como un modelo de eficiencia, pero que desborda un inconfundible olor a cruce de intereses y proselitismo político.

El protagonista de esta dualidad es Abraham Antonio Katime Orcasita, gerente general de dicha plataforma. Katime ha logrado una proeza digna de la alta acrobacia política: mientras lidera la vitrina tecnológica encargada de subastar y comercializar los bienes incautados al narcotráfico, recorre las calles de la costa Caribe con la camiseta del Pacto Histórico puesta, promoviendo de frente y sin rubor la campaña electoral del senador Iván Cepeda.

¿Eficiencia institucional o duplicidad a la medida?

Desde la perspectiva de la SAE, hoy presidida por Amelia Pérez, no hay nada que temer. La entidad argumenta que Activos por Colombia no es un tercero caprichoso, sino una filial controlada al 100% por la matriz estatal que opera desde Barranquilla (antiguamente conocida como Inmobiliaria J. D. Limitada, antes de su oportuno cambio de razón social en 2025). Según la narrativa oficial, mientras la SAE administra el Frisco y recauda el dinero, la plataforma se encarga del «trabajo sucio» operativo y tecnológico. Un negocio redondo que ya reporta subastas por más de $100.000 millones.

Sin embargo, las alarmas internas que se han encendido dentro de la propia institución no son menores. Empleados de la SAE hablan abiertamente de una duplicidad de funciones. ¿Por qué delegar la comercialización y administración de arriendos a una estructura paralela con comisiones que oscilan entre el 3% y el 8% si esa es, precisamente, la misión constitucional de la SAE? La línea entre descentralizar para ser más eficientes y crear un «ente espejo» para tercerizar recursos públicos se vuelve peligrosamente delgada.

Las «puertas giratorias» y el apagón informático

Los cuestionamientos éticos van más allá de las camisetas de campaña. El caso de Juan Carlos Albornoz ilustra a la perfección el fenómeno de las puertas giratorias: pasó de desarrollar software e inteligencia artificial para Activos por Colombia hasta marzo de 2026, a convertirse inmediatamente en el jefe de la Oficina de Tecnologías de la SAE. Aunque la entidad jura que la trazabilidad de los datos está blindada y que no existe acceso a información privilegiada sobre los inmuebles, la concentración de fichas clave genera, por lo menos, suspicacia.

Para colmo de males, el panorama tecnológico de la SAE genera cualquier cosa menos confianza. El pasado 10 de marzo de 2026, un «incidente de seguridad tecnológica grave» dejó a los funcionarios a ciegas, sin correo ni acceso a los aplicativos corporativos durante más de 20 días. Mientras unos hablan de un simple «error humano», la entidad ya acudió a la Fiscalía y al MinTIC denunciando un intento de hackeo. Tres semanas sin sistemas en la entidad que maneja la fortuna incautada al crimen organizado en Colombia es un vacío de información intolerable y una sombra gris sobre la trazabilidad de los procesos.

La urgencia de la imparcialidad

El problema de fondo no es si Activos por Colombia vende o no vende casas. El problema es el mensaje institucional.

Un contratista que maneja un presupuesto público de $16.725 millones de pesos anuales no puede ser, al mismo tiempo, el jefe de barra de una de las vertientes del partido de Gobierno. La administración de los bienes de la mafia exige una transparencia radical y una neutralidad absoluta; cuando el encargado de las subastas posa en redes sociales junto al presidente de la República y líderes del oficialismo, la confianza en el sistema se desmorona.

La SAE insiste en que este contrato es una «inversión con retorno social». Pero si el precio de ese retorno es la politización de la entidad y la sospecha de favorecimientos, el costo para la salud democrática del país termina siendo infinitamente más alto que los $17.000 millones impresos en el papel. El CTI y los entes de control tienen la palabra para determinar si estamos ante un modelo de gestión vanguardista o, simplemente, ante otra caja menor dispuesta para la próxima contienda electoral.