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Cuando parecía que el caso de Alex Saab había quedado archivado en los pasillos de la diplomacia entre Washington y Caracas, Estados Unidos decidió volver a mover una ficha que podría alterar nuevamente el tablero político venezolano. La nueva acusación presentada por fiscales federales en Miami no solo revive uno de los expedientes más incómodos para el chavismo, sino que abre la puerta a un escenario mucho más delicado: la posibilidad de que Saab se convierta en pieza clave dentro de una ofensiva judicial contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano.
Durante años, Saab fue mucho más que un empresario colombiano. Para el chavismo, era un “enviado especial”, un operador internacional capaz de conseguir alimentos, mover recursos y sortear sanciones en medio del aislamiento económico impuesto por Estados Unidos. Para Washington, en cambio, representaba el cerebro financiero de una red de corrupción transnacional diseñada para mantener vivo al régimen venezolano mientras millones de ciudadanos enfrentaban hambre, escasez y el colapso institucional.
La nueva acusación cambia el tono del caso porque ya no se limita a contratos de vivienda o a irregularidades administrativas. Ahora el foco apunta directamente al petróleo venezolano, la principal fuente de ingresos del régimen. Según los fiscales, Saab habría participado en operaciones destinadas a ocultar ganancias provenientes de ventas de crudo, utilizando empresas fachada, triangulaciones financieras y movimientos internacionales para evadir sanciones.
Ese detalle es crucial. El petróleo no es solamente un negocio para el chavismo: es el corazón político y económico del poder en Venezuela. Tocar esa estructura implica acercarse a las decisiones más sensibles del gobierno de Maduro.
La gran pregunta es por qué Estados Unidos decidió reactivar el expediente después del indulto otorgado en 2023 por la administración Biden. La respuesta parece estar ligada a un creciente desencanto de Washington frente al incumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados con Caracas. El intercambio de prisioneros que permitió la liberación de Saab buscaba abrir caminos hacia elecciones más transparentes y una eventual transición democrática. Pero el endurecimiento político del régimen y las denuncias sobre falta de garantías electorales terminaron erosionando la confianza estadounidense.
En ese contexto, Saab vuelve a adquirir valor estratégico.
No solo por los delitos financieros que se le atribuyen, sino por lo que sabe. Pocas personas habrían tenido acceso tan cercano a las estructuras económicas del chavismo, a las operaciones petroleras bajo sanciones y a los mecanismos usados para mover dinero alrededor del mundo. Por eso, más que un acusado, Saab podría convertirse en un testigo de enorme interés para las autoridades norteamericanas.
Y ahí aparece el verdadero trasfondo de este nuevo capítulo judicial: Nicolás Maduro.
Desde hace años, Washington ha intentado construir casos sólidos contra figuras centrales del chavismo bajo acusaciones de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Saab podría ser el puente entre las sospechas y las pruebas. Si decide cooperar, el impacto político sería enorme no solo para Venezuela, sino para toda la región.
Sin embargo, también existe otro escenario: que el empresario mantenga silencio y reafirme su lealtad al régimen. En ese caso, el proceso podría convertirse nuevamente en una batalla diplomática entre Caracas y Washington, alimentando el discurso chavista de persecución política e intervencionismo.
Lo cierto es que el regreso judicial de Alex Saab demuestra que, pese a los acuerdos, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela siguen lejos de resolverse. Y también confirma que detrás de los movimientos diplomáticos siempre permanece abierta la disputa por el control del dinero, del petróleo y del poder.
Porque en esta historia, Saab nunca fue solamente un empresario. Fue —y sigue siendo— una llave. Y ahora Estados Unidos parece decidido a descubrir qué puertas puede abrir.





