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El expediente prohibido: Así funcionaba la supuesta "caja mayor" de Roy Barreras
El 9 de mayo de 2017, a las doce del día, un hecho aparentemente menor dejó la huella digital de lo que parece ser uno de los saqueos más mecánicos a la educación pública en Colombia. Una contratista de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) giró un cheque por 150 millones de pesos. El beneficiario no fue un alto ejecutivo ni un proveedor de tecnología; fue un conductor de la entidad que ganaba poco más de un millón de pesos al mes. El dinero se cobró en efectivo ese mismo día y, como por arte de magia, se atomizó. Desapareció del sistema financiero.
Este no es un relato de ficción. Es uno de los cientos de hallazgos que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) consignó en cuatro informes reservados entregados a la Corte Suprema de Justicia entre 2020 y 2023, revelados recientemente por la revista CAMBIO. En el centro de este laberinto de cheques invisibles y patrimonios inflados se encuentran el hoy embajador y candidato presidencial Roy Barreras, y el exrepresentante a la Cámara Faber Alberto Muñoz Cerón.
El modus operandi de la «caja registradora»
La investigación de la Corte apunta a una presunta «empresa criminal» que entre 2014 y 2019 habría manejado a su antojo más de 14.000 contratos y convenios de la ESAP, sumando una cifra escandalosa: 1,2 billones de pesos, la mayoría entregados a dedo.
La ESAP, históricamente convertida en un botín burocrático, habría sido entregada a Roy Barreras como cuota política durante el gobierno de Juan Manuel Santos. A partir de ahí, las fichas se movieron con precisión de ajedrecista:
Los alfiles: Hombres de confianza como Alejandro Larramendi y Claudia Marcela Franco asumieron la dirección.
La contratista estrella: Diana Darlene Cañola Aguirre, cercana al entorno de Barreras, acumuló más de 44.800 millones de pesos en contratos. Entre sus «hazañas» figura la construcción de la sede de la ESAP en Santa Marta (que la Contraloría calificó en riesgo de colapso) y la compra de un lote en Girardot por 2.714 millones que meses después le revendió a la misma ESAP por 4.171 millones de pesos. Un negocio redondo con recursos públicos.
La conexión del efectivo: El conductor que cobró los 150 millones de pesos resultó ser el suegro de la jefa jurídica de la entidad. Pero el rastro no muere ahí: ese mismo conductor pagaba las tarjetas de crédito de Rubiela Mercedes Benavides, exsecretaria privada de Roy Barreras y posterior asesora de la ESAP. El círculo se cierra con un dato incómodo para el candidato: en 2014, el propio Barreras le giró a Benavides un cheque de 20 millones de pesos cobrado en efectivo el mismo día.
Triangular la paz para financiar campañas
Si el entramado en Bogotá parece complejo, lo del Cauca raya en el descaro. El segundo y tercer informe de la UIAF destapan cómo el patrimonio del exrepresentante Faber Muñoz se triplicó sin justificación aparente justo cuando su esposa manejaba directrices clave en la ESAP.
El mecanismo de lavado de recursos públicos, según la UIAF, funcionaba mediante una triangulación letal:
El dinero, que originalmente estaba destinado a socializar los Acuerdos de Paz en el norte del Cauca, terminó en la cuenta de la asociación familiar de Muñoz. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 —a escasos meses de las elecciones al Congreso—, más de 434 millones de pesos salieron en fajos de efectivo de esa asociación.
Poco después, la campaña de Muñoz reportó 14 aportantes que inyectaron 313 millones de pesos en efectivo. ¿Quiénes eran? Personas sin capacidad económica. El caso más vergonzoso es el de una mujer clasificada en el Sisbén en pobreza moderada que, viviendo de ingresos mínimos de la misma ESAP, «donó» 10 millones de pesos en efectivo a la campaña. El ciclo era perfecto: la ESAP contrataba, el dinero salía en efectivo y los falsos donantes financiaban la política.
La justicia duerme, la campaña avanza
A pesar de la contundencia de las cifras, los cheques digitalizados y las triangulaciones financieras descritas por la UIAF, el expediente duerme en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Siete años después de abrirse la indagación, la justicia no toma una decisión de fondo.
Mientras el expediente acumula polvo, Roy Barreras avanza firme en su carrera por la presidencia de la República. El exsenador podrá argumentar con tranquilidad legal que las responsabilidades penales son individuales. Sin embargo, el hecho de que el dinero de la educación pública haya salido en bolsas de efectivo de una entidad bajo su absoluto control burocrático, y que los beneficiarios directos sean sus secretarias, conductores y aliados políticos más íntimos, es una verdad política insoslayable.
La gran tragedia colombiana no es solo que se roben la plata de la educación o de la paz; es la pasmosa velocidad con la que los sospechosos de siempre se reciclan en candidatos, listos para volver a manejar el presupuesto del país.
