En la política colombiana, la memoria de las víctimas suele ser el botín más codiciado por los cazadores de aplausos. El último episodio de esta larga tradición de oportunismo lo protagoniza Abelardo de la Espriella, el abogado penalista y hoy aspirante presidencial de la extrema derecha, quien en medio de un torbellino de críticas por sus modales —que incluyen exhibir fotografías de su anatomía a periodistas y descalificar a otras— decidió colgarse la medalla del feminismo. «Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo (…) la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely así lo demuestran», trinó con su habitual modestia en X.

La respuesta no tardó en llegar, y no vino del «régimen» ni de sus contradictores políticos, sino de la voz que de verdad importa: Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, la mujer cuyo brutal asesinato en el Parque Nacional de Bogotá en 2012 sacudió los cimientos jurídicos del país. Y lo que Adriana cuenta desmonta, pieza por pieza, el impecable traje de héroe de género que De la Espriella pretende vender en su página web junto a botellas de ron, café y camisas de marca.

El testimonio de la familia Cely dibuja un retrato crudo del litigio estratégico en Colombia: aquel donde la justicia gratuita se cobra en figuración mediática y capital político. De la Espriella asumió la causa penal, sí, pero según la familia, las pruebas las recogieron ellas. Lo grave, sin embargo, no es quién buscó los testimonios, sino el vacío técnico que la propia jueza del caso reprochó en su momento: el equipo del hoy «referente del derecho de género» ni siquiera invocó el agravante de la Ley 1257 de 2008 para castigar el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Si el enfoque de género era su motor, ¿por qué ignoraron la herramienta que ya existía?

«Miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio. Jamás, jamás en la vida, ese señor tuvo nada que ver en eso». — Adriana Cely

La construcción de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), que tipificó el feminicidio como un delito autónomo, fue un logro colectivo del movimiento feminista, de académicas como Isabel Agatón y de congresistas como Gloria Inés Ramírez. Ninguna de ellas recuerda haber visto al penalista en las comisiones del Senado, redactando artículos o empujando el debate parlamentario. Mientras las mujeres arrastraban el lápiz y la militancia, el abogado facturaba minutos de televisión atribuyéndose la autoría de una indignación nacional.

Pero más allá del debate legislativo, lo que estremece de las declaraciones de Adriana Cely es la dimensión humana: el relato de un trato déspota hacia una madre sumida en el dolor, el amago de un contrato de reparación administrativa con cláusulas de confidencialidad leoninas y una llamada violenta a las puertas de una unidad de cuidados intensivos porque el documento no se había firmado a tiempo. La ruptura final —el expediente de Rosa Elvira abandonado en la recepción de un edificio— resume la lógica del utilitarismo: cuando la víctima deja de ser funcional al relato de éxito, estorba.

Hoy, la marca De la Espriella Style vende la idea de que su fundador es un «catalizador de transformación nacional». Pero la transformación real no se hace con discursos de tarima ni usando el dolor ajeno como plataforma de lanzamiento electoral. Adriana Cely hoy habla sola —su madre y sus hermanos ya no están— y confiesa sentir terror por romper el silencio frente a un hombre con tanto poder.

Si algo nos debe dejar esta denuncia, es la obligación de proteger su voz. La ley lleva el nombre de Rosa Elvira Cely por la sevicia que sufrió y por la dignidad de su familia, no para servir de escudo de campaña a un candidato que confunde defender a las mujeres con usarlas en su beneficio.