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El presidente Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato sin lograr sacudirse el fantasma que lo persigue desde el día uno: la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022. Lo que comenzó como un goteo de sospechas y audios filtrados se ha transformado en un expediente judicial formal. Esta semana, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación previa contra el mandatario, sumando un nuevo y pesado eslabón a la cadena de cuestionamientos que rodea al Pacto Histórico.
La detonación de este nuevo capítulo tiene nombre propio: Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, el extraditado cabecilla de la banda criminal “La Inmaculada”. Irónicamente, el mismo hombre que el Gobierno exhibió en Washington como un triunfo contra el narcotráfico, hoy se perfila como un testigo incómodo desde una prisión estadounidense.
El audio que activó los despachos
La decisión de la Comisión —liderada paradójicamente por una congresista del propio Pacto Histórico, Gloria Elena Arizabaleta— se fundamenta en un demoledor audio revelado por la periodista Vicky Dávila. En la grabación, atribuida a “Pipe Tuluá”, el capo lanza un dardo directo al entorno más íntimo del presidente: su hermano mayor, Juan Fernando Petro.
“Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos”, se escucha en el audio. El delincuente va más allá y asegura poseer videos, audios y soportes de consignaciones que probarían el ingreso de altas sumas de dinero no solo a la campaña presidencial, sino también para aceitar engranajes corruptos dentro de la DIAN. Según el capo, este material ya estaría en camino a manos de la justicia norteamericana.
La respuesta de la Casa de Nariño ha mantenido el guion habitual. En declaraciones a Caracol Radio, el presidente Petro desestimó las acusaciones argumentando que confrontó directamente a su hermano: “Yo hablé con él y eso no existe… Si alguien cometió un error, que lo pague. No me hago elegir por asesinos”. Sin embargo, en el tablero político, el control de daños es cada vez más difícil de sostener.
Un rompecabezas de dineros bajo la lupa
El caso de “Pipe Tuluá” no es un hecho aislado; se suma a un acumulado de frentes abiertos que debilitan la narrativa de transparencia del Ejecutivo:
Los 500 millones de «Papá Pitufo»: El Gobierno aún no logra documentar la supuesta devolución de 500 millones de pesos en efectivo que habrían llegado a la campaña por parte del contrabandista Diego Marín Buitrago. El petrismo afirma que el dinero se rechazó al conocerse su origen, pero las pruebas físicas de esa transacción siguen sin aparecer.
El factor Ricardo Roa: El actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial, enfrenta investigaciones penales y disciplinarias por presunta omisión de reportes y violación de los topes electorales permitidos por la ley.
El juicio de Nicolás Petro: El proceso contra el hijo mayor del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito sigue su curso. Aunque Nicolás Petro sostiene que los dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra (el «Hombre Marlboro») se quedaron en sus bolsillos y no entraron a las cuentas oficiales, el daño reputacional al proyecto político del padre ya es irreversible.
El reto de la Comisión
La Comisión de Acusación, históricamente señalada por su lentitud y por operar como un «comité de aplausos» presidencial, tiene ahora un plazo inicial de seis meses para determinar si los señalamientos de Marín constituyen un delito penal o una falta disciplinaria bajo el artículo 396 A del Código Penal (financiación de campañas con fuentes prohibidas).
Para Gustavo Petro, el desafío ya no es solo jurídico, sino de supervivencia política. Mientras el mandatario insiste en su inocencia y en el desconocimiento total de estos movimientos, los expedientes se acumulan. La recta final de su gobierno se jugará en los estrados, bajo la sombra de una campaña de 2022 que, lejos de cerrarse, se sigue abriendo por las costuras más oscuras del país.





